En la gestión del Gobierno de Varela
prevalece la violencia institucional como forma de gestión. El hecho de
irrespetar a la población por parte del Ejecutivo es la tónica. La
violencia psicológica, de palabra, se impone en el quehacer público. El
calificarlos de ‘ñañecos ‘ demuestra su concepción elitista e
incapacidad de gestión. Diversos sectores de la sociedad panameña han
visto violentados sus derechos fundamentales.
Un Estado violento jamás es garantía de
democracia. El irrespeto al pueblo Ngäbe Buglé y el sacrifico que
significaron las distintas acciones de protesta en rechazo al proyecto
de Barro Blanco, incluyendo la sangre que derramaron Jerónimo Rodríguez
Tugrí y Mauricio Méndez, han sido burlados e irrespetados por el
Gobierno y un grupo de seudodirigentes que no les ha importado con la
sangre de estos mártires y los distintos casos de violaciones a los DDHH
que se han dado en el marco de la lucha indígena por la defensa de la
tierra, el agua y la vida. Han prevalecido los intereses económicos de
un grupo de empresarios avalados por el Gobierno. La firma del acuerdo
con las llamadas autoridades indígenas, es una violación a la Ley 10 de
la Comarca y una violación a la Carta Orgánica, pero al mismo tiempo
representa la arrogancia y prepotencia de un Gobierno que desconoce la
decisión emanada de la Corte Suprema de Justicia, en la cual dejaba sin
efecto todo lo actuado bajo el Decreto 537 que fue declarado ilegal.
Las comunidades también han sido objeto
de la violencia institucionalizada. El Gobierno, ante su falta de
interés real en atender las demandas sociales, acude a los desalojos
violentos de pobladores que claman por el acceso a la tierra y la
vivienda, al servicio permanente de agua potable, recolección de basura,
arreglo de las calles, servicio de transporte público eficaz, entre
otras.
Los consumidores son violentados ante la
imposición de medidas antipopulares que precarizan sus condiciones de
vida: aumenta la tarifa de recolección de basura (San Miguelito),
aumento del peaje del Corredor Sur, imposición de prepagos en el
suministro de la electricidad (Veranillo, Curundú, Colón), sin importar
el ineficiente servicio que prestan. Igualmente, el aumento de la
canasta básica de alimentos (casi todo los rubros) es galopante, lo que
reduce considerablemente el poder adquisitivo de los salarios.
Por otro lado, a pesar de que la
Constitución establece que el Estado debe prestar servicio de salud
integral y suministrar medicamentos a toda la población y que estos
servicios serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de
recursos económicos, Gobierno tras Gobierno se violenta este precepto
constitucional. Este Gobierno igual que los anteriores pretenden que la
salud se convierta en una mercancía que se puede adquirir a cambio de un
costo de mercado. El lunes 15 de agosto se nombra (Resolución 863) un
abogado como juez ejecutor del Ministerio de Salud, con jurisdicción en
todo el territorio nacional, con la función de cobrar a toda persona,
natural o jurídica, que adeude o mantenga saldo pendiente en cualquier
concepto, para la recuperación de créditos a favor de la institución. La
lista de ciudadanos humildes será larga.
Como se ve, miles de panameños sufren de
diferentes formas de violencia practicadas por las instituciones del
Estado, sus órganos y agentes. Instituciones que deberían garantizar sus
derechos, los vulneran y transforman a algunos sectores sociales en
víctimas de una violencia institucional que los discrimina por el solo
hecho de ser pobres o pertenecer a un grupo social o étnico determinado o
por estar organizados. Esta realidad de violencia institucionalizada
mantiene en el más bajo nivel de aceptación a Varela y su Gobierno, y la
situación es más profunda de lo que indican sus encuestas.
Frente a la violencia institucionalizada
del Gobierno, es necesario adecentar la política, para adecentar el
Estado. Los panameños honestos tenemos la obligación de romper con las
prácticas violentas a las que someten a la mayoría de la población.
Por; Genaro López
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
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