La crisis educativa y su desenlace nos plantea lo siguiente:
Simplemente los educadores se vieron
forzados a realizar una huelga que se prolongó por cinco días para que
el gobierno de Varela volviera a reiterar los compromisos que ya había
adquirido, incluso antes de asumir la Presidencia, en tres aspectos
fundamentalmente:
- Aumento de 300 balboas al salario base de todos los educadores a partir de 2017.
- Pago de lo adeudado a los educadores con nuevas fechas de cumplimiento.
- Incremento en su período de gobierno del presupuesto de educación a 6% del PIB como mínimo.
Es decir, no se trata de nada nuevo. Lo
que deja en claro que el único responsable de la interrupción de clases,
ha sido el gobierno de turno, por su tozudez, intransigencia y su poco
importa hacia el sector educación, máxime que los gremios llevaban 2
años negociando con las autoridades del Ministerio.
La coyuntura volvió a exhibir la
hipocresía de medios de comunicación, políticos tradicionales y gremios
empresariales, incluyendo los dueños de escuelas privadas, que a pesar
de sostener demagógicamente un discurso en torno a la calidad de la
enseñanza, se oponen siempre a brindarle recursos a la educación pública
y mejorar la situación salarial de los educadores.
Eso explica la campaña de insultos y
ataques que dirigieron sin éxito esta vez contra los educadores
panameños, ya que ello no pudo con la unidad de las bases magisteriales y
el apoyo creciente del pueblo a una causa que consideraron justa.
Mientras le regatean los aumentos
salariales a los educadores sobre la base de que fueron compromisos del
gobierno anterior (del cual Varela era su vicepresidente, cargo al que
nunca renunció), aplauden, en aras de una seguridad jurídica, la
continuidad de proyectos signados por injustificables sobre costos y
coimas, así como los compromisos adquiridos por pasados gobiernos en
materia de deuda pública, emisiones de bonos y negociados que sirvieron y
sirven para que los gobernantes y sus círculos cero se hagan más ricos.
Pero tampoco se ha dicho que el
gobierno, como una muestra más de su mezquindad hacia el sector
educativo, incorporó en el nuevo presupuesto los 300 balboas de aumento,
pero a partir de julio de 2017. Sin embargo, a los policías se le darán
nuevos y sustanciosos aumentos salariales (el quinto en 7 años,
incluyendo 1,700 para Comisionado y 1,000 para sub comisionados) y a los
médicos se le aumenta un 30% (aunque justo), todos ellos a partir de
enero de 2017, no de julio de 2017, y sin condicionamientos de
evaluaciones como a los educadores.
Se sabe que el aumento a los policías
busca, como ha ocurrido desde épocas inmemoriales, mantener contento al
pie de fuerza, no para proteger a los ciudadanos, sino para salva
guardar el sistema de dominación y los intereses de la clase dominante a
través de la represión del pueblo, tal como se demostró con el llamado
de los jefes policiales a las tropas a acuartelarse durante el período
de la huelga magisterial, igual que ha acontecido en otras jornadas de
lucha popular.
Lo logrado debe considerarse como un
triunfo de la lucha y movilización de las bases magisteriales a nivel
nacional, toda vez que se reconocía la heterogeneidad de una dirigencia
magisterial que dificultaba la unidad, ya que algunos de sus integrantes
carecen de organizaciones reales, de representatividad, están ligados a
partidos tradicionales, han traicionado en otras ocasiones y han estado
envueltos en casos de corrupción.
Ahora las bases de los educadores y el
pueblo deberán mantenerse vigilantes para que el gobierno cumpla los
acuerdos, toda vez que con su actitud mostró que su palabra es de poco
fiar y que el Presidente está más preocupado por sus viajes de negocios y
placer y sus peregrinajes.
También habrá que analizar si el 6% del
PIB será suficiente para saldar la deuda social acumulada en todos estos
años por el incumplimiento de sucesivos gobiernos de un monto que por
ley había sido asignado a través de la Ley Orgánica de Educación, la
cual este mes de septiembre cumple nada menos que 70 años.
A los empresarios poco les importa la
educación pública, que no sea para garantizar los sirvientes y mucamas
bilingües que requieren sus negocios y las transnacionales, mientras
ellos gradúan a sus hijos en escuelas “élites” subvencionadas con plata
del Estado, es decir de todos los panameños, o imponen a los
profesionales y capas medias matrículas y costos onerosos, mientras
pagan salarios míseros a sus educadores, mucha veces por debajo del
sector público, ya que se rigen con la Ley de Salario Mínimo.
El momento ha vuelto a reiterar la
necesidad de la lucha por una ley general de salarios que contemple
aumentos justos y dignos para todos los sectores trabajadores.
Una lección para los educadores y el
pueblo panameño. El aumento pactado para el 2020 solo lo puede
garantizar, sin estos sobresaltos, un Gobierno que nazca del pueblo y no
de los partidos tradicionales. De lo contrario, se repetirá la
historia, como siempre.
Concluida la huelga de los educadores,
la lucha de todo el pueblo panameño por una educación pública, gratuita,
laica, científica y de calidad prosigue. Esto solo será efectivo
mediante la lucha contra las políticas neoliberales y por una Asamblea
Constituyente Originaria con plenos poderes que funda una nueva
República.
¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!
¡LA PELEA ES PELEANDO!
FRENADESO
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES
Panamá, 24 de julio de 2016
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