LOS 100 DIAS DE GOBIERNO DE VARELA Y DEL PACTO DE GOBERNABILIDAD
Han bastado 100 días para demostrar que la crisis y la descomposición
de las instituciones del Estado que viene arrastrando Panamá desde hace
varios años y que ahora se profundizan no se resolvían con un simple
cambio de mando en el Gobierno.
Además de ello, advertíamos en la campaña electoral que, entre los
tres candidatos, representantes de los intereses de los 105
ultramillonarios, no había diferencias fundamentales y que ellos
representaban más de lo mismo.
La única propuesta diferente era la del Frente Amplio por la
Democracia (FAD), pero los intereses creados, el establishment y los
grandes medios de comunicación, calculadamente, la ocultaron a la
opinión pública, no hubo debate real, y con los recursos de la
manipulación mediática, el engaño y la siembra de falsas ilusiones,
volvieron a convertir las elecciones en un carnaval llevando al pueblo a
ser otra vez la tuna de Calle Abajo, Calle Arriba y del Centro,
descubriéndose después el monumental fraude que se dio a lo largo y
ancho del país con cientos de millones de balboas de fondos del Estado,
particularmente del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que significó el
intercambio de dinero, bolsas de comida, línea blanca, muebles, equipos
electrónicos, materiales de construcción, becas, licor, droga, carros y
casas a cambio de votos.
Hoy enfrentamos de manera cruda la descomposición a la que han
llegado las instituciones del Estado. Las nuevas evidencias de
corrupción, coimas y aberraciones jurídicas de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ); la acefalía en que se mantiene la
Asamblea Nacional de Diputados, que todavía legisla sin una quinta parte
de las curules por la lluvia de impugnaciones que se han presentado,
dadas las prácticas fraudulentas en que incurrieron los diputados del
Gobierno (que, en verdad, fueron las mismas que emplearon, casi en su
totalidad, el resto de los diputados reconocidos por el Tribunal
Electoral); la actitud totalmente parcializada de ese organismo que ha
ido actuando en clara sintonía con el llamado «Pacto de Gobernabilidad»,
hoy en crisis al descubrirse que el Ejecutivo promueve el transfuguismo
y la compra de votos ante elementos proclives a ello del PRD y Cambio
Democrático, tal cual hizo Martinelli y Gobiernos anteriores, para
lograr que sus ungidos ocupen los cargos de contralor, procurador
general de la nación y procurador de la administración.
Los grandes financiadores de la campaña inciden en los nombramientos
de los altos cargos y en la toma de decisiones. Pasan factura al
Ejecutivo para recuperar con creces su inversión. Esto, acompañado del
evidente nepotismo, le da el carácter elitista al nuevo Gobierno.
Estos grupos de poder económico y los grandes medios de comunicación
quieren que el pueblo crea que expulsando a un magistrado, o impidiendo a
uno que otro diputado oficialista llegar a la Asamblea, o juzgando a
algún chivo expiatorio, se resolverá la crisis que afronta la sociedad.
Nada mas alejado de la realidad. La podredumbre moral que carcome las
instituciones del Estado es irreversible, ya no hay salvación dentro
del marco jurídico actual. El Estado se descompone aceleradamente, pero
sobrevive porque todavía el pueblo no logra hacerse con una fuerza
alternativa que pueda derrumbarlo en su totalidad.
La clase dominante está clara de esta situación, ya no le sirve esta
maltrecha institucionalidad, y por eso busca maquillar la crisis,
ensayando fórmulas que le permitan preservar el sistema de opresión, y
entre esas una, llamada Constituyente Paralela, para hacerse de una
nueva Constitución política que les sirva a los integrantes de la
partidocracia para recomponerse, conciliarse, redistribuirse cuotas de
poder y acomodar el Estado a los requerimientos de las políticas
neoliberales.
Pasadas las elecciones, el pueblo vuelve a las calles a luchar por
sus necesidades, consciente de que el Gobierno sin presión no responde.
Se enfrentan los problemas de siempre, falta y contaminación del agua
potable, problemas de salud, seguridad social, educación, ambiente,
falta de tierra y vivienda para los pobres, ausencia de apoyo al sector
agropecuario y a los pequeños empresarios y productores, transporte,
inseguridad, criminalidad, pandillerismo, alto costo de vida, bajos
salarios, exclusión social en todas sus formas, intolerancia, impunidad,
corrupción, irrespeto al derecho a la organización de diversos
sectores, a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos
originarios y los afrodescendientes, de la mujer y de los jóvenes, a la
libertad sindical, etc.
Estas luchas no las contienen las políticas de subsidios del
Gobierno, las cuales —en un país con una política tributaria regresiva—
son sostenidas principalmente por los impuestos que pagan la clase
trabajadora y las capas medias. Estos subsidios, aun cuando son
necesarios en algunos casos, como los programas sociales para aliviar la
situación de sectores en situación de pobreza y pobreza extrema, han
sido llevados al ridículo por algunos diputados con propósitos meramente
politiqueros, y algunos, en el mejor de los casos, representan apenas
migajas en comparación con las grandes riquezas que sigue acumulando el
reducido grupo de los ultramillonarios en una de las sociedades más
desiguales del mundo.
Pero estas luchas siguen siendo dispersas. Hay que encontrar el punto
de unión, para lo cual es importante advertir no caer en el compás de
espera que algunos grupos con influencia en gremios y organizaciones
populares pretenden dar al nuevo Gobierno, buscando mediatizar con ello
las luchas del pueblo en espera de ocupar algún espacio político o
lograr prebendas de los actuales dirigentes, haciendo de furgón de cola
de las fuerzas enemigas de las clases populares.
Ese accionar combativo del pueblo, que no pudimos traducir en votos a
favor de candidatos populares en las pasadas elecciones, es esencial
transformarlo en fuerza consciente, que permita construir poder popular,
variar la correlación de fuerzas existente y crear las condiciones para
una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes como única
salida a esta podrida institucionalidad.
El Frente amplio por la Democracia (FAD) está por concluir a nivel
nacional el balance y reflexión sobre la experiencia electoral para ir
definiendo su futuro acerca de su reinscripción o no como partido
político.
Pero, más allá de ello, esta corriente de opinión, esta fuerza
alternativa, reitera su compromiso y vocación de lucha con el pueblo
panameño para encontrar la vía que nos permita salir de este largo túnel
y que nos conduzca a la luz de una sociedad verdaderamente justa y
democrática.
Panamá, 8 de octubre de 2014.
FAD
FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA
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