Intereses poderosos en el
proyecto hidroeléctrico del Río San Pablo: Las Cruces, San Bartolo y La
Laguna. También el de Barro Blanco
Campesinos e indígenas del área del Río
San Pablo en la provincia de Veraguas, luchan actualmente contra los
intereses económicos y políticos representados por la empresa
Corporación de Energía del Istmo Ltd, S.A., la cual quiere apropiarse
del Río San Pablo para hacer dos (2) hidroeléctricas, Las Cruces y San
Bartolo, sin importarle las consecuencias en contra de los pobladores.
Esto ha sido una práctica histórica de los grupos de poder económico y
político, quienes tratan de arrebatarle al pueblo cualquier recurso
natural con los cuales ellos puedan seguir aumentando sus riquezas.
Esta empresa también tuvo la concesión del proyecto hidroeléctrico de
Barro Blanco, en la Comarca Ngabe Buglé, y la lucha indígena continúa
para que no le roben sus recursos naturales. Se añade el proyecto la
Laguna, de la Familia Martinelli, también en el Río San Pablo.
Se trata de tres (3) proyectos
interrelacionados, y que, una vez más, ponen al descubierto los lazos de
la mafiocracia. Como ya ha sido denunciado: “El país está atrapado
por la avaricia desenfrenada de grupos de poder económico y político.
Esto no es nuevo en nuestra república, existiendo desde antes de la
separación de Colombia, pero el acceso a la información y el aumento de
la conciencia de los pueblos de sus derechos, han hecho que esto sea
cada vez más evidente. La desvergüenza de quienes dirigen el Estado
también se hace cada vez más patente. Pareciera que poco les importa que
el pueblo se entere de que mienten, que violan los derechos ciudadanos,
que roban, que se apropian de bienes públicos, que caminan según
convenga a sus intereses particulares y de pequeños grupos, en fin; nada
les importa más que acrecentar su enriquecimiento. Confían en que el
pueblo olvidará sus atropellos para las siguientes elecciones, a través
de la compra de conciencias. Esta conducta, sumada a otras, conforma lo
que llamamos LA MAFIOCRACIA; la asociación de personas en
pequeños grupos de poder económico y político, con absoluta
desverguenza, aprovechándose de un falso discurso de democracia, para
robarle las esperanzas a un pueblo.”
El caso de Financial Pacific, en
el que se ha vinculado directamente al Presidente Ricardo Martinelli en
el uso de información privilegiada para manipular el mercado accionario
en la minería, también esta relacionado a los proyectos
hidroeléctricos. La principal encausada en el caso, Mayte Pellegrini,
habló de la existencia de una cuenta secreta del Presidente Martinelli
para la manipulación de acciones de Petaquilla. Esto no solo involucra
al proyecto de oro del grupo cuya cabeza visible es Richard Fifer, sino
también al proyecto de cobre, oro, plata y moligdeno de Minera
Panamá-Inmet Mining Corporation, los cuales se ubican en Petaquilla. No
debemos olvidar que la ley minera, aquella que produjo la muerte de
Jerónimo Rodriguez Tugrí y Mauricio Méndez, la promovió el grupo de
Martinelli, para permitirle que el gobierno de Korea financiara la
empresa Inmet-Minera Panamá, ya que la ley prohibía la participación de
gobiernos extranjeros en la propiedad de estos recursos naturales. Con
pleno conocimiento, los diputados, de gobierno y de la supuesta
oposición, derogaron la ley 8 y dejaron en un limbo jurídico la
actividad minera. Esto no fue casual. Con ello se le permitió a
Inmet-Minera Panamá, llegar al acuerdo con el gobierno de Korea para el
financiamiento del proyecto. El presidente Martinelli y su grupo eran
concientes de esto, por lo que la posible manipulación de las acciones
de Inmet-Minera Panamá, también toca al caso Financial Pacific.
Sólo después que Inmet-Minera Panamá y el gobierno de Korea sellaron el
trato, fue que el gobierno de Martinelli y los diputados “se enteraron”
que la actividad había quedado en el limbo y debía ser aprobarse una ley
al respecto.
Pero, los proyectos hidroeléctricos en
las áreas de la Comarca y áreas adyacentes, también se incluyeron en la
ley 8, los que también son sujetos de posibles manipulaciones de
acciones, compra y venta de concesiones y artimañas similares, cuando se
tiene información privilegiada. Las concesiones hidroeléctricas ha sido
el ejemplo más patético de especulación. Se le otorgan concesiones a
un grupo económico con lazos políticos en el gobierno de turno, que
después son negociadas con los que desarrollarían el proyecto. Ganan
dinero con los recursos del pueblo, tan solo por sus influencias
políticas que les permiten obtener las concesiones, aún cuando no tienen
capacidad tecnica-financiera para desarrollarlos. Recordemos al
Ministro Ubaldino Real, cuando Martín Torrijos estaba en el poder, quien
dijo que “era un hombre con suerte”, porque había comprado una
concesión hidroeléctrica en 50,000 balboas y después valía 5 millones. A
escasos meses de tomar posesión el gobierno del PRD de Martin Torrijos,
en julio de 2005, Arturo Roberto Algandona González, Alex Ricardo
Algandona González, Raúl Vasquez de León y Marco A. Rodriguez Beckert,
registraron 12 empresas para desarrollar proyectos hidroeléctricos. Las
concesiones obtenidas por este grupo de personas han sido negociadas
con empresas con capacidad para financiarlas. Así ocurrió también con
las concesiones mineras.
La llamada Coordinadora Indígena que
negoció la ley con el gobierno estuvo controlada por sectores del PRD y
el mal llamado Partido Popular (Ausencio Palacios y Alberto Montezuma
del PRD y Rogelio Montezuma, activista de Irene Gallego, del Partido
Popular). La Cacica Silvia Carrera, electa con las reglas del Tribunal
Electoral, ley cambiada por Martinelli para controlar la dirigencia
indígena, quedó atrapada, conscientemente, por estas fuerzas políticas,
pensando que con ello el gobierno la reconocería en el cargo. Por ello
la Ley 11, que surgió de estas negociaciones, significó una traición al
pueblo Ngabe Buglé, el cual luchó en las calles y derramó su sangre para
que no hubieran proyectos mineros y tampoco hidroeléctricas en la
Comarca. Luchó para impedir que los grupos económicos y políticos
poderosos, en asocio con el capital extranjero, se apropiaran de sus
recursos naturales.
El caso más sensible es el de Barro
Blanco, pero también están los del área indígena de Bocas del Toro, el
de Tabasará y los de San Bartolo, Las Cruces y Caño Clarito, a los
cuales la representación indígena que negoció, no les dio la debida
importancia. Lo que hoy vive el pueblo indígena y campesino en estos
proyectos, es responsabilidad de los negociadores indígenas, controlados
por el PRD, quienes estando en el poder, habían otorgado una gran
cantidad de concesiones hidroeléctricas, con el solo interés de lucrar a
costa de los intereses de los sectores populares. El llanto de la
cacica Silvia Carrera, señalando, ahora, que el gobierno no ha cumplido
el acuerdo firmado, le fue advertido por el Presidente del Congreso
General Tradicional, Celio Guerra, a quien no se le permitió participar
en la Asamblea porque sabían que no aceptaría semejantes patrañas. Se le
advirtió que el gobierno no llegaría a ningún acuerdo en la Asamblea,
que le fuera contrario a los intereses de los grupos metidos en las
hidroeléctricas. Que el movimiento se estaba desgastando por el
alargamiento del supuesto diálogo. No hizo caso. Contrariamente, los
llamados “asesores” dijeron que alargar la negociación era favorable a
los intereses de los indígenas. Los diputados Irene Gallego (PP) y
Crecencia Prado (PRD) participaban en las reuniones con los
negociadores indígenas, como si fueran otros miembros más. Los
resultados ya se conocen. Ahora, es el pueblo indígena y campesino el
que, nuevamente, debe luchar para impedir estos proyectos, sin importar
los acuerdos que firmaron los dirigentes vendidos a los intereses de los
partidos políticos tradicionales y a los grupos de poder económico.
En el proyecto del Tabasará se
identifica a Gabriel Btesh y Felipe Virzi, miembros del PRD y a quienes
se le vinculó a la venta fraudulenta del terreno de Paitilla. Son
socios de Ricardo Martinelli. Se ha señalado que el proyecto se ubica
en tierras de propiedad de David Martinelli. Betsh, junto a Alberto
Eskhenazy, Moisés Levy, Henry Misrachi y Ricardo Chanis, lideraron la
compra de los periódicos de EPASA, y el presidente Martinelli no niega
su participación en el negocio. En el 2009 nombró a Ricardo Chanis
miembro principal de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros. También
la empresa que administra, Traffic Safety, adquirió el contrato para el
diseño, suministro y operación de nuevas cámaras de vigilancia. Ricardo
Martinelli Linares, hijo del presidente, tiene negocios con Ricardo
Chanis y los hermanos Corcione Pérez Balladares, y con quienes el propio
presidente ha hecho negocios.
Al colombiano Josue Levy Levy, pariente
de Ori Zbeda, Edih Zbeda de Rand y de Ana Dora Levy de Zbeda, se le
concesionaron 5 proyectos en la provincia de Chiriquí, en los rios
Caldera, Chorcha y Gariché. Tiene 17 empresas vinculadas a potenciales
proyectos hidroeléctricos, junto a su hermano Ruben Levy Levy y sus
parientes Ori Zbeda y Edih Zbeda de Rand. En la empresa Piccadilly
Center, S.A. se encuentran los hermanos Ruben, Simón y Jossue Levy Levy,
junto a Gregory J. Rand, Edith Zbeda de Rand, y a quienes se les ha
identificado como los accionistas de Financial Pacific, Ori Sasson Zbeda Levy, Ana Dora Levy de Zbeda y Matityahu Zbeda.
También medios locales dieron cuenta de
la querella criminal contra los accionistas de la empresa de la Zona
Libre de Colón, Ori Internacional, Matityahu Zbeda, Gregorio J. Rand,
Ana Dora Levy de Zbeda, Ori Sasson Zbeda Levy, Ruben Levy Levy, Josue
Levy y Edith Zbeda de Rand, “por presuntos delitos de apropiación
indebida y estafa”. Los mismos de Financial Pacific.
Claramente que la especulación en los
proyectos hidroeléctricos también toca al caso de Financial Pacific. Ori
Sasson Zbeda Levy es miembro de la junta directiva de Pride Energy Co.,
Inc., Hidroecológica Narices, S.A., Energía Limpia, S.A. y de
Hidroecológica Santa Fé, S.A. La abogada de Josue Levy Levy, Neslin Arce
Mendizábal, es la hija del diputado del PRD de la provincia de
Chiriquí, Denis Arce Morales, ferviente defensor de los proyectos
hidroeléctricos. Estuvo en negocios directos con Levy por la venta de su
emisora chiricana, Stereo Horizonte, S.A. La empresa de Levy
involucrada en el negocio, Mujer 680 AM, S.A. es representada por la
hija de Arce. Arce Mendizábal fue Cónsul de Panamá en Italia cuando el
gobierno de Pérez Balladares. Su socia Carmen Arias, fundadora de la
firma Arias & Arce, fue asesora legal del Consulado de Panamá en
Venecia (1994-1997), aunque también reconoce que durante 1994-1995 fue
consejera legal del 1er Vicepresidente de la Asamblea Nacional,
controlada entonces por el PRD. Estuvo nombrada en Venecia y Panamá, en
los mismos años, pagada con los impuestos del pueblo panameño. Denis
Arce hizo lobby en las discusiones sobre el tema minero y de
hidroeléctricas, desde el primer día que iniciaron las conversaciones
con la representación indígena. Su enlace con el grupo indígena que
negociaba era su copartidario Ausencio Palacios, exgobernador durante el
gobierno de Martín Torrijos. El resultado de esas negociaciones fue
nefasto, traicionándose la lucha del pueblo Gnabe Buglé, y explica el
que todavía se mantengan los abusos de estos grupos económicos
poderosos, contra los campesinos e indígenas que luchan contra los
proyectos mineros e hidroeléctricos.
Los hermanos Levy Levy han sido personas
de mucha “suerte”, similar a la del ex ministro Ubaldino Real, durante
el gobierno de Martín Torrijos. Durante el gobierno de Mireya Moscoso y
a través del administrador de las áreas revertidas, Alfredo Arias,
adquirieron una parcela de tierra sin licitación, mediante compra
directa, a través de la empresa Crisalidad Internacional, S.A.
INTERESES EN LOS PROYECTOS DE BARRO BLANCO, SAN BARTOLO, LAS CRUCES Y LA LAGUNA.
La Corporación de Energía del Istmo Ltd,
S.A. recibió la concesión de los proyectos hidroeléctricos de Barro
Blanco, ubicado en la Comarca Gnabe Buglé, Las Cruces y San Bartolo,
donde también se ubican comunidades indígenas y campesinas.
Posteriormente, Barro Blanco apareció en posesión de Generadora del
Istmo, S.A. (Genisa), sin que se excluya la participación de los
concesionarios originales. Directamente aparece relacionada la familia
Kaffie de Honduras, de LK Co. (Luis Kafie y Cia), quienes llevan a cabo
el proyecto Hidroeléctrico San Martín en la comunidad del mismo nombre,
departamento de Olancho, Honduras. Se menciona también la presencia de
la Familia Facussé, Carlos Roberto y Miguel, este último condecorado por
el gobierno colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, y
que actualmente monopoliza el negocio de la palma aceitera, con el
consecuente despojo de tierras a campesinos e indígenas, que esta
actividad representa. Esto también es un aspecto en común con Daza
Pretelt.
A la Corporación de Energía del Istmo,
S.A. se vinculan Eduardo Jaén Limnio, Javier José Daza Pretelt y Rolando
Cuevas La Vera y Rolando Cuevas Silva. Roberto Cuevas La Vera, como
miembro de la Cámara Minera de Panamá es un gran defensor de la minería.
Jaén Limnio fue designado por el Presidente Martinelli como Director de
la Autoridad de Innovación Gubernamental. Está casado con Aracelly
Maria Roy, hermana de Roberto Roy, actualmente director del proyecto del
Metro, y quien mantiene diferentes negocios con el mandatario
panameño. Los vinculos de Jaén Limnio y Daza también se encuentran en
la empresa Petropropiedades del Istmo, S.A. a través de su hijo, Eduardo
Jaén Roy, empresa creada en el 2006.
Después que Ricardo Martinelli gana
las elecciones en el 2009, Jaén Limnio deja de aparecer en la Junta
Directiva de La Corporación de Energía del Istmo Ltd, S.A. sin que ello
signifique que no mantenga sus intereses en la empresa. Ya sabía que
ocuparía un cargo en el nuevo gobierno. También sale Daza Pretelt y se
nombra a Diego Fernando Daza Gallegos como Presidente de la empresa,
junto a Joaquin García Rico, Rolando Cuevas Silva y Pendro E.Colmenares
Garelli. En el 2010 todos ellos renuncian y se nombra a Nevin Bhakta
Director-Presidente-Secretario, Hitendra Mohan Director-Sub-secretario, y
Concepción Dominguez Directora-Tesorera. Mohan es socio de Bhakta en
otros negocios. Queda la interrogante de si los intereses de Daza
Pretelt y Daza Gallegos, así como los de Jaén Linmio, se mantienen o fue
una venta de la empresa. Se designó entonces a Icaza, Gonzalez, Ruiz y
Almán, como agente recidente. En enero de 2013 se incorporó a la empresa
a David John Hart como Director-Tesorero. La firma Arias, Abrego, López
y Noriega es quien registra el acta. Navin Bhakta, un indostan con
varias empresas en la Zona Libre de Colón y Panamá, miembro del Comité
Ejecutivo de la ZLC, fue nombrado por el presidente Martinelli, miembro
del Consejo de Relaciones Exteriores. Quien obstenta este cargo asume el
rango de Embajador: “El Alcalde del Distrito de Colón, Dámaso García
recibió recientemente la visita de cortesía de su excelencia Navin
Bhakta, Embajador del Consejo de Relaciones Exteriores de Panamá”. Son
cargos de utilidad para hacer negocios. Fuera una venta real o
simplemente la incorporación de nuevos socios, los Daza y Jaén Limnio
obtienen beneficios económicos. Esto es parte del negocio especulativo
de las hidroeléctricas. Bhakta también se encuentra en el recién creado Banco Panamá,
junto a Guillermo Quijano, el socio de Francisco Linares, el pariente
de la esposa del Presidente Martinelli, Ricardo Del Valle Paredes,
Rogelio Miró (primo de Perez Balladares), Victor Dayán, Luis Varela
Rodríguez, Mario y Guido Martinelli, Jaime Mizrachi, Ricardo De la
Espriella, entre otros.
Eduardo Jaén Limnio es socio del Mayor
Alfredo Alemán en la empresa GLP Fashion Corp, a quién el gobierno de
Ernesto Pérez Balladares le entregara los terrenos de la Terminal de
Albrook por una insignificante suma. Actualmente dirige la Terminal el
ex mayor de las fuerzas de defensa Humberto Macea, encargado de ejecutar
el aumento del uso de la Terminal a los usuarios. Los hermanos Jaén
Limnio son socios de el ex ministro de Pérez Balladares y miembro del
PRD, Olmedo Miranda en Cable TV Panamá, S.A., y con y Marisa Arias
Thayer en C T y Redes & Telecomunicaciones, fundada en el 2004 con
un millón de dólares de capital. Marisa es esposa de Pablo Thayer,
pariente de Roosevelt Thayer, el amigo del Presidente Pérez Balladares y
quien ayudara al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César
Pereira Burgos, a cubrir un cheque sin fondo que girara a su propio
nombre. Los Jaén Limnio también son socios de Aaron Mizrachi en Brickell
Plaza, S.A., Topkapi Financial, S.A., entre otras. Roberto Ramón Roy
también es miembro de la Junta Directiva de la empresa National
Investment And Holding Corp., constituida en 1995, con el gobierno de
Pérez Balladares. Lo acompañan Olmedo Miranda, Mario Barletta, Julio
Cesar Benedetti (el minero), Eduardo Jaén Limnio, Rafael Bárcenas,
Ricardo Martinelli, Virgilio Sosa y Dense Porcell. La mafiocracia no
tiene partido político.
Javier José Daza Pretelt, el otro socio
de Jaén Limnio en los proyectos hidroeléctricos, es un colombiano al que
la fiscalía de Colombia llamó a juicio por los delitos de
“desplazamiento forzado en concurso con invasión de áreas de especial
importancia ecológica y concierto para delinquir agravado”, el desalojo
de la población de las tierras en Chocó. Entre los otros llamados a
juicio estuvo Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, ex
cabecilla de las fuerzas paramilitares que organizó el gobierno
colombiano. En mayo de 2010, la fiscalía dio órdenes de captura, según
trascendió. Los hechos señalan que en 1997 grupos paramilitares
obligaron al desalojo de la población “de las cuencas de los ríos
Cacarica, Salaquí y Truandó, del municipio de Riosucio, y también en las
cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó”, en el mismo ocasionando
el desplazamiento forzado de la población. La investigación abarcó la
apropiación de tierras por parte de empresas para desarrollar la palma
aceitera y la ganadería extensiva, entre las que se encontraba Daza
Pretelt. En abril de 2010, pocos días de la barbarie policiaca en San
Félix y áreas aledañas, la empresa de Jaén Limnio y Daza Pretelt
anunciaron la construcción de la planta de San Bartolo que realizaría la
española TSK a un costo de 35 millones de dólares. En estos proyectos
también se señala a la familia Martinelli como socios de los proyectos, a
través de la propiedad de la tierra donde se ubican, por medio la
Inmobiliaria Río San Pablo. En esta última empresa aparecen Mario
Enrique Martinelli Berrocal, Inonne Matute de Martinelli y Tomás
Martinelli, quien se encuentra en la empresa Reforestadora Cañazas,
propietaria de la concesión del proyecto hidroeléctrico La Laguna,
también en el Río San Pablo. Este grupo, en el que ahora aparece Nevin
Bhakta, Hitendra Mohan, Concepción Dominguez y David John Hart, junto a
firmas de abogados poderosas, son los que controlan los proyectos de San
Bartolo y Las Cruces, en el Río San Pablo. Se trata de una conducta
rapaz de los grupos en el poder para apropiarse de todo lo que le sea
posible, y dispuestos a hacer hasta lo imposible por acrecentar sus
riquezas. En julio de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial la concesión
de 141 hectáreas para la extracción de oro en el distrito de Cañazas,
área de influencia de los proyectos hidroeléctricos en el río San
Pablo. El presidente-director de la empresa es Antonio Bonilla Ruiz, de
quien se dice es estadounidense, el vicepresidente-secretario-director
es Navin Bhakta, y se añade Juvenal Monteza como
Sub-secretario-director. Juvenal Monteza trabajó desde el gobierno de
Guillermo Endara en el departamento de comercio exterior del Ministerio
de Comercio e Industria. Cuando el gobierno de Mireya Moscoso, Juvenal
Monteza todavía era director nacional de Servicios al Comercio Exterior
del Ministerio de Comercio e Industria. En representación del gobierno
viajó a Taiwan. En 2004 tres (3) funcionarios de comercio exterior del
MICI fueron acusados de tráfico ilegal de personas. Juvenal Monteza fue
uno de ellos y fue separado del cargo. Un periódico de la localidad
difundió que “La oficina de Migración informó que se pudo determinar que
por lo menos existen seis casos sobre solicitud de visas a ciudadanos
de China continental que se tramitaron con la documentación, sellos y
firmas de los funcionarios de Comercio Exterior que están bajo
investigación”. Desconocemos cuál fue el resultado de la investigación.
Claramente que los proyectos aquí
analizados están interrelacionados, con gente directamente vinculada al
actual gobierno y a la familia Martinelli.
Javier Daza, este oscuro personaje,
también ha mantenido vínculos con Ricardo Martinelli. En la empresa
Recursos Hidroeléctricos, S.A., creada en el 2007, aparece como
Presidente Ulises Dioger Gonzalez, un empleado de Martinelli. También
Eduardo Vallarino Arjona, el célebre indivíduo de la hidroeléctrica Los
Estrechos, en el Río Cobre, así como Rolando Cuevas, Ernesto Richa,
Carlos Manuel Quintero, Luis Arrieta de la Guardia, y Maribel Gamillo,
como directores.
Hidroeléctrica La Laguna del Río San Pablo
El 5 de septiembre de 2012, pobladores
campesinos e indígenas, aglutinados en la Unión Indígena Camapesina
(UIC), le impidieron el paso a equipos que se aprestaban a desarrollar
trabajos en el proyecto hidroeléctrico La Laguna en el Río San Pablo, en
la Provincia de Veraguas. Se trata de un proyecto de interés de la
familia Martinelli, y directamente relacionado al presidente Ricardo
Martinelli. Los equipos eran de la empresa MAPINTEC GEOTECHNOLOGIES
INC., de propiedad del minero Zorel Morales, director ejecutivo de la
Cámara Minera. Ha sido muy clara la política complaciente y de
complicidad del gobierno de Ricardo Martinelli con los mineros, con la
intensión de desarrollar proyectos en la Comarca Ngabe Buglé, y los
proyectos mineros de Cañazas y Remance, en Veraguas, Cerro Quema en
Azuero, y Petaquilla y el proyecto de Cobre de Minera Panamá-, en
Colón-Coclé, todos ellos relacionados a un grupo de empresarios cuya
caras visibles son Richar Fifer, Xorel Morales, Julio Benedetti, cuevas y
otros. Los vínculos incluyen a todos los gobiernos desde la concesiones
otorgadas por el gobierno post invasión de Guillermo Endara, Guillermo
Ford y Ricardo Arias Calderón, hasta la actualidad. Mario Jaramillo, el
actual Embajador de Panamá en Washington, casado con una hermana de
Fifer, antes de entrar al gobierno de Martinelli era ejecutivo de la
mina petaquilla.
El proyecto hidroeléctrico La Laguna es
propiedad de Reforestadota Cañazas, S.A., donde aparecen Ulises Dioger
González, como presidente, tesorero y director, Ivan Alexis Gaitán,
secretario, y Tomás Martinelli como director y agente residente. Ulises
Gonzáles es el presidente de la sociedad de Ricardo Martinelli, CD,
S.A.,Tomás Martinelli es el Tesorero y Alma Cortés, la Ministra de
Trabajo y abogada de las empresas de Martinelli, es la secretaria. La
empresa fue creada para recolectar fondos para la campaña presidencial.
En su momento se mencionó que esta empresa había recibido donaciones de
David Murcia, el encausado por el caso DMG y la estafa de pirámide, a
través del actual Administrador de la Autoridad de Aseo, Enrique Ho, y
Ernesto Chong Coronado. Todos saben que el Partido Cambio Democrático,
fue creado por Martinelli, sus empleados y gente más allegada. El
siempre ha sido el dueño del Partido.
La familia Martinelli tiene empresas de
arroz en Tolé, Tabasará y Cañazas, en las cuales aparece Tomás
Martinelli. Ulises González y Alexis Gaitán representan los intereses
de Martinelli, y se les identifica como sus “empleados”; Reforestadora
Ricamar, Recursos Hidroeléctricos, Recuperación de Cobros,
Hidroeléctrica Arkansas, Ases, 99, Compañía de Seguridad Super 99, todas
ellas del grupo Martinelli. En estas empresas, Ulises González y
Alexis Gaitán se relacionan con otros empleados de las empresas de
Martinelli, lo cual, al parecer, es una práctica de este grupo, que
aquellos de su confianza, sirvan de testaferros de Martinelli.
Veamos algunos ejemplos. Carlos Effio
trabaja para Importadora Ricamar, S.A., y Rigoberto Effio fue nombrado
Gerente General de la Empresa Nacional de Autopista (ENA). Sonia
Luzcando fue nombrada como directora del IFARHU y Marisín Luzcando se
encargó de SERTV, canal 11. Son cuñadas. Marisín es hija y Sonia es
nuera de Delia Ruiz de Luzcando, quien, se afirma, ha sido mano derecha
de Martinelli durante los últimos 30 años. Roberto Luzcando Ruiz, su
hijo, es vicepresidente de Compras del Super 99. Roberto también aparece
como director en otras empresas de la familia del Presidente:
Inversiones Grouper, S.A., Panasal, S.A. y UBR Games Services, S.A.
Delia es la gerente general de Importadora Ricamar. Julio Abrego,
designado director del Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP),
trabajó por más de 20 años en Importadora Ricamar como jefe de depósito.
Cuando se le preguntó al respecto Abrego contestó: “Ýo tengo 25 años
de trabajar en Importadora Ricamar. He desempeñado varios puestos,
entre ellos el de jefe de depósito. Pero déjeme decirle también soy
ingeniero agrónomo zootecnista. Me gradué en la Universidad de Panamá”.
El exmilitar de la época de Noriega, Jaime Trujillo, y gerente de
seguridad de Importadora Ricamar, S.A., fue nombrado en el Consejo de
Seguridad. María Cristina González, quien fuera hasta hace poco
Directora del Servicio de Migración y Naturalización, miembro, además
del Partido de Martinelli, es hija de uno de sus contadores. Su jefe de
contabilidad, Gioconda de Bianchini fue nombrada Contralora General.
Frank De Lima, el actual Ministro del MEF, era su empleado. Ulises
Dioger González, el representante de Ricardo Martinelli en el proyecto
La Laguna en el Río San Pablo, se encuentra en la empresa Final
Interactive Network Intl, junto a Salomón Shamah y Carlos Effio, el
gerente de compras de Importadora Ricamar y Mega Depot. Effio y González
representan los intereses de Ricardo Martinelli. Se trata de una
avaricia desenfrenada. Es la causa común que los reúne.
Inversiones Grouper, S.A., aglutina al
presidente Ricardo Martinelli y sus hermanos Irma Lorena y Mario
Enrique, además de su esposa Marta Linares y sus empleados Delia Ruíz de
Luzcando y Roberto Luzcando Ruíz, hijo de Delia. Se añade el familiar
de la esposa del presidente, Roberto Brin.
Ivan Alexis Gaitán, otro de los que
aparecen en la empresa Reforestadora Cañazas del proyecto La Laguna en
el Río San Pablo, es también director de Ases 99, S.A., Recuperación de
Cobros, S.A., Easy Clean, S.A. y Transportes Rubí Rojo, S.A:, junto a
Ulises Dioger González y Tomás Martinelli. Ulises González también
aparece en la empresa Plazas Brisas del Golf, S.A., creada para un
proyecto inmobiliario por el Presidente Ricardo Martinelli y Analida
Martinelli, en Musha Cay Development, S.A. junto a la hermana del
Presidente, Irma Martinelli Berrocal y Tomás Mrtinelli, en Distribuidora
Cativé, S.A., con Mario Martinelli Berrocal y Luis Alberto Abrego
Núñez, Sub secretario de Organización de Cambio Democrático y candidato
por el circuito 9-2 de Santiago, en Constructora Mar del Norte, S.A.,
con Roberto Luzcando Ruíz, Mario Martinelli B., y Roberto Brin, el
pariente de la esposa del presidente. Brin se asocia con Irving y Gerald
Halman del grupo HOPSA y Jaime De Lima, en la empresa Servicios
Aliados, S.A. Los parientes de la primera dama, Roberto Brin y Francisco
Linares Brin, forman parte del equipo de trabajo del actual gobierno.
Francisco Linares está asociado con Guillermo Quijano, Ricardo Durán,
Raúl Orillac, Fernando Cardoze Fábrega de la firma de abogados, Arias,
Fábrega y Fábrega, en el grupo UNESA (Unión Nacional de Empresas,
S.A.). Quijano, por muchos años miembro de la Junta Directiva de la
Autoridad del Canal de Panamá, junto a Roberto Roy, es del Partido
Molirena.
Los grupos campesinos e indígenas, se
ven enfrentados a estos grupos de poder económico y político, quienes
siempre han hecho uso del poder del estado para acrecentar su riquezas y
apropiarse de todo recurso natural que le puedan sacar ganancias, así
tengan que asesinar a humildes ciudadanos. Es esta la lucha que libra
el noble pueblo indígena y campesino de Veraguas, en los proyectos
hidroeléctricos que se quieren hacer en el Río San Pablo, Las Cruces,
San Bartolo y La Laguna; sin que olvidemos la lucha de Barro Blanco.
El 2013 es un año preelectoral. La partidocracia comienza atiborrar de
propaganda los diversos espacios. A finales del año pasado los
representantes y diputados de gobierno competían por convertirse en
‘Santa’ con los recursos del pueblo, acción que tacha de irrespetuosa
hacia las verdaderas y permanentes necesidades del pueblo. 
