18/11/14

Panamá: En un país que se hunde en la corrupción, el Día de la Independencia se transforma en el “Black Friday”

No hay duda que la corrupción se ha extendido por toda la sociedad y la verdad es que esta tiene sus raíces desde el origen mismo de la separación de Panamá de Colombia y antes. 
 
Este año, el viernes 28 de noviembre, Día de nuestra Independencia de España, se ha declarado día puente, es decir se laborará normalmente y el asueto se trasladará para el lunes 1º de diciembre.

La razón de esta medida es afianzar en Panamá una tradición de Estados Unidos cuando el viernes después del Día de Acción de Gracias, se da inicio en el comercio a las ofertas navideñas, el “Black Friday”.
Aquí, en el Día de Acción de Gracias, la Embajada de Estados Unidos reúne en su sede, para devorar pavos, a los empresarios, autoridades y políticos corruptos de todos los partidos y las figuras de “sociedad civil” financiadas con sus programas.

Con el “Black Friday” lo que se pretende es que panameños y turistas abarroten los mall y centros comerciales como parte de ese consumismo desenfrenado que se fomenta a través de los medios de comunicación social.

Pero, lo más grave de todo, es que esta decisión del Gobierno elitista de Varela, controlado por los Motta, González Revilla, Eisenmann, Galindo, Arias y el resto de los 105 ultra millonarios, es seguir debilitando los sentimientos patrióticos de nuestro pueblo y vulnerando nuestra identidad nacional.

No hay duda que la corrupción se ha extendido por toda la sociedad y la verdad es que esta tiene sus raíces desde el origen mismo de la separación de Panamá de Colombia y antes.

Son muchos los hechos, desde los sobornos de las Compañías del Canal y del Ferrocarril de Panamá al hijo del Presidente colombiano José Manuel Marroquín para nombrar como Gobernador en el Istmo a José Domingo de Obaldía al que se le atribuye la siguiente frase: «No me importa ser súbdito de Colombia, de los Estados Unidos, de China, con tal de que mis novillos se vendan bien»; pasando por el tratado firmado en el buque de guerra norteamericano Winsconsin, en el cual se puso fin a la Guerra de los Mil Días, pero donde también la oligarquía selló la traición y fusilamiento posterior del líder de la cholada coclesana, Victoriano Lorenzo.

El sentimiento emancipador panameño, fue aprovechado por los empleados de la Compañía de Ferrocarril, entre ellos, Manuel Amador Guerrero y José Agustín Arango, cuando luego de la negativa de Colombia de aprobar el Tratado Herrán-Hay, recibieron de los franceses 100 mil dólares para financiar la separación con el compromiso de nombrar a Phillipe Bunau-Varilla, ministro plenipotenciario ante Washington.

Lo que siguió fue humillante.  No hubo ningún acto de heroicidad.  “En Nueva York, en octubre de 1903, Bunau-Varilla entregó a Amador Guerrero, 1) un Código para asegurar nuestras comunicaciones secretas; 2) una proclamación de Independencia; 3) un proyecto de Constitución; 4) un plan de operaciones militares, y 5) en fin, una bandera. No faltaba a la verdad Bunau-Varilla cuando afirmó que el Room 1162 del Waldorf Astoria fue la cuna de la nueva República.” (Informe al País, Grupo Illueca)

“El 3 de noviembre de 1903 fue conformada la Junta de Gobierno de la República de Panamá, entre cuyos miembros estaba Manuel Amador Guerrero (un colombiano que luego fue el primer presidente de la República). Al día siguiente Amador Guerrero arengaba a los soldados del batallón Colombia en la entrega del precio de su venta: «Soldados, hemos llevado al cabo por fin nuestra espléndida obra. Nuestro heroísmo es el asombro del mundo. Ayer no éramos más que esclavos de Colombia. Hoy somos libres (…) El Presidente Roosevelt merece bien de nosotros, pues ¿no están allí, como sabéis, los cruceros que nos defienden e impiden toda acción por parte de Colombia? Hombres libres de Panamá, yo os saludo. ¡Viva la nueva República! ¡Viva el Presidente Roosevelt! ¡Viva el Gobierno de los Estados Unidos!» En seguida, el general Huertas dirigió una proclama a sus soldados en respuesta al futuro presidente: «Soldados, gracias a los esfuerzos del Sr. Amador y míos se ha obtenido que los Estados Unidos recompensasen vuestros afanes. El dinero que nos negó el Gobierno de Bogotá, hélo allí en la Tesorería (…) Tenemos dinero. Somos libres. Los cruceros que hay aquí disipan todo temor. Colombia puede pelear con los débiles, pero en presencia de los Estados Unidos se mete el rabo entre las piernas (…) No temáis. Somos libres. Colombia está muerta. ¡Viva Panamá independiente! ¡Viva el Dr. Amador! ¡Viva el Gobierno americano!» Veinte años después, el general Huertas se lamenta en sus memorias de aquellos acontecimientos con estas dramáticas palabras: «De dueños, pasamos a arrendatarios; de libres, al servilismo, y después de deshacernos de Colombia, llegamos a ser los siervos de los sajones y seremos parias en nuestra propia tierra». (José Fernando Ocampo)
El 6 de noviembre, en Colón, se proclamó formalmente la República de Panamá.  Le correspondió el honor de izar la bandera al Mayor del Ejército de Estados Unidos, William Murray Black, a los gritos de “¡Viva la República!, ¡Vivan los americanos!”

Las familias de los integrantes de la Junta Provisional de Gobierno y sus socios (empresarios, comerciantes y usureros), a los que llaman “próceres”, fundaron posteriormente en 1909 el Club Unión, hoy el bastión de los 105 ultramillonarios de Panamá.

Por eso decimos que la corrupción es un mal endémico de esa clase dominante y a través de los partidos, instituciones y medios de comunicación se ha diseminado en amplios sectores de la sociedad.
Para ellos es más importante el “Blak Friday” que el 193 aniversario de Día nuestra Independencia de España.  Y los medios cínicamente se asombran que muchos panameños se olviden de las notas de nuestro himno o del significado de las fechas, en ese periodismo amarillista y chabacano que nos presentan.
Para ellos el 10 de noviembre (Primer Grito de Independencia, que intentaron también convertir en día puente) y el 28 de noviembre no tienen mayor significado.  A pesar de que, como relató Federico Britton, en el Prólogo a la obra del historiador panameño, Hebert George Nelson Austin, “Victoriano Lorenzo en la Historia de Panamá”:

“Al ir recuperando la memoria histórica de nuestro pueblo descubrimos la mentira -mil veces repetida por las plumas al servicio de la oligarquía- de que Panamá logró su independencia de España sin derramamiento de sangre.  No solo es un intento por fragmentar la historia, es un irrespeto a los istmeños que formaron parte de los Batallones Voltíjeros, Pichincha y Vencedores del Ejército Libertador, que combatieron y derramaron su sangre por la independencia de América guiados por la espada de Bolívar y Sucre en las batallas de Pichincha (mayo de 1822), Junin (agosto de 1824), Matará (diciembre de 1824) y de Ayacucho (diciembre de 1824) con la cual se sella definitivamente el ciclo de dominación de España en el “Nuevo Mundo”.  Es en batallas como estas que el coronel panameño José Antonio Miró y los generales Tomás Herrera y José Domingo Espinar, ganan sus grados militares.”

Esa es la historia que nos quieren ocultar, esta es la historia de heroísmo que esconden quienes en su interés de mantener su dominio político, económico e ideológico, presentan al pueblo panameño como “un pueblo afable y sumiso que no lucha contra quienes nos explotan y nos expolian ni contra quienes mancillan nuestro profundo sentimiento de patria.” (Federico Britton)

Ante esta corrupción y esta institucionalidad podrida le corresponderá al pueblo barrer con esta podredumbre moral y sobre sus escombros lograr una República verdaderamente libre e independiente, un nuevo ordenamiento jurídico, mediante una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que haga valer la voluntad soberana del pueblo.

Panamá: Fraudulentas elecciones

Con el PAN se favorecieron los 71 diputados de la Asamblea pasada, permitiendo a la mayoría de ellos reelegirse.
 
Advertíamos en la campaña electoral que no había diferencias fundamentales entre la partidocracia, que sus tres candidaturas presidenciales representaban los intereses de los 105 ultramillonarios, y que el proceso electoral se enmarcaba en el más profundo clientelismo que se ha vivido en el país.

La única propuesta diferente era la del Frente Amplio por la Democracia (FAD), pero los intereses creados, el ‘establishment’ y los grandes medios de comunicación, calculadamente, la ocultaron a la opinión pública, no hubo debate real, y con los recursos de la manipulación mediática, el engaño y la siembra de falsas ilusiones, volvieron a convertir las elecciones en un carnaval, descubriéndose después el monumental fraude que se dio a lo largo y ancho del país con cientos de millones de balboas de fondos del Estado, particularmente del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que significó el intercambio de dinero, bolsas de comida, línea blanca, muebles, equipos electrónicos, materiales de construcción, becas, licor, carros y casas a cambio de votos.

Con el PAN se favorecieron los 71 diputados de la Asamblea pasada, permitiendo a la mayoría de ellos reelegirse, cometiendo los mismos delitos de los candidatos impugnados.

Los más de 400 millones repartidos entre los diputados representan más de 20 veces lo asignado por el financiamiento público a todos los partidos políticos y candidatos por la libre postulación juntos. Ello constituye una de las evidencias del fraude masivo en que incurrieron todos los partidos políticos tradicionales en las elecciones del 4 de mayo mediante el clientelismo salvaje.

Como resultado de las irregularidades cometidas en las elecciones se produjo una ola de impugnaciones, que generaron más o menos un veinte por ciento de las curules de la Asamblea en acefalía, además de alcaldías y juntas comunales.

Hoy, han iniciado los procesos electorales, parciales o totales, en los circuitos impugnados. Los mismos comienzan a ser cuestionados por vicios de ilegalidades y de corrupción. En esa vía, diversos sectores han denunciado que a los corruptores se les permita participar en el torneo; que algunos electores puedan ejercer el derecho al sufragio dos veces; el uso de programas de Gobierno (como techo de esperanzas) para favorecer candidatos vinculados al actual oficialismo, el establecimiento de alianzas ilegales entre PRD y panameñistas para asegurar sus candidaturas a diputados, alcaldes y representantes. (El Código Electoral establece que ello solo es posible a partir de las alianzas establecidas a la Presidencia de la República); la entrega de dinero casa por casa; el papel de los medios de comunicación social ‘guiando’ al electorado en su ejercicio; la participación de los círculos ceros y sectores de la llamada ‘sociedad civil’ y de supuestos grupos independientes, claramente comprometidos con el ‘establishment’.

Lo sucedido es una confirmación de la grave crisis institucional que vive el país y da muestra de cómo los medios pretenden erigirse en partidos políticos, tribunales de justicia y autoridad electoral.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD), partido aún vigente, compitió en esa campaña con tal desigualdad de condiciones y prácticas fraudulentas del resto de los partidos que invirtieron cientos de millones provenientes de los fondos del Estado en clientelismo electoral. Ese hecho es más que suficiente para considerar que, dada esa realidad, al FAD no se le debe aplicar el cuatro por ciento como requisito para su subsistencia, mientras que a muchos diputados, representantes y alcaldes que incurrieron en delito electoral se les premia con cargos.

Finalmente, ante este estado de situación, es necesario observar cómo se recomponen las alianzas burguesas y cómo afrontan sus crisis internas los distintos partidos, enfrentados a una lucha intestina por el poder. En lo inmediato hay que desenmascarar el llamado Pacto de Gobernabilidad entre panameñistas y PRD, que no es más que una concertación para repartirse el botín del Estado. En esa vía, también negocian el nombramiento de contralor y procurador. Igualmente hay que observar los intentos de la partidocracia de saldar sus diferencias a través de la Constituyente Paralela, con lo cual prevalecerá el gatopardismo: cambiar algo para que todo siga igual.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

Panamá: ¿Quién responderá por estos crímenes?

Son al menos 22 asesinatos como consecuencia de la represión policial en la era de Martinelli. Son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar en el olvido y cuya responsabilidad recae enteramente en el Estado. 
 
En medio de las denuncias de todo tipo sobre los numerosos casos de corrupción que envuelven a políticos de todos los partidos tradicionales, los medios han prestado muy poca atención a los crímenes atroces cometidos durante el pasado gobierno de Ricardo Martinelli, al abuso policial y a la brutal violación de los derechos humanos.

Ello es así porque la clase dominante, los clanes de la mafiocracia y el establishment están más preocupados en cómo dirimir sus conflictos de intereses respecto a los grandes negociados, hacerse de cuotas de poder dentro del Estado y buscar chivos expiatorios para salvaguardar su ya podrida institucionalidad.

Para ello han dado rienda suelta al periodismo más amarillo y sensacionalista, que constituye una bofetada a los comunicadores serios e íntegros que celebran este 13 de noviembre el Día del Periodista.

Estos crímenes que enumeraremos siguen impunes a pesar de las denuncias y de los recursos presentados ante los tribunales de justicia. Y es que en Panamá el sistema está diseñado para que las violaciones de este tipo nunca sean castigadas, pues enfrentamos un aparato encubridor que se encarga de alterar las escenas de los crímenes, sembrar pruebas falsas, amañar expedientes y sobreseer a los culpables a cómo dé lugar. Todo ello para no responsabilizar al Estado por estos crímenes.

De esta manera, personajes como José Raúl Mulino, Gustavo Pérez, Frank Ábrego (SENAFRONT, ratificado por Varela), Julio Moltó, Olmedo Alfaro (Consejo Nacional de Seguridad), Jaime Trujillo (SPI), altos comisionados de la Policía y el propio Ricardo Martinelli, están pasando agachados frente a lo que sin duda son crímenes de lesa humanidad, los cuales, de acuerdo a convenios internacionales suscritos por Panamá, no prescriben.

El silencio de los grandes medios de comunicación y de los personajes del establishment acerca de estos crímenes y en torno a los reclamos de la justicia demuestra el desprecio del poder económico y político a estas víctimas que padecieron la crueldad de un gobierno represor y a los familiares que lloran sus muertos. Esto es así porque para ellos la vida de los pobres no vale nada.

Esto se confirma con el tratamiento indiferente que le dan a la lucha del SUNTRACS por la liberación de “Juana Peña”, autor intelectual del asesinato del obrero Osvaldo Lorenzo, y la querella presentada en la Asamblea Nacional de Diputados contra los magistrados corruptos, Harry Díaz, Víctor Benavides y Luis Mario Carrasco.

La masacre de Changuinola (10 muertos)
El Consejo de Gabinete presidido por Ricardo Martinelli y su vicepresidente, Juan Carlos Varela, envió a la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley sobre la aviación comercial, que escondía dentro de él un conjunto de medidas que afectaban a otras leyes al incluirse la eliminación del derecho a huelga y la cuota sindical; se legalizaba la pena de muerte al otorgársele a los policías licencia para matar y se eliminaban los estudios de impacto ambiental.

Este proyecto de ley inconcebible, que reformaba tres códigos y seis leyes nacionales, fue aprobado a tambor batiente, en un madrugonazo, sin mediar real consulta ciudadana, por miembros de las bancadas de Cambio Democrático, Partido Panameñista y Molirena dentro de la Asamblea Nacional de Diputados presidida por José Luis Popi Varela, hermano del actual presidente y en ese entonces vicepresidente y canciller de la república, Juan Carlos Varela.

Semejante engendro jurídico, conocido oficialmente como la Ley 30, el pueblo lo bautizó como la Ley Chorizo. El epicentro de la lucha lo constituyó la ciudad de Changuinola, donde los trabajadores bananeros, mayoritariamente indígenas, declararon una huelga indefinida y, junto al resto de la población, efectuaron una heroica jornada de resistencia civil que fue brutalmente reprimida por las huestes policiales.

De acuerdo a cifras oficiales y a los miembros de una comisión investigadora nombrada por el mismo gobierno, comunicó esta que «recibió información que acredita que durante las protestas de Changuinola resultaron oficialmente fallecidos los ciudadanos Antonio Smith y Virgilio Castillo en enfrentamientos con policías antimotines en Finca 12 y en el puente sobre el río Torres, respectivamente. Dichas muertes fueron consecuencia de las heridas de perdigones sufridas, tal como lo revelan los informes de necropsias que se adjuntan. Las pruebas de balística, realizadas y certificadas por expertos auxiliares de esta Comisión, concluyen que los disparos que ocasionaron tales muertes se realizaron a una distancia menor de 15 metros».

El informe agrega: «Resultaron atendidos con heridas de perdigones más de 700 ciudadanos, 67 de ellos sufrieron heridas de perdigones en sus ojos que les han ocasionado pérdida parcial de visión y 2 ciudadanos sufrieron pérdida total de la visión.

Se confirmó la participación de tropas de SENAFRONT y del Servicio Aeronaval.

«La Comisión investigó los casos de los ciudadanos Rubén Marvin Becker Abrego y Liandro Santos Breabu, quienes fallecieron en Changuinola los días de las protestas. Conforme a declaraciones de sus familiares, los fallecimientos se debieron a los efectos de las bombas lacrimógenas disparadas por la Policía Nacional».

En total, se reconocieron cuatro muertos. Sin embargo, de acuerdo al informe de una misión internacionalista auspiciada por FRENADESO, la Caravana Internacional por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo Panameño,la cifra de víctimas fatales podía a elevarse a seis ya que los testimonios dieron cuenta de al menos un niño fallecido y un anciano con problemas respiratorios que murieron ahogados por la gran cantidad de bombas lacrimógenas lanzadas por la policía. Otros testimonios hablan de cinco niños, elevando la cifra a un total de diez, tal como lo consignó un informe de la Defensoría del Pueblo.

La salvaje represión en Changuinola originó una ola de indignación popular. En Panamá, organizaciones como FRENADESO convocaron a una huelga nacional y a movilizaciones y vigilias en todo el país.
El sábado, 10 de julio, en el marco de un encuentro de dirigentes organizado por FRENADESO en el Hotel Soloy, más de 200 compañeros fueron arrestados y se giró orden de detención contra unos 20 dirigentes de FRENADESO, en base a expedientes amañados que entre otras absurdas acusaciones incluía un supuesto intento de paralización del Canal. Entre los compañeros señalados se encontraban Genaro López, Saúl Méndez, Andrés Rodríguez, Gabriel Castillo, Jaime Caballero, Maribel Gordón, Gloria Castillo, Ronaldo Ortiz y Mario Almanza.

Jaime Caballero, del SUNTRACS, fue arrestado en su casa en David, Chiriquí, trasladado en avión a la ciudad capital y encarcelado en la DIJ junto a Ronaldo Ortiz, del FER-29.

Mientras tanto, un bloque de búsqueda se mantenía tras la pista de Genaro López y Saúl Méndez para capturarlos y, junto a Caballero y Ortiz, por orden del fiscal Ángel Calderón (el mismo de «Ayúdame, Calderón») trasladarlos a La Joya, donde serían asesinados por delincuentes comunes.

Gracias a la presión popular, los compañeros fueron liberados aunque se les impusieron medidas cautelares. La ley fue derogada y se estableció una mesa de diálogo que produjo otra ley. Pero estos diez asesinatos y las flagrantes violaciones a los derechos humanos y las garantías fundamentales de los panameños todavía siguen impunes.

Infierno en la cárcel de menores (5 muertos)
Solo seis meses después de los abominables hechos de Changuinola, un 9 de enero, mientras FRENADESO conmemoraba la gloriosa gesta de 1964, en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, unos policías lanzaron bombas lacrimógenas dentro de la cárcel para sofocar una protesta de los reclusos que demandaban agua, que no tenían durante esos calurosos días del mes.
Todo fue filmado. Se escuchaba en las imágenes de televisión los gritos de dolor de los jóvenes detenidos y cómo imploraban por ayuda y llamaban a sus familiares, mientras que un policía vociferaba, «¿Agua, no son hombrecitos?, ¡muéranse!».

En las aterradoras vistas de las televisoras se observó cómo los jóvenes quemados eran sacados de las celdas a punta de palo e introducidos en vehículos policiales que se dirigieron al Hospital Santo Tomás.
Siete jóvenes resultaron quemados, cinco de ellos murieron y dos sobrevivieron con graves lesiones en el cuerpo.

Los más de noventa testigos, en su mayoría policías y custodios, se han negado a colaborar con las investigaciones. Estos cinco crímenes siguen impunes.

Masacre de San Félix (3 muertos)
Los pueblos originarios se levantaron contra el proyecto de ley que concedía  territorios indígenas para la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera.

El momento álgido de la lucha fue el 5 de febrero de 2012. En la noche previa, en un operativo jamás visto, se interrumpió el fluido eléctrico y se cortaron las comunicaciones en una vasta área de la comarca Ngäbe Buglé y a lo largo de la Interamericana desde Veraguas hasta Chiriquí. Las operaciones estuvieron dirigidas por uno de los hombres de confianza de Noriega, Gustavo Pérez, un maniático de la guerra que introdujo en el área helicópteros, equipos pesados y tropas del SENAFRONT para enfrentar a un pueblo indefenso. Meses antes, las operaciones conjuntas militares Panamax, dirigidas por el Comando Sur de Estados Unidos, se habían basado en una hipotética insurrección indígena.

Ese día cayó muerto por bala el joven indígena Jerónimo Rodríguez Tugri. En fotos de La Estrella de Panamá se observa al mayor Rodolfo Jiménez cuando dispara un arma Browning de 9 mm. Esta arma, que no es la reglamentaria, había sido sustraída ilegalmente por Jiménez de la Policía Nacional. Siendo hombre de confianza de Gustavo Pérez, la policía indicó que el arma no se disparó, por lo que se eximió de culpa al oficial.

Las protestas estallaron a lo largo y ancho del país con movilizaciones y cierre de calles, en las que participaron, además de los grupos indígenas, las fuerzas de FRENADESO y SUNTRACS.
Esa misma noche del 5 de febrero, en Las Lomas de David, Chiriquí, mientras miembros de la comunidad mantenían una vigilia luego de las marchas y el cierre del puente sobre el río Risacua organizado por FRENADESO/SUNTRACS, fue asesinado por agentes policiales enmascarados de SENAFRONT el joven de 17 años y minusválido Mauricio Méndez, mientras estaba sentado tranquilamente con sus compañeros. Méndez recibió un disparo de escopeta a quemarropa en su rostro, que se lo destruyó completamente. Las fotografías de los medios revelaron un cuadro de horror.

Tras cientos de heridos y detenidos en todo el país por las jornadas de protesta, se logró frenar el proyecto de ley y se montó una mesa de negociaciones, acaparada principalmente por elementos vinculados a los partidos tradicionales, pero sus resultados no fueron del agrado de amplios sectores. Un sector de la denominada dirigencia indígena transó y claudicó en la lucha. Son los mismos que todavía siguen hoy traicionando, cooptados por el gobierno de Varela.

Celio Guerra, en ese momento presidente del Congreso General Tradicional del Pueblo Ngäbe Buglé y uno de los líderes de la resistencia que acamparon varias semanas en los predios del Palacio Legislativo, denunció estas claudicaciones, al igual que la dirigencia de la Unión Indígena Campesina (UIC) y la Unión Campesina Panameña (UCP).

Posteriormente se conoció que otro indígena, de apellido Miranda, falleció en una zona apartada de la comarca como consecuencia de las heridas recibidas y que una menor de 13 años fue violada por policías.
En total, tres crímenes que siguen impunes.

Masacre de Colón (4 crímenes)
En octubre de 2012, tras la pretensión del gobierno de Martinelli de vender las tierras de la Zona Libre de Colón, se gestó un fuerte movimiento que prácticamente llevó a la insurrección a dicha provincia.
La provincia se paralizó totalmente por casi dos semanas, mientras se desarrollaban acciones de protesta que fueron fuertemente reprimidas por la Policía Nacional.

El movimiento recibió la solidaridad de amplios sectores del país.

De acuerdo a un informe de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá COPODEHUPA), del 19 al 26 de octubre de 2012 hubo cuatro muertos y catorce heridos con arma de fuego.

Los muertos fueron el niño Josué Patricio Vega, de 9 años, la trabajadora Yara Itzel Navarro, el indígena Jimmy Dixon, y la conductora de ambulancia Irasema Ramos.

Los heridos fueron afectados con arma de fuego y perdigones en la ingle, glúteos, riñón, muslo, ojos, pulmón y espalda.

El informe señala que en la represión participaron miembros de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Los miembros de la Fuerza Pública señalados irrumpieron en las viviendas de forma amenazante, agredieron a patadas y golpes a las personas, además de cometer violación judicial y administrativa del debido proceso.
El viernes 26 de octubre, un día después del Día del Constructor, el SUNTRACS convocó a lo suyos a una huelga nacional y a movilizaciones en todo el país.

En la ciudad capital, una manifestación masiva se dirigió a la Asamblea desde varios puntos para exigir la derogación de la Ley.

Las manifestaciones fueron fuertemente reprimidas y aprovechadas por elementos infiltrados al servicio de diputados oficialistas y facinerosos para provocar saqueos.

Se produjeron cientos de arrestos de obreros y un número alto de heridos. Los arrestados fueron conducidos a las dependencias de la Policía en Gamboa, convertidas en tribunal de justicia, donde se le impusieron onerosas multas.

Tras esta jornada del SUNTRACS, la ley fue derogada, pero los cuatro crímenes siguen impunes.

Otros hechos
Pueden enumerarse otros hechos de clara violación a los derechos humanos, como el caso de los dos niños indostanes asesinados por la Policía en un retén en San Carlos el 23 de octubre de 2013, como parte de una seguidilla de disparos contra autos en movimientos que efectuó la policía durante aquellas semanas, siendo una de las víctimas el candidato presidencial del FAD y líder obrero, Genaro López, y su familia.

También debemos mencionar los cientos de obreros arrestados, un día después que José Raúl Mulino los llamara «maleantes de mierda». Los detenidos, entre el 16 y 18 de septiembre, cuando FRENADESO y la Coordinadora por el Derecho a la Vida organizaron una multitudinaria marcha contra el 7 % y la Ley Carcelazo, fueron trasladados a las cárceles de La Joya y La Joyita, y el alcalde panameñista, Bosco Vallarino, asesorado por el actual alcalde, José Blandón, siguiendo instrucciones de Martinelli, impuso fuertes multas para dejarlos libres.

Debemos mencionar las muertes por la bacteria KPC y los neonatos en la Caja de Seguro Social (CSS), bajo administración de Guillermo Sáez Llorens, que, al igual que los cientos de muertos por envenenamiento masivo con dietilenglicol durante el gobierno del PRD de Martín Torrijos, siguen impunes.

Y qué decir de la presencia amenazadora de Ricardo Martinelli y sus amigos en la comunidad de Pixvae en la Semana Santa de 2012, con el fin de intimidar a los ciudadanos y obligar a varios de ellos a abandonar sus propiedades y entregarlas al magnate Jean Pigozzi (propietario de Isla Canales o Simca Island, así llamada por la marca de carros que fabricaba su padre).

A los asesinatos de la era Martinelli se suman los tres obreros del SUNTRACS, Osvaldo Lorenzo, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith, ultimados por el gobierno del PRD de Martín Torrijos, que tuvo como jefe policial a Rolando Mirones. Y a los cuatro panameños, incluido el obrero del SUNTRACS Rufino Frías, asesinados en la lucha contra las reformas al Código de Trabajo de 1995.

Está también el caso de los jóvenes de origen chino de La Chorrera, en donde se ha denunciado que se encuentran implicados policías.

A ello hay que agregar los ataques constantes contra campesinos, indígenas y ecologistas en los alrededores de los proyectos de Petaquilla y Barro Blanco, la represión contra moradores de comunidades, educadores, pescadores pacientes de enfermedades crónicas, envenenados con dietilenglycol, trabajadores en huelga, estudiantes universitarios y secundarios, incluida la toma por parte de la policía del Instituto Nacional, y los numerosos casos de feminicidio como el de la joven chiricana Vanesa Rodríguez, asesinada por el soldado norteamericano Omar Vélez, quien bajo protección de la Embajada gringa y la complicidad de las autoridades locales, logró escapar del país.

En fin, es un largo rosario de crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por los distintos gobiernos en los últimos 25 años, que incluyen desapariciones y homicidios no esclarecidos de periodistas, abogados, otros profesionales y ciudadanos de a pie.

Nosotros insistimos ante los medios y el establishment entretenidos con otros casos: ¿quiénes responden por estos crímenes?

Son al menos 22 asesinatos como consecuencia de la represión policial en la era de Martinelli. Son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar en el olvido y cuya responsabilidad recae enteramente en el Estado.

Solo una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, convocada por el pueblo soberano, que barra con la institucionalidad putrefacta, podrá brindarnos justicia real.


13/11/14

Panamá: 25 años de corrupción

Una historia de la corrupción de los últimos 25 años. Obviamente no son sólo 25 años de corrupción en Panamá, serán 111 o más, tan solo que nos hemos concentrado en este período actual.En el último cuarto de siglo, toda una generación de panameños hemos venido escuchando las promesas de los gobernantes acerca de la lucha contra la corrupción y el adecentamiento de la cosa pública. Cada 5 años hemos visto como estas promesas se desvanecen y se mantiene el reinando de la Impunidad.  He aquí la historia.
 
1989: Guillermo Endara (Partido Panameñista) 

En la campaña electoral de 1989, Guillermo Endara señalaba:
“La lucha contra la corrupción es nuestra primera prioridad. Vamos a iniciar, desde el primer día de nuestro gobierno, una guerra frontal contra la corrupción, con medidas concretas que he venido proponiendo hace más de un año. He propuesto más de ocho medidas muy específicas, comenzando por la designación de una Procuradora General de la República que, sin interferencia de ninguna clase por parte del Órgano Ejecutivo, persiga el delito dondequiera lo encuentre, así sea en los más altos niveles de la administración pública, presente o pasada.”

“Tendremos un gobierno transparente, serio y honesto, avalado con nuestra comprobada experiencia en el manejo de la cosa pública. En un ambiente enrarecido por la corrupción no hay desarrollo sostenible que sea posible y ese ambiente solo puede atraer inversiones de dudosa procedencia que en nada benefician ni la moral ni la imagen del país.”

“Lo he dicho innumerables veces y lo repito aquí: en mi gobierno, la cárcel será el destino irremediable para cualquier facineroso de cuello y corbata, hombre o mujer, que haya defraudado la confianza del electorado haciendo mal uso del poder que este le haya conferido.”

Una vez juramentado en la base militar norteamericana de Howard tras la invasión norteamericana y tomado posesión de su cargo, Guillermo Endara creó la Dirección de Recuperación Patrimonial (DRP) de la Contraloría General de la República, para investigar los delitos que se hicieron de los fondos públicos.  No ocurrió nada, ningún ladrón de cuello blanco fue detenido.  Uno de los casos más connotados, el del último gerente del Banco Nacional durante la época de Noriega, Rafael Arosemena, retornó 16 años después al país procedente de México, en un jet privado y luego de una breve estancia en El Renacer, recibió casa por cárcel.

Endara también es recordado por haber condonado la deuda de empresarios que le robaron a los trabajadores la cuota del Seguro Social.

Pero además, el propio Guillermo Endara, declarado por el Establishment como el “Padre de la Democracia”, antes de abandonar la Presidencia se aseguró de indultar a 542 personas (la cifra más alta), entre ellas prominentes figuras civiles y militares de la Dictadura.

1994: Ernesto Pérez Balladares (PRD) 

En su campaña, teniendo como acompañantes de fórmula a Tomás Altamirano Duque (Fito) y a Felipe Virzi (Pipo), dos figuras altamente cuestionadas por sus negociados con los militares, Ernesto Pérez Balladares prometió el “pueblo al poder”.

Siendo Presidente afirmó: “Nosotros tenemos que combatir la corrupción también, y fortalecer el poder judicial. Si usted hace algo corrupto, debe ser arrestado, procesado, declarado culpable, e ir a prisión”.
Balladares, el mismo del Puente Van Dam durante la dictadura militar, fue señalado por embolsarse millones de dólares durante los procesos de privatización de las empresas estatales IRHE e INTEL, los puertos y la construcción del Corredor Sur.

Asimismo, ya es ampliamente conocido cómo mediante empresas y testaferros se quedó con las concesiones de los casinos.

Fuera de la Presidencia, Pérez Balladares gustaba exhibir sus lujosos automóviles y yate como un monumento a la impunidad que reina en el país. Adquirió su casa de playa en Punta Barco Resort con helipuerto y asfaltó la carretera hasta ella con fondos públicos.

Pérez Balladares también abusó de la partida secreta.  Tras la derrota de Martín Torrijos en las elecciones de 1999 le pagó con esos fondos unas vacaciones a él y a su familia en Disney World.
15 años después de abandonar la Presidencia, Pérez Balladares, que siempre ha soñado con la reelección, sigue subiendo y bajando escaleras por denuncias presentadas en su contra, pero estas no han sido suficientes para llevarlo a la cárcel.

1999: Mireya Moscoso (Partido Panameñista) 

En campaña Mireya Moscoso prometió un Gobierno de los pobres y acabar con la corrupción.
Cuando Moscoso llegó al poder –en septiembre de 1999– juró que lucharía contra “la constante y descarada corrupción, que, de la mano de la impunidad, golpea al pueblo necesitado”.

Para demostrar que rápidamente las palabras se las lleva el viento, solo tres meses después de ocupar su cargo, en su primera Navidad en la Presidencia, regaló lujosos relojes Cartier a todos los diputados para agradecerles los votos que le permitieron eliminar la Sala V.

Ahora todos sabemos cómo obtuvo la mansión de Punta Mala, de la carretera, helipuertos y puerto que se hizo construir con fondos del Estado.

Su gobierno estuvo rodeado de muchos escándalos, los “duros dólares”, el misterioso hundimiento de un helicóptero, la construcción del Puente Centenario y las coimas recibidas de la mafia de Miami por la liberación del reconocido terrorista internacional Luis Posada Carriles y sus secuaces.

Para mayor descaro, ella justificó los onerosos gastos de la llamada partida secreta en compra de vestidos y joyas porque no podía andar “andrajosa”

2004: Martín Torrijos (PRD) 

Más empleo, más seguridad y cero corrupción, fue su lema de campaña y muchos se lo creyeron, a pesar de que ya había sido reconocido como el principal implicado en el caso CEMIS, hecho que los medios ocultaron oportunamente durante la campaña electoral. Era su preferido entonces.
Torrijos convocó "a las fuerzas sociales y productivas para que sellemos un nuevo pacto social para derrotar la pobreza, la corrupción y la desesperanza de nuestra patria".

Pero su gobierno estuvo rodeados de todo tipo de escándalos a través de dos importantes compinches, Ubaldino Real y Félix Pille González.  Ellos se hicieron construir un complejo residencial (Quintas Sol y Mar) en Playa Blanca, custodiado por agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI).  Con fondos del MOP y del FIS asfaltaron la carretera hasta ese sitio y se hicieron de otras facilidades.
El tío de Torrijos, Rodolfo “El Charro” Espino representante legal de la Corporación Playa Blanca, hizo en su gobierno grandes negociados de manglares y costas.  El mismo Torrijos está implicado en venta de islas y costas en el Atlántico, especialmente en Bocas del Toro, allí mismo donde copartidarios suyos erigieron mansiones.

Hubo serias denuncias de sobre costos en cuanto a infraestructura pública, especialmente el caso de la Cinta Costera.  Dos ministros de Educación de los cinco que tuvo, Belgis Castro y Salvador Rodríguez, estuvieron brevemente detenidos por malversación de fondos destinados a la remoción de fibra de vidrio en escuelas, pero estos casos quedaron en nada.

Bajo su gobierno y con la Procuradora de ese entonces, Ana Matilde Gómez, se perpetró la Estafa de Banistmo, que representó más de 400 millones dólares de pérdida para la nación, y en la que estuvieron vinculados por sus vinculaciones familiares con los directivos de dicho banco, el Vicepresidente Samuel Lewis Navarro y el Contralor Carlos Vallarino.

En base a mentiras, engaños e ilegalidades que fueron denunciados por FRENADESO y que ahora se comprueban fehacientemente, se impulsó el referéndum de la ampliación del Canal, obra rodeada de muchos escándalos que debió inaugurarse el 14 de agosto pasado, en el marco del centenario de la vía acuática, pero que no fue posible por las diferencias surgidas entre el consorcio y la ACP.

Torrijos comenzó a codearse con el magnate Carlos Slim, quien obtuvo grandes concesiones en Panamá en materia hidroeléctrica y luego logró un contrato en el proyecto de la ampliación del Canal, y comenzó a frecuentar al jet set y a expresidentes como George Bush (padre e hijo), el primero el de la invasión norteamericana de 1989; José María Aznar, Álvaro Uribe, Felipe González, invitados frecuentemente por el millonario de las comunicaciones de Venezuela, Gustavo Cisneros, a la Casa de Campo de La Romana en República Dominicana.

Casualmente en ese país se habla de millonarias inversiones y propiedades de Martín Torrijos y jugosos contratos manejados por el ex ministro de los militares y de Pérez Balladares, Luis Blanco.

Llama la atención la fortuna acumulada por Martín Torrijos, máxime cuando su copartidario y ex Presidente del PRD, Francisco “Pachi” Cárdenas, denunció que en 1998, en presencia de sus copartidarios Mitchell Doens y Reynaldo Rivera, Torrijos les comunicó que sus aspiraciones presidenciales se basaban en que a su edad todavía no había pagado la hipoteca de su casa en las faldas del Cerro Ancón que adquirió por una bicoca.

Su esposa Vivian Fernández dijo al respecto: “Gracias a Dios, el Señor nos cierra una puerta y nos abre dos; siempre nos ha mandado nuestra michita de pan cuando se necesita”

2009: Ricardo Martinelli (Cambio Democrático-Partido Panameñista-PRD)

En la toma de posesión, acompañado de su vicepresidente, Juan Carlos Varela, el 1º de julio de 2009, Ricardo Martinelli, quien decía que caminaba en los zapatos del pueblo pero usa Florsheim, afirmó:
"La costumbre de que los políticos ponen sus intereses personales sobre el del pueblo se terminó. El juego de tener un gobierno gordo y un pueblo flaco ha llegado a su fin. La era de los políticos que entran limpios y salen millonarios se acabó", declaró. "En mi gobierno se puede meter la pata. Pero no se puede meter la mano".

Nosotros desde FRENADESO advertíamos, “Entran millonarios y salen billonarios”, y así fue en muchos casos, mientras que otros, al igual que en el pasado, como Guillermo Ferrufino, siguieron entrando limpios para salir millonarios.

Ricardo Martinelli fue sin duda la “tapa del coco”.  Sus escándalos de sobre costos en el Metro, Cinta Costera, carreteras, puentes, etc., Financial Pacific, Petaquilla Gold, Finmeccanica, Juan Hombrón, Terreno del Florista, Jumbo Ferias, compra de los Corredores, Metro y Metrobús, Caja de Seguro Social (CSS) bajo la administración de Sáez Llorens, venta de indultos presidenciales, viajes, uso de la partida secreta, entre otros tantos, así lo demuestra.  Incluso en Italia se ventila un caso de corrupción internacional.
Su vicepresidente, Juan Carlos Varela, no quedó exento de denuncias.  El intento de venta de un terreno en Chilibre para la llamada Ciudad Hospitalaria, el uso de la Cancillería para promover los productos de Varela Hermanos, los negociados en la Alcaldía dirigida por su copartidario Bosco Vallarino (asesorado por el actual Alcalde José Blandón) y su aval como ministro de Estado a varios contratos dudosos, lo hacen corresponsable en muchos hechos.

Solo de las partidas del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Martinelli, con el aval de la Contraloría, distribuyó entre los 71 diputados, de todos los partidos tradicionales, más de 400 millones de dólares usados en clientelismo político y campaña de reelección (acto que, además, es ilegal de por si).
El argumento de que siendo empresario exitoso y un hombre millonario no tenía necesidad de robar, logró prender en mucha gente sobre la posibilidad de hacer un Gobierno “decente”.  No fue así.  Martinelli, socios, sus hijos, su círculo cero (Felipe Virzi, Gabriel Btsh, Mello Alemán y Alberto Vallarino), ministros y altos funcionarios, robaron a manos llenas, y esperamos que todos respondan por ello.

2014: Juan Carlos Varela (Partido Panameñista) 

Presionado por las numerosas denuncias de corrupción de un gobierno que el hizo parte por más de 2 años, Juan Carlos Varela ha prometido, como sus antecesores, que esta página no quedará en el olvido.
Detrás de él, personajes de poder económico acechan como aves de rapiña.  Se trata de los mismos personajes que todo el mundo reconoce porque creen que tienen a Dios agarrado por ustedes saben dónde, por sus fuertes vínculos con la Embajada de Estados Unidos.

Entre ellos podemos mencionar a los Motta, González Revilla, Eisenmann, Arias, Arias Healy y Humbert, todos ellos integrantes de ese Establishment que constituye el poder real en Panamá y que cuentan con los poderosos medios de comunicación fabricantes de presidentes y polítiqueros, algunos de ellos hoy en la Asamblea, para servir a perversos intereses, como lo hicieron con Guillermo Ferrufino y Lucy Molinar.  Son los mismos que manipulan la opinión pública con publicidad engañosa y encuestas amañadas.  Son estos medios que han venido constituyéndose en partidos políticos, tribunales de justicia, censores y autoridad electoral.

Varela se ha buscado a elementos con claros conflictos de intereses.  Por ejemplo, Stanley Motta (TVN, COPA), uno de los hombres más acaudalados de la región, fue señalado por Ricardo Martinelli, su vecino, de declarar ingresos de un balboa al mes, al igual que el amigo de ambos y Vicepresidente del Partido Panameñista, Alberto Vallarino.

A los Motta les ha cedido, entre otros, el Aeropuerto de Tocumen, la CSS, ministerios y viceministerios y busca también la Contraloría.  La fórmula planteada como salida a la crisis del Metro Bus también pretende favorecer económicamente a este grupo empresarial, es decir estamos ante más de lo mismo.
Roberto Eisenmann (La Prensa, Coronado), acusado de evadir más de 3 millones de impuestos, le han rechazado varios recursos ante el pleno de la Corte Suprema, donde el magistrado ponente ha sido nada más y nada menos que Alejandro Moncada Luna.

Estos sectores de poder económico, mediante grupos y fundaciones, como MOVIN y Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, se han asegurado de nombrar a funcionarios en puestos claves en el Gobierno y en el servicio exterior, pasando por encima de viejos panameñistas, para así tener bajo su control al Gobierno de Varela.

Son los mismos que están detrás del show mediático en la Asamblea, el juicio a Moncada Luna, donde hemos llegado al colmo que el principal analista de la cadena MEDCOM, el experto constitucionalista utilizado para justificar lo realizado, es nada menos que Italo Antinori, autor intelectual del grupo PAMAGO (Perseguidos por Ana Matilde Gómez) y de todo el proceso que conllevó en su momento a la separación de la Procuradora por parte de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Jimmy Papadimitriu.  Casualmente Antinori es el mismo que una de las actuales jueza de garantía, Zulay Rodríguez, acusó de reunirse en la Corte junto a sus clientes, un reconocido narcotraficante y otro estafador, con los magistrados Alejandro Moncada Luna y Abel Almengor, para negociar un fallo y la distribución de coimas.

También están detrás de lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados, según confesión de uno de ellos, Harry Díaz, archivan fallos y venden expedientes, todo ellos con la intensión de reemplazar magistrados por otros de su conveniencia. Ya  verán como saldrán luego los fallos a favor de Eisenmann, de la misma manera que se dio el fallo de sobreseimiento a favor de Martín Torrijos en el caso CEMIS.

Estos mismos grupos, sin embargo, ocultan la lucha de los trabajadores del SUNTRACS frente al fallo aberrante que puso en la calle al criminal Juana Peña.  Y no solo eso, La Prensa se ha erigido en defensora del asesino del obrero Osvaldo Lorenzo.  Por eso guardan silencio frente a la querella presentada por los obreros contra tres magistrados corruptos: Harry Díaz, Víctor Benavides y Luis Mario Carrasco.
Para ellos la vida de los pobres no tiene importancia, por eso que frente a las acusaciones lanzadas contra el Gobierno pasado, nada dicen de las masacres cometidas, de los abusos, de las brutales violaciones de los derechos humanos, de los asesinatos contra indígenas, trabajadores y pueblo humilde, crímenes que son responsabilidad del Estado. No dicen nada porque sus intereses son otros.

Los objetivos que persiguen estos grupos de poder económico, es controlar al Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea de Diputados, por ello no harán nada sobre los fondos del PAN que permitieron a la mayoría de los diputados de todos los partidos tradicionales, reelegirse gracias a las partidas circuitales, cometiendo los mismos delitos de los que se les acusa a los que hoy están impugnados y que por ello deberán ir a nuevas elecciones.

Como en el pasado pretenden, en base a presiones y chantaje de todo tipo, influir en los nombramientos del nuevo Contralor, Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración Pública, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral.  Ya lograron lo que buscaban para resguardar sus intereses con los nombramientos del MOVIN en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y en la Fiscalía de Cuentas.

Lo que observamos hoy apenas en una pequeña ola del tsunami que se acerca y que envolverá a toda la llamada clase política.

Conscientes de que la crisis actual puede poner en peligro el sistema mismo que a ellos favorece, orientan los pasos hacia una caricatura de constituyente o constituyente paralela, que les facilite una nueva Constitución a la medida de sus intereses y amoldar a Panamá a las nuevas políticas neoliberales.  Para ello emprenderán toda una campaña de manipulación a través de los medios previamente concensuada con partidos políticos, gremios empresariales, instituciones y sectores de la llamada sociedad civil, especialmente aglutinados en el Frente Guacho.

Ante el edificio podrido de la institucionalidad del país, la única salida posible es una Asamblea 

Constituyente Originaria con plenos poderes, autoconvocada por el pueblo soberano, que funde una nueva república y que barra con toda esta podredumbre moral y todas estas injusticias sociales.

Por ello no podemos creer en el combate a la corrupción por parte de un gobierno entregado totalmente a este círculo de poder económico, sin ningún interés en hacer justicia, pero que busca chivos expiatorios para no llevar a la cárcel a los grandes ladrones de cuello blanco.  Están cuidando sus propios intereses.
Rechazamos la actitud de quienes por no hacerle el jueguito a estos grupos económicos pretenden aislarnos o endilgarnos absurdamente vinculación a uno u otro sector de la clase dominante.  No señores, en este país hay gente que no se deja manipular y que piensa y actúa de manera diferente, de forma realmente independiente del Establishment y sus grupos de poder o clanes de esta Mafiocracia que controlan al país.
Son estos sectores del PRD, Partido Panameñista, el Establishment y sus medios, culpables de tanta corrupción y quienes tienen la principal responsabilidad de haber llevado a Martinelli al poder.  Son los mismos que hoy, en escandaloso maridaje, pretenden dar lecciones de moralidad.

Sobre la corrupción de estos últimos 25 años no hay un solo preso. Son millones y millones que estos políticos, verdaderos ladrones de cuello blanco, le arrebataron al pueblo en estos últimos 25 años y con los que se pudieron salvar vidas o resolver muchas de las necesidades que sufren los humildes, necesidades que los partidos tradicionales utilizan para fomentar el clientelismo electoral como se observó en el monumental fraude del 4 de mayo. 

No olvidemos que los grandes medios de comunicación, a través de la publicidad, son los principales beneficiados de este clientelismo electoral (Motta, González Revilla, Eisenmann y Martinelli).  Se llevan millones y millones.

Obviamente no son sólo 25 años de corrupción en Panamá, serán 111 o más, tan solo que nos hemos concentrado en este período actual.

Baje el Album de Figuritas del PAn y conozca quiénes y cuánto se llevaron: http://kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al2/panama/download/1686_b57a4b2d7aca1844b2d36c7e1cec86c2

10/11/14

Panamá: Estado fallido

Estado fallido ha sido usado para ‘contextualizar y explicar fenómenos tan complejos como la ineficacia gubernamental, vacíos de poder local, violencia regional y falta de resultados en el sistema político’. Noam Chomsky categorizó el concepto de Estado fallido no solo como el monopolio de la violencia como motivo del fallo, también incluyó los objetivos del Estado.

El concepto de ‘Estado fallido’ se ha fundamentado en dos visiones diferentes sobre el Estado. En primer lugar el concepto sociológico del Estado relacionado con su monopolio legítimo de la violencia (Weber). En segundo lugar basado en los objetivos del Estado, que en el caso de Chomsky son los objetivos proclamados por el mismo Estado.

Más allá de lo conceptual, en el caso de Panamá, estamos ante la presencia de un Estado en franca descomposición, una institucionalidad maltrecha, que con la presencia de un gobierno sumamente débil nos encamina hacia un tipo de Estado fallido, con una institucionalidad podrida, democracia putrefacta, falta de credibilidad en los poderes del Estado como resultado de corrupción e impunidad desvergonzada de quienes nos gobiernan a quienes no les importa que se sepa que son ladrones y que se venden a los grupos de poder económico, porque tienen la certeza de que nada les va a pasar; que es incapaz de atender las demandas básicas de la población, garantizar justicia, hacer valer la voluntad popular, y donde sus principales actores ninguno escapa del cuestionamiento público (autoridades, partidos, órganos del Estado, empresarios, medios de comunicación, jerarquías religiosas, etc.).

Además, da muestra de ‘fallido’ el Estado en Panamá porque es incapaz de garantizar la defensa de la vida y los recursos naturales; incapaz de levantar real democracia; incapaz de garantizar el ejercicio independiente de la Justicia; incapaz de frenar al ‘crimen organizado’ y su metástasis en todas las estructuras institucionales; incapaz de ejercer rectoría alguna en materia de democracia comunicacional. Es ‘fallido’ porque es incapaz de garantizar el derecho a la educación, al trabajo y salario digno, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la cultura e identidad nacional. Es un ‘Estado Fallido’ que no es víctima de la corrupción sino su artífice principal.

Ese carácter ‘fallido’ que se ha profundizado en el llamado período democrático post invasión, bajo la tutela del neoliberalismo, no surge por culpa de autoridades ignorantes o ineficientes, sino porqué la clase dominante (Ver club de los 105 ultra millonarios) le asigna a sus gobernantes proteger la propiedad privada y la ganancia.

Ello quedó claramente demostrado en el fallo sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia, (Caso de la libertad otorgada a Rogelio Ramos, alias ‘Juana Peña’, autor intelectual del asesinato del obrero del SUNTRACS, Osvaldo Lorenzo; caso del sobreseimiento del principal responsable del caso CEMIS, uno de los mayores escándalos de corrupción en Panamá, el ex presidente Martín Torrijos; frente a las declaraciones de uno de los magistrados de la CSJ, Harry Díaz, sobre compra de fallos).

Queda demostrado con un proceso electoral fraudulento, cuando cientos de millones de dólares del Programa de Ayuda Nacional (PAN) se otorgaron en partidas circuitales a los 71 diputados, de todos los partidos, que conformaron la pasada Asamblea Nacional de Diputados, (financiación de sus campañas de reelección y en financiar el clientelismo electoral). A ello hay que agregarle la crisis de los partidos políticos, las pugnas a lo interno.

Además de ello, cuando Varela por interés propio y de otros e incurriendo en nepotismo se ha visto obligado a ceder espacios a clanes familiares y económicos en puestos ministeriales y en el servicio exterior. A ello, hay que agregar el nefasto proceso que se vive en la designación del contralor, procurador, donde se plantea que se negocia con millones de dólares.

La única salida real para acabar con la podredumbre moral de las instituciones y lograr una sociedad verdaderamente justa, es seguir acumulando fuerza social organizada, construir poder popular y crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, capaz de fundar una nueva República.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO

Panamá: Suntracs exige que "Juana Peña" cumpla la sentencia establecida en el juicio

Saúl Méndez, dirigente del Suntracs
Tomado de El Panamá América   En las últimas semana el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracss), ha salido a las calles ha protestar en contra del fallo que dejó en libertad a Rogelio Ramos, alias “Juana Peña”, condenado a 20 años de prisión por un jurado de conciencia por ser el supuesto autor intelectual del homicidio del sindicalista Osvaldo Lorenzo.   La muerte de Lorenzo ocurrió el 14 agosto de 2007, en un altercado entre miembros del Suntracss e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Perforaciones de Panamá (Sindicopp) en Chilibre. Saúl Méndez, dirigente del Suntracss, manifestó que tres magistrados, Harry Díaz, Luis Mario Carrasco y Víctor Benavides en fallo sin precedentes jurídicos en el país han puesto en la calle a "Juana Peña".   Méndez responsabilizó a Rogelio Ramos, del hecho, "fue el que organizó, dirigió y dio la orden de disparar contra los miembros de Suntracs, en Chilibre. Allí asesinaron a Osvaldo Lorenzo de un disparo", enfatizó el dirigente obrero.   Suntracs exige que, Rogelio Ramos (Juana Peña), cumpla con la sentencia establecía en el juicio que se realizó en su contra en el 2010.   Como ve al nuevo Gobierno:   

"Todos los días en cualquier parte del país encontramos una protesta por agua potable, tierra para viviendas, desalojo, escuelas en mal estado, el alto costo de la vida. Esas demandas insatisfechas te pueden dar un termómetro claro de lo que a pasado en 100 días", afirmó Méndez al preguntársele como ve los 100 primeros días del presidente Juan Carlos Varela. Para el sindicalista los problemas que aquejan al pueblo no tienen ni la mínima intensión de resolverlos, en la administración del Partido Panameñista.

Para el luchador social en los primeros cuatro meses de la Administración de Juan carlos Varela, el problema de inequidad que existe en la distribución de la riqueza no tiene ni el el más minino indisió de que se va a resolver.   "Todos los días en cualquier parte del país encontramos una protesta, agua potable, tierra para viviendas, desalojo, escuelas en mal estado, el alto costo de la viva, esas demandas insatisfechas te pueden dar un termómetro claro de lo que a pasado en el nuevo gobierno", puntualizó Méndez.   Frente Amplio por la Democracia (FAD):   Después de 30 años la izquierda panameña volvió a tener participación en unas Elecciones Generales por medio del Frente Amplio por la Democracia (FAD), un partido político conformado en su mayoría por trabajadores de la construcción e intelectuales.   Cansados de ser grupos contestatarios, los integrantes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), inscribieron una fuerza política de ideología socialista en Panamá inspirados en los triunfos electorales obtenidos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragüa, y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).   En el tema del partido Méndez manifestó que se encuentran en proceso de evaluación interna posterior a las elecciones generales del pasado 4 de mayo.   El representante obrero reconoce que el FAD después de las elecciones formalmente va a desaparecer por no sacar el 4.4% de los votos. Eso no ha ocurrido por las impugnaciones, todavía no se ha dictado la resolución.   La nomina encabezada por Genaro López, alcanzó un total de 11,127 votos, a pesar de que su membresía era de unos 65.419 adherentes según los informes del TE. Mientras que los otros partidos gastaron un aproximado de 87 millones de dólares, en el pasado proceso. A lo que el partido de los obreros gastó 263.905 dólares en todo el plebiscito.   La propuesta electoral presentada por el FAD no logró aceptación de la ciudadanía por diversos factores Méndez recalcó que,"la construcción de un proyecto como el que nosotros le planteamos a la sociedad demanda mayores esfuerzos de explicar".   "Nunca estuvo en el libreto que teníamos, hay muchas variables que empiezan a verse y estamos en ese proceso de ver si el esfuerzo vale la pena o no", comentó el líder de los trabajadores de la construcción.Redacción/@franrodj0202

3/11/14

Panamá: Dónde quedó el pueblo primero

FRENADESO mañana 3 de noviembre en los desfiles patrios. 
 
En cuatro meses se desvaneció la consigna del ‘pueblo primero’ levantada por Juan Carlos Varela en su campaña electoral. El pueblo sigue movilizándose consciente que solo en la lucha organizada están las posibilidades de victoria.

El pueblo sigue en las calles para que se atiendan sus demandas sociales y se respeten sus derechos humanos. Según los medios de comunicación social más de 90 movilizaciones se han suscitado desde el primero de julio hasta el 30 de octubre. Es decir, se registran diariamente protestas por diversos sectores sociales que claman solución a sus problemas.

Las principales movilizaciones sociales han sido contra los desalojos de los pobladores que claman al gobierno atienda en forma efectiva su derecho a vivienda digna, pues el programa del llamado ‘techo de esperanzas’ no es una respuesta para los sin techos; comunidades que todos los días salen a las calles pues en meses no han contado con acceso al agua potable (Ciudad de Panamá, Panamá Este, Arraiján, La Chorrera y Chiriquí); por un servicio de transporte público eficiente; por problemas ambientales y ordenamiento urbanístico; ante la falta de medicamentos, instrumental quirúrgico, desatención a los pacientes de enfermedades crónicas; por problemas de bajas pensiones y salud ocupacional; por problemas de infraestructura educativa y la discriminación salarial que ha generado MEDUCA ante el incumplimiento del pago de ajuste salarial pactado.

A ello, hay que incorporar la lucha contra la corrupción, la impunidad y los fallos aberrantes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (caso Rogelio Ramos, alias Juana Peña); imputabilidad de huelga; demandas de víctimas de la dictadura, de dietilenglicol; solidaridad con los pueblos.
La promesa electoral de ‘$58 mensuales en el bolsillo’, producto del control de precios de emergencia, no solo no se ha alcanzado, sino que comienza ya a revelarse su falacia, al menos esto es lo que deja entreverse del último informe del MEF.

Es claro que en materia social el pueblo sigue enfrentando las mismas vicisitudes, incremento de los precios de los bienes y servicios básico; desatención en los sectores de salud y educación; desalojos y falta de acceso al agua potable; pésimo servicio de transporte público; inseguridad ciudadana dada la inadecuada política de seguridad.

Se mantiene el mismo esquema de confrontar las necesidades sociales con políticas asistencialistas que generan clientelismo político, pero que no enfrentan las causas que originan el problema (se ven los efectos pero no se atienden las causas).

Es decir, en el plano social continúa la misma dinámica de las administraciones anteriores: ejecución del neoliberalismo. Se mantiene un modelo económico que prioriza el crecimiento y las ganancias, más no el desarrollo que camine hacia la justicia y equidad social que garantice la vida digna.

Si queremos seguir viviendo humanamente, no tenemos más alternativa que combatir la clasista y despiadada ideología neoliberal, hoy globalizada. Exigir al gobierno la ruptura con la política económica actual.
Tal como señalara FRENADESO, el movimiento popular ante la gran cantidad de demandas sociales sin resolver, no debe bajar la guardia, debe seguir presionando con la lucha en las calles, elevando los niveles de organización, lucha y concienciación del pueblo y defendiendo su independencia. Ello conlleva el ensayo de formas de organización y debate desde las mismas bases, cabildos abiertos, discusiones en las distintas estructuras sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, juveniles, estudiantiles, comunales, profesionales, ambientales, culturales, de mujeres y otros sectores excluidos y explotados y otras fuerzas democráticas a fin de conformar la más amplia unidad del pueblo para enfrentar la situación actual y lograr una solución real, digna y consecuente con los intereses del pueblo.

Los sectores populares tenemos el legítimo derecho de defender nuestras reivindicaciones, a defender el derecho a la vida digna, y lo haremos valer con las formas de protesta social que conocemos.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO

Panamá: CEMIS otro fallo que se vendió

FRENADESO estará en los desfiles de este 3 de Noviembre. 
 
En base a un fuero penal que su defensa nunca invocó, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) compuesta por 5 suplentes y 3 principales, declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso seguido a Martín Torrijos, principal acusado junto a Tito Afú en el caso del CEMIS.

De acuerdo al Decreto 11 de 28 de abril de 2008 del Tribunal Electoral, en su artículo 4: El fuero penal se pierde “Cuando el amparado no lo invoque en la primera comparecencia ante la autoridad, y, en caso de los procesos en curso, cuando no lo alegue por escrito en el término de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que lo adquirió”.

De esta manera la misma CSJ se contradice cuando consideró que el reconocido delincuente Rogelio Ramos, alias Juana Peña, asesino del obrero Osvaldo Lorenzo, había renunciado tácitamente al fuero por no invocarlo dentro del período establecido.  Por ello, en sentencia de 20 de enero de 2010, el pleno de la Corte ratificó la condena a 20 años de prisión basada en el veredicto de un jurado de conciencia, reconociendo su legalidad y el cumplimiento del debido proceso.

No obstante, la Sala de lo Penal, en un fallo insólito, de los magistrados Luis Mario Carrasco, Harry Díaz y Víctor Benavides, en pocos días y sin leerse el expediente voluminoso (7,300 páginas), ordenaron la libertad del delincuente, contraviniendo el veredicto de un Jurado de Conciencia y el fallo previo de la CSJ.  Se extralimitaron pues juzgaron el fondo del expediente (repetimos sin leerlo), que era cosa juzgada, cuando la defensa de Juana Peña lo que solicitaba era reducción de pena.

El fallo aberrante, preparado por otro, solo lo firmaron.

Ahora, en un comunicado de prensa pretenden justificar lo injustificable, con leguyadas que desprestigian aún más a este órgano del Estado.

Por esta aberración jurídica, por este funesto precedente en la historia jurídica de Panamá, estos tres magistrados corruptos han sido querellados por SUNTRACS ante la Asamblea Nacional de Diputados.  Los obreros exigen que los diputados les den la misma celeridad y los medios de comunicación la misma cobertura que el caso Moncada Luna.

El propio magistrado Harry Díaz acaba de admitir que en la Corte se archivan los expedientes y se venden los fallos. No hay duda que los fallos del CEMIS y “Juana Peña” están entre los vendidos.  Ambos fallos demuestran las incongruencias de la Corte.

Hoy Martín Torrijos disfruta de la impunidad reinante en el país y dirige la Operación CEMIS, para la compra de los votos necesarios para el nombramiento como Contralor de su ex embajador en Washington, Federico Humbert.