Estado fallido ha sido usado para ‘contextualizar y explicar
fenómenos tan complejos como la ineficacia gubernamental, vacíos de
poder local, violencia regional y falta de resultados en el sistema
político’. Noam Chomsky categorizó el concepto de Estado fallido no solo
como el monopolio de la violencia como motivo del fallo, también
incluyó los objetivos del Estado.
El concepto de ‘Estado fallido’ se ha fundamentado en dos visiones
diferentes sobre el Estado. En primer lugar el concepto sociológico del
Estado relacionado con su monopolio legítimo de la violencia (Weber). En
segundo lugar basado en los objetivos del Estado, que en el caso de
Chomsky son los objetivos proclamados por el mismo Estado.
Más allá de lo conceptual, en el caso de Panamá, estamos ante la
presencia de un Estado en franca descomposición, una institucionalidad
maltrecha, que con la presencia de un gobierno sumamente débil nos
encamina hacia un tipo de Estado fallido, con una institucionalidad
podrida, democracia putrefacta, falta de credibilidad en los poderes del
Estado como resultado de corrupción e impunidad desvergonzada de
quienes nos gobiernan a quienes no les importa que se sepa que son
ladrones y que se venden a los grupos de poder económico, porque tienen
la certeza de que nada les va a pasar; que es incapaz de atender las
demandas básicas de la población, garantizar justicia, hacer valer la
voluntad popular, y donde sus principales actores ninguno escapa del
cuestionamiento público (autoridades, partidos, órganos del Estado,
empresarios, medios de comunicación, jerarquías religiosas, etc.).
Además, da muestra de ‘fallido’ el Estado en Panamá porque es incapaz
de garantizar la defensa de la vida y los recursos naturales; incapaz
de levantar real democracia; incapaz de garantizar el ejercicio
independiente de la Justicia; incapaz de frenar al ‘crimen organizado’ y
su metástasis en todas las estructuras institucionales; incapaz de
ejercer rectoría alguna en materia de democracia comunicacional. Es
‘fallido’ porque es incapaz de garantizar el derecho a la educación, al
trabajo y salario digno, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a
la cultura e identidad nacional. Es un ‘Estado Fallido’ que no es
víctima de la corrupción sino su artífice principal.
Ese carácter ‘fallido’ que se ha profundizado en el llamado período
democrático post invasión, bajo la tutela del neoliberalismo, no surge
por culpa de autoridades ignorantes o ineficientes, sino porqué la clase
dominante (Ver club de los 105 ultra millonarios) le asigna a sus
gobernantes proteger la propiedad privada y la ganancia.
Ello quedó claramente demostrado en el fallo sin precedentes de la
Corte Suprema de Justicia, (Caso de la libertad otorgada a Rogelio
Ramos, alias ‘Juana Peña’, autor intelectual del asesinato del obrero
del SUNTRACS, Osvaldo Lorenzo; caso del sobreseimiento del principal
responsable del caso CEMIS, uno de los mayores escándalos de corrupción
en Panamá, el ex presidente Martín Torrijos; frente a las declaraciones
de uno de los magistrados de la CSJ, Harry Díaz, sobre compra de
fallos).
Queda demostrado con un proceso electoral fraudulento, cuando cientos
de millones de dólares del Programa de Ayuda Nacional (PAN) se
otorgaron en partidas circuitales a los 71 diputados, de todos los
partidos, que conformaron la pasada Asamblea Nacional de Diputados,
(financiación de sus campañas de reelección y en financiar el
clientelismo electoral). A ello hay que agregarle la crisis de los
partidos políticos, las pugnas a lo interno.
Además de ello, cuando Varela por interés propio y de otros e
incurriendo en nepotismo se ha visto obligado a ceder espacios a clanes
familiares y económicos en puestos ministeriales y en el servicio
exterior. A ello, hay que agregar el nefasto proceso que se vive en la
designación del contralor, procurador, donde se plantea que se negocia
con millones de dólares.
La única salida real para acabar con la podredumbre moral de las
instituciones y lograr una sociedad verdaderamente justa, es seguir
acumulando fuerza social organizada, construir poder popular y crear las
condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una
Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, capaz de fundar
una nueva República.
*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO
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