Son al menos 22 asesinatos como consecuencia de la represión
policial en la era de Martinelli. Son crímenes de lesa humanidad que no
pueden quedar en el olvido y cuya responsabilidad recae enteramente en
el Estado.
En medio de las denuncias de todo
tipo sobre los numerosos casos de corrupción que envuelven a políticos
de todos los partidos tradicionales, los medios han prestado muy poca
atención a los crímenes atroces cometidos durante el pasado gobierno de
Ricardo Martinelli, al abuso policial y a la brutal violación de los
derechos humanos.
Ello es así porque la clase
dominante, los clanes de la mafiocracia y el establishment están más
preocupados en cómo dirimir sus conflictos de intereses respecto a los
grandes negociados, hacerse de cuotas de poder dentro del Estado y
buscar chivos expiatorios para salvaguardar su ya podrida
institucionalidad.
Para ello han dado rienda suelta al
periodismo más amarillo y sensacionalista, que constituye una bofetada a
los comunicadores serios e íntegros que celebran este 13 de noviembre
el Día del Periodista.
Estos crímenes que enumeraremos
siguen impunes a pesar de las denuncias y de los recursos presentados
ante los tribunales de justicia. Y es que en Panamá el sistema está
diseñado para que las violaciones de este tipo nunca sean castigadas,
pues enfrentamos un aparato encubridor que se encarga de alterar las
escenas de los crímenes, sembrar pruebas falsas, amañar expedientes y
sobreseer a los culpables a cómo dé lugar. Todo ello para no
responsabilizar al Estado por estos crímenes.
De esta manera, personajes como José
Raúl Mulino, Gustavo Pérez, Frank Ábrego (SENAFRONT, ratificado por
Varela), Julio Moltó, Olmedo Alfaro (Consejo Nacional de Seguridad),
Jaime Trujillo (SPI), altos comisionados de la Policía y el propio
Ricardo Martinelli, están pasando agachados frente a lo que sin duda son
crímenes de lesa humanidad, los cuales, de acuerdo a convenios
internacionales suscritos por Panamá, no prescriben.
El silencio de los grandes medios de
comunicación y de los personajes del establishment acerca de estos
crímenes y en torno a los reclamos de la justicia demuestra el desprecio
del poder económico y político a estas víctimas que padecieron la
crueldad de un gobierno represor y a los familiares que lloran sus
muertos. Esto es así porque para ellos la vida de los pobres no vale
nada.
Esto se confirma con el tratamiento
indiferente que le dan a la lucha del SUNTRACS por la liberación de
“Juana Peña”, autor intelectual del asesinato del obrero Osvaldo
Lorenzo, y la querella presentada en la Asamblea Nacional de Diputados
contra los magistrados corruptos, Harry Díaz, Víctor Benavides y Luis
Mario Carrasco.
La masacre de Changuinola (10 muertos)
El Consejo de Gabinete presidido por
Ricardo Martinelli y su vicepresidente, Juan Carlos Varela, envió a la
Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley sobre la aviación
comercial, que escondía dentro de él un conjunto de medidas que
afectaban a otras leyes al incluirse la eliminación del derecho a huelga
y la cuota sindical; se legalizaba la pena de muerte al otorgársele a
los policías licencia para matar y se eliminaban los estudios de impacto
ambiental.
Este proyecto de ley inconcebible,
que reformaba tres códigos y seis leyes nacionales, fue aprobado a
tambor batiente, en un madrugonazo, sin mediar real consulta ciudadana,
por miembros de las bancadas de Cambio Democrático, Partido Panameñista y
Molirena dentro de la Asamblea Nacional de Diputados presidida por José
Luis Popi Varela, hermano del actual presidente y en ese entonces
vicepresidente y canciller de la república, Juan Carlos Varela.
Semejante engendro jurídico, conocido
oficialmente como la Ley 30, el pueblo lo bautizó como la Ley Chorizo.
El epicentro de la lucha lo constituyó la ciudad de Changuinola, donde
los trabajadores bananeros, mayoritariamente indígenas, declararon una
huelga indefinida y, junto al resto de la población, efectuaron una
heroica jornada de resistencia civil que fue brutalmente reprimida por
las huestes policiales.
De acuerdo a cifras oficiales y a los
miembros de una comisión investigadora nombrada por el mismo gobierno,
comunicó esta que «recibió información que acredita que durante las
protestas de Changuinola resultaron oficialmente fallecidos los
ciudadanos Antonio Smith y Virgilio Castillo en enfrentamientos con
policías antimotines en Finca 12 y en el puente sobre el río Torres,
respectivamente. Dichas muertes fueron consecuencia de las heridas de
perdigones sufridas, tal como lo revelan los informes de necropsias que
se adjuntan. Las pruebas de balística, realizadas y certificadas por
expertos auxiliares de esta Comisión, concluyen que los disparos que
ocasionaron tales muertes se realizaron a una distancia menor de 15
metros».
El informe agrega: «Resultaron
atendidos con heridas de perdigones más de 700 ciudadanos, 67 de ellos
sufrieron heridas de perdigones en sus ojos que les han ocasionado
pérdida parcial de visión y 2 ciudadanos sufrieron pérdida total de la
visión.
Se confirmó la participación de tropas de SENAFRONT y del Servicio Aeronaval.
«La Comisión investigó los casos de
los ciudadanos Rubén Marvin Becker Abrego y Liandro Santos Breabu,
quienes fallecieron en Changuinola los días de las protestas. Conforme a
declaraciones de sus familiares, los fallecimientos se debieron a los
efectos de las bombas lacrimógenas disparadas por la Policía Nacional».
En total, se reconocieron cuatro
muertos. Sin embargo, de acuerdo al informe de una misión
internacionalista auspiciada por FRENADESO, la Caravana Internacional por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo Panameño,la
cifra de víctimas fatales podía a elevarse a seis ya que los
testimonios dieron cuenta de al menos un niño fallecido y un anciano con
problemas respiratorios que murieron ahogados por la gran cantidad de
bombas lacrimógenas lanzadas por la policía. Otros testimonios hablan de
cinco niños, elevando la cifra a un total de diez, tal como lo consignó
un informe de la Defensoría del Pueblo.
La salvaje represión en Changuinola
originó una ola de indignación popular. En Panamá, organizaciones como
FRENADESO convocaron a una huelga nacional y a movilizaciones y vigilias
en todo el país.
El sábado, 10 de julio, en el marco
de un encuentro de dirigentes organizado por FRENADESO en el Hotel
Soloy, más de 200 compañeros fueron arrestados y se giró orden de
detención contra unos 20 dirigentes de FRENADESO, en base a expedientes
amañados que entre otras absurdas acusaciones incluía un supuesto
intento de paralización del Canal. Entre los compañeros señalados se
encontraban Genaro López, Saúl Méndez, Andrés Rodríguez, Gabriel
Castillo, Jaime Caballero, Maribel Gordón, Gloria Castillo, Ronaldo
Ortiz y Mario Almanza.
Jaime Caballero, del SUNTRACS, fue
arrestado en su casa en David, Chiriquí, trasladado en avión a la ciudad
capital y encarcelado en la DIJ junto a Ronaldo Ortiz, del FER-29.
Mientras tanto, un bloque de búsqueda
se mantenía tras la pista de Genaro López y Saúl Méndez para
capturarlos y, junto a Caballero y Ortiz, por orden del fiscal Ángel
Calderón (el mismo de «Ayúdame, Calderón») trasladarlos a La Joya, donde
serían asesinados por delincuentes comunes.
Gracias a la presión popular, los
compañeros fueron liberados aunque se les impusieron medidas cautelares.
La ley fue derogada y se estableció una mesa de diálogo que produjo
otra ley. Pero estos diez asesinatos y las flagrantes violaciones a los
derechos humanos y las garantías fundamentales de los panameños todavía
siguen impunes.
Infierno en la cárcel de menores (5 muertos)
Solo seis meses después de los
abominables hechos de Changuinola, un 9 de enero, mientras FRENADESO
conmemoraba la gloriosa gesta de 1964, en el Centro de Cumplimiento de
Menores de Tocumen, unos policías lanzaron bombas lacrimógenas dentro de
la cárcel para sofocar una protesta de los reclusos que demandaban
agua, que no tenían durante esos calurosos días del mes.
Todo fue filmado. Se escuchaba en las
imágenes de televisión los gritos de dolor de los jóvenes detenidos y
cómo imploraban por ayuda y llamaban a sus familiares, mientras que un
policía vociferaba, «¿Agua, no son hombrecitos?, ¡muéranse!».
En las aterradoras vistas de las
televisoras se observó cómo los jóvenes quemados eran sacados de las
celdas a punta de palo e introducidos en vehículos policiales que se
dirigieron al Hospital Santo Tomás.
Siete jóvenes resultaron quemados, cinco de ellos murieron y dos sobrevivieron con graves lesiones en el cuerpo.
Los más de noventa testigos, en su
mayoría policías y custodios, se han negado a colaborar con las
investigaciones. Estos cinco crímenes siguen impunes.
Masacre de San Félix (3 muertos)
Los pueblos originarios se levantaron
contra el proyecto de ley que concedía territorios indígenas para la
construcción de hidroeléctricas y la explotación minera.
El momento álgido de la lucha fue el 5
de febrero de 2012. En la noche previa, en un operativo jamás visto, se
interrumpió el fluido eléctrico y se cortaron las comunicaciones en una
vasta área de la comarca Ngäbe Buglé y a lo largo de la Interamericana
desde Veraguas hasta Chiriquí. Las operaciones estuvieron dirigidas por
uno de los hombres de confianza de Noriega, Gustavo Pérez, un maniático
de la guerra que introdujo en el área helicópteros, equipos pesados y
tropas del SENAFRONT para enfrentar a un pueblo indefenso. Meses antes,
las operaciones conjuntas militares Panamax, dirigidas por el Comando
Sur de Estados Unidos, se habían basado en una hipotética insurrección
indígena.
Ese día cayó muerto por bala el joven
indígena Jerónimo Rodríguez Tugri. En fotos de La Estrella de Panamá se
observa al mayor Rodolfo Jiménez cuando dispara un arma Browning de 9
mm. Esta arma, que no es la reglamentaria, había sido sustraída
ilegalmente por Jiménez de la Policía Nacional. Siendo hombre de
confianza de Gustavo Pérez, la policía indicó que el arma no se disparó,
por lo que se eximió de culpa al oficial.
Las protestas estallaron a lo largo y
ancho del país con movilizaciones y cierre de calles, en las que
participaron, además de los grupos indígenas, las fuerzas de FRENADESO y
SUNTRACS.
Esa misma noche del 5 de febrero, en
Las Lomas de David, Chiriquí, mientras miembros de la comunidad
mantenían una vigilia luego de las marchas y el cierre del puente sobre
el río Risacua organizado por FRENADESO/SUNTRACS, fue asesinado por
agentes policiales enmascarados de SENAFRONT el joven de 17 años y
minusválido Mauricio Méndez, mientras estaba sentado tranquilamente con
sus compañeros. Méndez recibió un disparo de escopeta a quemarropa en su
rostro, que se lo destruyó completamente. Las fotografías de los medios
revelaron un cuadro de horror.
Tras cientos de heridos y detenidos
en todo el país por las jornadas de protesta, se logró frenar el
proyecto de ley y se montó una mesa de negociaciones, acaparada
principalmente por elementos vinculados a los partidos tradicionales,
pero sus resultados no fueron del agrado de amplios sectores. Un sector
de la denominada dirigencia indígena transó y claudicó en la lucha. Son
los mismos que todavía siguen hoy traicionando, cooptados por el
gobierno de Varela.
Celio Guerra, en ese momento
presidente del Congreso General Tradicional del Pueblo Ngäbe Buglé y uno
de los líderes de la resistencia que acamparon varias semanas en los
predios del Palacio Legislativo, denunció estas claudicaciones, al igual
que la dirigencia de la Unión Indígena Campesina (UIC) y la Unión
Campesina Panameña (UCP).
Posteriormente se conoció que otro
indígena, de apellido Miranda, falleció en una zona apartada de la
comarca como consecuencia de las heridas recibidas y que una menor de 13
años fue violada por policías.
En total, tres crímenes que siguen impunes.
Masacre de Colón (4 crímenes)
En octubre de 2012, tras la
pretensión del gobierno de Martinelli de vender las tierras de la Zona
Libre de Colón, se gestó un fuerte movimiento que prácticamente llevó a
la insurrección a dicha provincia.
La provincia se paralizó totalmente
por casi dos semanas, mientras se desarrollaban acciones de protesta que
fueron fuertemente reprimidas por la Policía Nacional.
El movimiento recibió la solidaridad de amplios sectores del país.
De acuerdo a un informe de la Coordinadora Popular de Derechos
Humanos de Panamá COPODEHUPA), del 19 al 26 de octubre de 2012 hubo
cuatro muertos y catorce heridos con arma de fuego.
Los muertos fueron el niño Josué Patricio Vega, de 9 años, la
trabajadora Yara Itzel Navarro, el indígena Jimmy Dixon, y la conductora
de ambulancia Irasema Ramos.
Los heridos fueron afectados con arma de fuego y perdigones en la ingle, glúteos, riñón, muslo, ojos, pulmón y espalda.
El informe señala que en la represión participaron miembros de la
Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
Los miembros de la Fuerza Pública señalados irrumpieron en las
viviendas de forma amenazante, agredieron a patadas y golpes a las
personas, además de cometer violación judicial y administrativa del
debido proceso.
El viernes 26 de octubre, un día después del Día del Constructor, el
SUNTRACS convocó a lo suyos a una huelga nacional y a movilizaciones en
todo el país.
En la ciudad capital, una manifestación masiva se dirigió a la Asamblea desde varios puntos para exigir la derogación de la Ley.
Las manifestaciones fueron fuertemente reprimidas y aprovechadas por
elementos infiltrados al servicio de diputados oficialistas y
facinerosos para provocar saqueos.
Se produjeron cientos de arrestos de obreros y un número alto de
heridos. Los arrestados fueron conducidos a las dependencias de la
Policía en Gamboa, convertidas en tribunal de justicia, donde se le
impusieron onerosas multas.
Tras esta jornada del SUNTRACS, la ley fue derogada, pero los cuatro crímenes siguen impunes.
Otros hechos
Pueden enumerarse otros hechos de clara violación a los derechos
humanos, como el caso de los dos niños indostanes asesinados por la
Policía en un retén en San Carlos el 23 de octubre de 2013, como parte
de una seguidilla de disparos contra autos en movimientos que efectuó la
policía durante aquellas semanas, siendo una de las víctimas el
candidato presidencial del FAD y líder obrero, Genaro López, y su
familia.
También debemos mencionar los cientos de obreros arrestados, un día
después que José Raúl Mulino los llamara «maleantes de mierda». Los
detenidos, entre el 16 y 18 de septiembre, cuando FRENADESO y la
Coordinadora por el Derecho a la Vida organizaron una multitudinaria
marcha contra el 7 % y la Ley Carcelazo, fueron trasladados a las
cárceles de La Joya y La Joyita, y el alcalde panameñista, Bosco
Vallarino, asesorado por el actual alcalde, José Blandón, siguiendo
instrucciones de Martinelli, impuso fuertes multas para dejarlos libres.
Debemos mencionar las muertes por la bacteria KPC y los neonatos en
la Caja de Seguro Social (CSS), bajo administración de Guillermo Sáez
Llorens, que, al igual que los cientos de muertos por envenenamiento
masivo con dietilenglicol durante el gobierno del PRD de Martín
Torrijos, siguen impunes.
Y qué decir de la presencia amenazadora de Ricardo Martinelli y sus
amigos en la comunidad de Pixvae en la Semana Santa de 2012, con el fin
de intimidar a los ciudadanos y obligar a varios de ellos a abandonar
sus propiedades y entregarlas al magnate Jean Pigozzi (propietario de
Isla Canales o Simca Island, así llamada por la marca de carros que
fabricaba su padre).
A los asesinatos de la era Martinelli se suman los tres obreros del
SUNTRACS, Osvaldo Lorenzo, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith, ultimados
por el gobierno del PRD de Martín Torrijos, que tuvo como jefe policial a
Rolando Mirones. Y a los cuatro panameños, incluido el obrero del
SUNTRACS Rufino Frías, asesinados en la lucha contra las reformas al
Código de Trabajo de 1995.
Está también el caso de los jóvenes de origen chino de La Chorrera,
en donde se ha denunciado que se encuentran implicados policías.
A ello hay que agregar los ataques constantes contra campesinos,
indígenas y ecologistas en los alrededores de los proyectos de
Petaquilla y Barro Blanco, la represión contra moradores de comunidades,
educadores, pescadores pacientes de enfermedades crónicas, envenenados
con dietilenglycol, trabajadores en huelga, estudiantes universitarios y
secundarios, incluida la toma por parte de la policía del Instituto
Nacional, y los numerosos casos de feminicidio como el de la joven
chiricana Vanesa Rodríguez, asesinada por el soldado norteamericano Omar
Vélez, quien bajo protección de la Embajada gringa y la complicidad de
las autoridades locales, logró escapar del país.
En fin, es un largo rosario de crímenes y violaciones a los derechos
humanos cometidos por los distintos gobiernos en los últimos 25 años,
que incluyen desapariciones y homicidios no esclarecidos de periodistas,
abogados, otros profesionales y ciudadanos de a pie.
Nosotros insistimos ante los medios y el establishment entretenidos con otros casos: ¿quiénes responden por estos crímenes?
Son al menos 22 asesinatos como consecuencia de la represión policial
en la era de Martinelli. Son crímenes de lesa humanidad que no pueden
quedar en el olvido y cuya responsabilidad recae enteramente en el
Estado.
Solo una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes,
convocada por el pueblo soberano, que barra con la institucionalidad
putrefacta, podrá brindarnos justicia real.
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