Los cien días
Esa tregua parece no cumplirse en esta oportunidad, toda vez que el
pueblo ha percibido desde muy temprano que no habrá cambios
sustanciales, que estamos ante más de lo mismo y que la promesa de «el
pueblo primero» fue otro engaño. Por ello las manifestaciones en las
calles a diario por los mismos problemas de siempre, por la falta de
agua, de tierra, de vivienda, de transporte o reclamando justicia no se
detienen.
Esta percepción ciudadana se consolida ante el hecho de que quien
gobierna fue vicepresidente de Ricardo Martinelli, de que unos 50
diputados de la Asamblea fueron reelectos, y que a ellos se suman otros
fantasmas del pasado y que ministros y altos funcionarios actuales
ocuparon cargos en el gobierno anterior de Martinelli. Además, el actual
mandatario, pese a la experiencia que debía denotar en el manejo de las
riendas del Estado, muestra lo que para muchos es una especie de
tortuguismo: incapacidad o desidia para enfrentar los acuciantes
problemas nacionales.
Al cumplirse los cien días del nuevo gobierno, tal como lo habíamos
advertido, muchas de las promesas en materia de adecentamiento de la
cosa pública no solo indica que no se van a cumplir, sino que muchos de
los problemas que supuestamente se atacarían se están profundizando,
provocándose mayor desconfianza y falta de credibilidad en el sistema y
un deterioro cada vez más marcado de la institucionalidad burguesa.
Toda vez que, al llegar a los cien días, diversos sectores emiten
opiniones y hacen balance, ofrecemos este documento como un aporte al
debate nacional.
Crisis de la institucionalidad
Ni un solo político de alto nivel se encuentra procesado por los
tantos delitos de corrupción y atraco al erario público que se han
denunciado (Radares Finmecanicca, Financial Pacific, CSS, sobrecostos en
el MOP, MIDES, ampliación del canal) mientras siguen saliendo otros
escándalos mayores, como los casos de AMPYME, MEDUCA, jumboferias,
Policía Nacional, Lotería Nacional, INADEH, la planilla de la Asamblea
de Diputados, las compras millonarias de armamento antidisturbios, etc.
El más sonado de todos, sin duda, es el relacionado con los 1200
millones que manejó el Programa de Ayuda Nacional (PAN), destacándose
los cientos de millones que se otorgaron en partidas circuitales a los
71 diputados, de todos los partidos que conformaron la pasada Asamblea
Nacional de Diputados, fondos usados en su campaña de reelección, en
asuntos personales de varios de ellos y en financiar el clientelismo
electoral que al final logra fracturar la voluntad popular y configurar
lo que hemos denominado el monumental fraude del 4 de mayo, mediante la
entrega descarada de dinero, electrodomésticos, muebles, celulares,
bolsas de comida, materiales de construcción, becas, rifas de casa y
automóviles.
Estas partidas multimillonarias provenientes de los impuestos de los
panameños, a los que se deben agregar las donaciones de empresarios,
fundaciones y fuentes de dudosa procedencia; estos fondos públicos
arrebatados por quienes prometieron resolver las necesidades básicas de
las poblaciones a las que representaban, fueron a su vez administrados
por juntas comunales que devengaban un importante porcentaje por ello,
contribuyendo así a la reelección de varios alcaldes y representantes de
corregimiento.
Esta situación, incluso antes de conocerse su dimensión real, fue el
causante de una lluvia de impugnaciones, particularmente contra
candidatos oficialistas de ese entonces, del partido Cambio Democrático,
lo que ha significado que hasta el momento casi una quinta parte de las
curules de la Asamblea sigan vacantes, mientras una importante cantidad
de alcaldes y representantes no toman posesión de su cargo, algo que no
se sucedía desde las fraudulentas elecciones del 7 de mayo de 1989, las
últimas organizadas bajo el régimen militar.
Para intentar enderezar el entuerto, el Tribunal Electoral, en
sintonía con sectores del PRD, ha recurrido a una ilegalidad al entregar
en circuitos plurinominales curules a candidatos de ese partido que no
han sido impugnados (pese a que se ha conocido posteriormente que
algunos fueron beneficiados con partidas del PAN), con el agravante de
que, al celebrarse nuevas elecciones, quienes votaron por ellos tendrán
la opción de votar dos veces, ahora en favor de otro candidato.
De esta manera, los magistrados del Tribunal Electoral, por encima de
la voluntad popular, están definiendo de manera unilateral e ilegal la
correlación de fuerzas en la Asamblea.
Pero lo sucedido con el PAN, y conocida su gravedad con posterioridad
al 4 de mayo, ha puesto en evidencia que no solo los diputados y
autoridades procesadas por el Tribunal Electoral incurrieron en delito,
sino que tal situación involucra a la inmensa mayoría de la actual
Asamblea Nacional de Diputados, así como también a un importante grupo
de alcaldes y representantes que, igualmente, merecen ser juzgados. Por
ello, insistimos que en tales circunstancias las elecciones del pasado 4
de mayo deben ser desconocidas.
La presencia de autoridades reconocidas oficialmente que llegan a
esos cargos de manera espuria ahonda la crisis institucional que
arrastra el país desde hace varios años.
Estamos ante la presencia de un Estado en franca descomposición, una
institucionalidad maltrecha, que con la presencia de un gobierno
sumamente débil nos encamina hacia un tipo de Estado fallido, con una
institucionalidad podrida, democracia putrefacta, falta de credibilidad
en los poderes del Estado como resultado de corrupción e impunidad
desvergonzada de quienes nos gobiernan, a quienes no les importa que se
sepa que son ladrones y que se venden a los grupos de poder económico
porque tienen la certeza de que nada les va a pasar; que es incapaz de
atender las demandas básicas de la población, garantizar justicia y
hacer valer la voluntad popular, y donde ninguno de sus principales
actores escapa del cuestionamiento público (autoridades, partidos,
órganos del Estado, empresarios, medios de comunicación, jerarquías
religiosas, Defensoría del Pueblo, Tribunal Electoral, etc.).
Ello quedó claramente demostrado en el fallo sin precedentes de la
Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando,
contradiciendo el veredicto de un jurado de conciencia y un fallo previo
del pleno de la misma Corte que ratificó la detención, y la solicitud
misma de la defensa del condenado de reducción de pena, se otorgó
inmediata libertad a Rogelio Ramos, alias Juana Peña, autor intelectual
del asesinato del obrero del SUNTRACS Osvaldo Lorenzo, asesinado en
Chilibre en el proyecto de Odebrecht de la autopista Panamá-Colón, el 14
de agosto de 2007.
Este reino de la impunidad que existe en Panamá permitió también,
mediante otra aberración jurídica, el sobreseimiento del principal
responsable del caso CEMIS —uno de los mayores escándalos de corrupción
en Panamá—, el expresidente Martín Torrijos quien, a propósito, es el
mismo al que se acusó de promover en su gobierno el sicariato como forma
de dirimir conflictos laborales y de constituir bandas para ello como
la que dirigía Rogelio Ramos, alias Juana Peña.
Es importante resaltar que dos de los tres magistrados que firmaron
el descabellado fallo, Luis Mario Carrasco y Víctor Benavides, fueron
nombrados durante el Gobierno del PRD de Martín Torrijos. Carrasco es
suplente del magistrado Jerónimo Mejía, también nombrado por el PRD. El
otro magistrado, Harry Díaz, fue nombrado por el Gobierno de
Martinelli-Varela.
Estos fallos aberrantes justifican los señalamientos de amplios
sectores de la ciudadanía al respecto de que los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia actúan en función de sobornos millonarios y
presiones políticas.
Para ahondar más en este estado de impunidad, está el caso del brutal
asesinato de la joven chiricana Vanesa Rodríguez a manos del soldado de
nacionalidad norteamericana Omar Vélez quien, con ayuda de la Embajada
de Estados Unidos en Panamá, fue llevado a su país para rehuir la
justicia panameña, y hoy la actual procuradora Ana Belfon, cómplice con
las autoridades locales de este hecho, tuvo el descaro de declarar que
no le competía a ella investigar un crimen ocurrido contra una panameña
en territorio panameño.
Pacto de gobernabilidad y elitismo burgués
Para sostenerse, Varela tiene que valerse de un pacto de
gobernabilidad con el PRD, cuyo contenido real es desconocido por el
pueblo, con el agravante de que su partido aliado hoy es controlado por
los mismos que, por su cercanía a Martinelli, se caracterizaron por
hacer durante la gestión de este una oposición cariñosa.
En tal sentido, el nuevo Gobierno se ve obligado a ceder al chantaje
de sus aliados para poder pasar leyes y lograr nombramientos en puestos
claves, a cambio de inimaginables prebendas. Ya se corre la voz de que
en los pasillos de la Asamblea, como en el pasado, se subastan los votos
para los nombramientos de los futuros Contralor y Procurador General de
la nación.
Pero, además, para lograr una mínima gobernabilidad, Juan Carlos
Varela y sus aliados del Partido Popular han tenido que pagar las
facturas de importantes grupos económicos que los apoyaron en campaña,
particularmente de los Motta, como quedó demostrado, por ejemplo, en las
designaciones en el aeropuerto de Tocumen y en el nombramiento del
nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS), Estivenson Girón,
quien viene de la administración de Guillermo Sáez Llorens, forma parte
de la estructura de corrupción que rige en esa institución y quien
presenta conflictos de intereses toda vez que es parte de empresas
proveedoras de la CSS, organismo donde, en una medida de última hora, su
junta directiva, constituida ilegalmente, y con el silencio de la
representación sindical y gremial, acordó legalizar la impunidad para
salvar a su director, Guillermo Sáez Llorens, y a sus secuaces de ser
procesados por actos de corrupción, desgreño administrativo,
malversación de los fondos de los asegurados y contratos con empresas
sin idoneidad.
Además de ello, Varela, por interés propio y de otros, e incurriendo
en nepotismo, se ha visto obligado a ceder espacios a clanes familiares
y económicos en puestos ministeriales y en el servicio exterior
(embajadas y consulados, especialmente los relacionados con marina
mercante, que siguen siendo un gran negociado), entre ellos, además de
los propios Varela, la familia Alemán Healy, los Motta, el grupo del ex
BANISTMO de Alberto Vallarino con Dulcidio de la Guardia, Horacio
Montenegro, Luis Cucalón, y otros personajes de la élite burguesa del
Club Unión muy bien representada en la Gala del Centenario del Canal,
una verdadera afrenta al pueblo panameño, a sus héroes y mártires, y
donde el presidente Varela pronunció un humillante discurso de loas al
imperio norteamericano.
Esto último indica el marcado alineamiento del nuevo Gobierno con los
designios de Washington, al igual que el de sus antecesores, su nula
definición en los conflictos de Medio Oriente o de Europa del Este, y su
estrecha relación con el gobierno de Santos en Colombia. Algunos han
tratado de magnificar como un acto de independencia la invitación a Cuba
para la cumbre de presidentes, a realizarse el próximo año en Panamá,
pero es que sencillamente sin Cuba no iba a haber dicha cumbre, como ya
lo habían advertido la mayoría de los países del área.
Este sometimiento a Washington y a su política de seguridad en la
región donde Panamá juega el papel de tercera frontera también se
confirma con los nombramientos de figuras claves en los organismos de
represión, como el caso de Omar Pinzón, exjefe del DIIP (G-2) y
representante de Panamá en la Junta Interamericana de Defensa, y de
Frank Abrego, confirmado como jefe de SENAFRONT, lo que plantea
claramente el continuismo de una política de seguridad tutelada por
Estados Unidos.
La composición oligarca del nuevo gobierno, aunada a la presencia e
influencia de propietarios de medios de comunicación que le imponen al
país la matriz informativa en su rol de manipuladores de conciencias; de
aliados de la denominada sociedad civil (diversas ONG, fundaciones)
para hacerse de una imagen social; de la jerarquía católica y de sectas
como el Opus Dei, nos plantean el carácter conservador y elitista del
nuevo gobierno y de cómo esto ha permitido que se desate la xenofobia
(caso Crisol de Razas, por ejemplo, por la ausencia de una política
migratoria soberana que dé a otros países el mismo trato que le dan a
nuestros connacionales, por ejemplo, Estados Unidos), el racismo, el
fanatismo religioso (observar comportamiento de estos grupos en el
debate del proyecto de salud sexual reproductiva), el antifeminismo, la
homofobia y otras manifestaciones de exclusión social como parte de una
ideología fascistoide que pretende influir en políticas públicas y
sociales, particularmente, en lo referente a la educación y en la forma
en que se deben enfrentar los altos niveles de criminalidad existentes y
el pandillerismo, dada la evidente incompetencia gubernamental en el
tema, con lo que se pone en entredicho desde ya el programa Barrios
Seguros enarbolado por Varela en su campaña.
Esto nos plantea en lo inmediato una agudización de la lucha de
clases, un escenario de debate político e ideológico, un campo de
batalla para el cual habrá que prepararse adecuadamente. Ello implica,
además, la posibilidad inmediata de estallidos sociales ante la
incapacidad y desidia gubernamental por atender las reivindicaciones
populares.
Constituyente paralela
Conscientes de la fragilidad de la institucionalidad burguesa, grupos
de poder político y económico seguirán insistiendo en una salida que
les permita apaciguar los ánimos y procurar un nuevo pacto de la
partidocracia que les sirva para resguardar el sistema de dominación,
recomponerse y reencaucharse y además amoldar al Estado a los objetivos
del neoliberalismo, particularmente a las políticas de privatización.
Esta salida es la llamada constituyente paralela, para la cual ya el
Tribunal Electoral, cónsono con los planes de estos sectores burgueses
en el poder y cada vez más complacientes con sus propósitos, busca
reglamentar mediante el mecanismo contemplado en la actual Constitución
que consensuó la partidocracia, la recolección de firmas para su
convocatoria, la elección de unos 60 constituyentes y el período de
debate y elaboración de una nueva Constitución que luego deberá ser
sometido a un referéndum.
Este proceso podrá abarcar un período de varios años, lo que
significará que las fuerzas patrióticas y populares estarán obligadas a
definir el tipo de participación que tendrán en ello, sin sembrar falsas
ilusiones en el pueblo y tomando en cuenta que en base a las reglas
actuales, al sistema que favorece a la partidocracia y a los pactos
interburgueses, la mesa está servida para que la Constituyente paralela
se convierta en un espacio para que las distintas facciones del capital
diriman sus diferencias políticas, para luego, con el concurso del
establishment, imponerle su fórmula al pueblo.
A ello hay que agregarle la crisis de los partidos políticos y las
pugnas internas, especialmente en el PRD, que lleva a los grupos a
conformar otras reagrupaciones políticas, otros partidos políticos
burgueses que se presenten como nuevas y frescas ofertas al país. Allí
debemos incluir la discusión de las reformas electorales que se
presentaron en 2010, las cuales no fueron aprobadas por la Asamblea, así
como el debate que se dará a inicios del próximo año dentro de la
Comisión Nacional de Reformas Electorales.
La propuesta económica: Los ricos primero
El Partido Panameñista, encabezado por Juan Carlos Varela logró
venderle su propuesta a los panameños, con el claro apoyo de los medios
de comunicación, que lograron dirigir la opinión pública para convencer a
la población de que cualquiera de las otras alternativas de la
partidocracia era mejor que la continuidad de Martinelli a través del
candidato del partido Cambio Democrático. La opción de la Embajada
gringa por Varela, considerando la reciente historia con el PRD durante
el gobierno de Martín Torrijos, además de las pugnas internas del
partido y de la victimización que los medios de comunicación hicieron de
Varela, terminaron por definir la elección por el panameñismo.
Su propuesta económica de no aumentar los impuestos, continuar «con
el modelo de alto crecimiento económico, bajar el costo de la canasta de
alimentos, acabar con el monopolio de distribución de alimentos, y
darle prioridad al sector agropecuario», tiene un alto contenido
demagógico, al igual que su promesa de atacar la corrupción, la
impunidad y el nepotismo. Dijo, como buen politiquero, lo que el pueblo
quería escuchar y los medios de comunicación le permitieron que
divulgara su discurso.
Varela y los grupos económicos que lo impulsaron presentaron la misma
propuesta económica del neoliberalismo, por lo que no era diferente a
la del PRD o del CD. Solo incluyó algunas cuestiones cosméticas, como lo
fue la propaganda de «58 balboas en tu bolsillo», y el supuesto ataque a
la corrupción. Las facciones de la partidocracia se disputaron el
control del Estado para usufructuar de él. La crítica a Martinelli era
que acaparaba todos los negocios y excluía a otros sectores. Esta es la
esencia de sus diferencias.
Pero, en verdad, dentro de la perspectiva de la partidocracia, no
existe mucho espacio para aumentar los impuestos. A las empresas no les
va a aumentar los impuestos después que Martinelli se los disminuyera,
con lo cual estuvieron muy contentas. A los sectores profesionales de
altos ingresos tampoco, porque Martinelli también se los disminuyó. El
otro impuesto que queda, el ITBMS, es muy sensible a los panameños, y
Martinelli lo aumentó al 7%. Al Varelismo le queda disminuir el gasto
público y endeudarse más, lo cual compartió con Martinelli y el ministro
de su partido, Alberto Vallarino, mientras estuvo en el Gobierno, y
luego criticó. Esta es su opción. Sin embargo, esta no es sostenible
siquiera a mediano plazo, por lo que el aumento de los impuestos no deja
de ser una alternativa del panameñismo.
Los gremios empresariales y algunos medios de comunicación han
iniciado una campaña contra los subsidios, pero no contra los que
reciben los empresarios, sino aquellos destinados a los sectores
populares. La primera medida que se perfila en este sentido es la de
excluir a una parte de la población de los subsidios de la energía
eléctrica, disminuyendo el tope de consumo de energía para ser
beneficiario.
La situación fiscal del primer semestre de 2014 muestra un déficit de
1,510.5 millones de balboas y el 3.2% del PIB, lo que supera lo
establecido (el 2.7%) en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Cualquier
déficit del año 2014 tendrá que atenderse en el 2015, lo que también
afectará al desempeño de las finanzas públicas.
El presupuesto que se ha presentado a la Asamblea confirma el
continuismo del modelo económico, con el agravante de la situación
fiscal. Se proyectan aumentos de los ingresos corrientes del 2.1%,
mientras que el gasto corriente aumentará en 14.3%. La situación del
Gobierno central es más aguda, ya que es el espacio por excelencia del
nombramiento del nuevo Gobierno, con altos salarios. Aquí se estima que
los ingresos corrientes disminuirán en 2.1% y los gastos corrientes
aumentarán en 19.2%. La situación es más deteriorada, pero bastante
similar al primer semestre de 2014, cuando los ingresos totales del
Gobierno central habían aumentado en 1.5% y los gastos en 13.6%. La
partidocracia ha aprendido a vivir con los desequilibrios fiscales
porque quien sale sacrificado siempre es el pueblo panameño, que sigue
esperando que le paguen la deuda social, históricamente desatendida.
El endeudamiento, principalmente externo, la venta de tierras, del
patrimonio, y los ingresos de las empresas estatales, donde destacan los
del canal, serán la fuente de financiamiento del aumento del gasto
corriente. En el 2015 se espera contratar más de 4000 millones de
dólares de deuda y se tendrán que pagar 1274.4 millones en intereses y
984.7 millones para amortización. El endeudamiento aumentará en 3,075
millones de dólares. Martinelli, Martín Torrijos, Mireya Moscoso, Pérez
Balladares y el presidente Endara, con Mario Galindo en el Ministerio de
Hacienda, progresivamente le han trasladado a los empresarios los
ingresos del canal, al disminuirle cada vez más los impuestos. Este es
el «sistema justo, sencillo y neutral» del que habla la propuesta del
panameñismo-varelista.
Esta situación fiscal era predecible desde antes de las elecciones.
Por ello, el FAD y FRENADESO planteamos que era necesario aumentar los
impuestos y que los que más ganan paguen más, y que se hiciera una
reestructuración del gasto público, eliminando privilegios y gastos
innecesarios, además de disminuir los sueldos de los altos funcionarios
del Gobierno. Por ello, la propuesta del panameñismo-varelista y el
Partido Popular es simple demagogia, siguen implementando las mismas
políticas económicas que sacrifican las necesidades del pueblo panameño.
En estas circunstancias, el apoyo al sector agropecuario es muy
limitado. El presupuesto del MIDA representa el 1% del total del
Gobierno central. En cuanto a inversión, representa el 3.3%, destinado a
proyectos ya desarrollándose, como lo es la cadena de frío. Los
recursos otorgados al IMA para compra de la producción a los productores
son cosméticos. Para comercialización se le asignan 36.4 MM. Al Banco
de Desarrollo Agropecuario (BDA) se le asignan 43.5 millones de balboas
para crédito agropecuario.
Contrariamente, al MOP se le asignan 868.7 millones de balboas para
inversión, esencialmente para la red vial. Aquí está el negocio. Al
sector Salud, que corresponde a instalaciones de salud y el saneamiento
de la bahía, proyecto al parecer interminable, se le asignan 590
millones. Construcción: también es negocio. Claramente, el presupuesto
para 2015 refleja lo que históricamente se le ha asignado al sector
agropecuario: casi nada. No hay cambio de la política económica hacia el
sector.
La ampliación del canal de Panamá
Los directivos de la Autoridad del Canal de Panamá siguen haciendo lo
que les da la gana sin que haya alguna instancia que los detenga. Son
una república aparte.
Además de la desastrosa decisión de otorgarle la licitación al
consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), ahora le levantaron la
fianza de cumplimiento de 400 millones de dólares, para que el consorcio
pudiera utilizar los bienes que sostenían la misma, para pedir
préstamos y tratar de terminar el proyecto. Además, la ACP decidió darle
100 millones de dólares más a GUPC, lo cual sumaría 874 millones que le
han adelantado, sin que haya mediado entrega de obra correspondiente.
Se le ha entregado el 92% del contrato y solo ha entregado el 73% de la
obra. Esta es la genialidad de administradores que tenemos en el canal.
No bastando con lo anterior, el acuerdo con GUPC es que la ACP, por
su cuenta, sin consultar a los panameños, decide postergarle la entrega
del adelanto, que también dio sin consultarle a nadie, hasta el año
2018, sin cobrarle intereses al consorcio. Lo peor es que no hay
seguridad de que GUPC pueda terminar la ampliación.
Varela, quien siempre estuvo de acuerdo con el proyecto de
ampliación, ha dejado que las cosas sigan igual. Ahora, con el grupo de
Alemán Zubieta, que lo respaldó en la campaña, menos hará.
El actual administrador Jorge Quijano, ya ha dado las órdenes, según
los funcionarios de la ACP, para realizar los estudios del cuarto juego
de esclusas (el cuarto carril), anunciado también por Martinelli al
momento de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, junto con un
alto ejecutivo de la empresa Betchell, la que quedó segunda en la
licitación que se le otorgó a GUPC. No salimos de este hoyo en que nos
han metido los directivos de la ACP y ya quieren meternos en otro.
En esta materia, los negocios, la partidocracia no tiene diferencias. Es más de lo mismo.
La política ambiental
La propuesta varelista habló de una política ambiental en el contexto
de «economía sostenible». Entre las promesas del presidente Varela
estuvo convertir la ANAM en ministerio. La causa de la problemática
ambiental en el país no es que la ANAM no sea ministerio. Tenemos el
Ministerio de Salud y también el de Obras Públicas, para solo mencionar
dos, y los problemas en estos campos son severos. El problema radica en
la falta de compromiso real con la política ambiental en correspondencia
con la sostenibilidad de la vida humana.
En la ANAM se han designado a ciertos así denominados ambientalistas
en los principales cargos. Hasta ahora, han tenido un bajo perfil pese a
serios problemas en materia ambiental en áreas específicas. Ante la
contaminación del río La Villa, que aún persiste, y de cuyos
responsables no se sabe mucho, a la ANAM no se le conoce alguna
disposición de investigación. En este caso, además de la empresa Campos
de Pesé, S. A., en donde se ha dicho que Ricardo Martinelli tiene
intereses, se ha señalado a las empresas licoreras del presidente
Varela, pero parece que se le ha echado tierra al asunto.
Sobre el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, que se proyecta
como otro foco de conflicto más con los grupos originarios, y del cual
son conocedores los actuales directivos de la ANAM, también se guarda
silencio. El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, les ha dicho a los
afectados que tienen que negociar con la empresa, que el Gobierno no
puede hacer nada. Esta es la actitud de la partidocracia frente a los
proyectos que ven como negocio, sin importarles los afectados.
Las empresas mineras de Petaquilla siguen abusando de los
trabajadores y avanzan silenciosamente en la gran minería de cobre, y
tampoco se observa ningún cambio de actitud de los directivos de la
ANAM. Mientras, los militares de las bases aeronavales, en conjunto con
funcionarios de la ANAM, persiguen a los que denominan practicantes de
la minería ilegal en el río Petaquilla, decomisándoles los equipos.
El actual gobierno pretende continuar con la interconexión eléctrica
para beneficio de poderosos intereses colombianos-panameños. La ANAM
tampoco ha dicho nada al respecto.
En la Alcaldía de Panamá, en donde la vicealcaldesa se ha presentado
como preocupada por el ordenamiento territorial y urbanístico, se
levantó la restricción de construcción que tenía un proyecto en Coco del
Mar, en las primeras sesiones del Consejo Municipal. Persisten los
cambios de zonificación arbitrarios y la destrucción de manglares para
beneficio de grupos de poder económico.
Hasta ahora, aun cuando la dirección de la ANAM está a cargo de
supuestos ambientalistas, no se vislumbra un cambio significativo en la
política ambiental del país.
La demagogia «el pueblo primero»
Durante su campaña electoral, en su propuesta de gobierno, Varela
prometió una «vida buena para todos» (ver eje de desarrollo humano y
bienestar). Entre sus proyectos insignias sobresale la campaña
publicitaria de «100% agua potable–0 letrinas» y «58 dólares en su
bolsillo» (control de precios de emergencia).
En cuanto al costo de vida, la llamada política de control de precios
de artículos de primera necesidad no ha sido efectiva. Varela, quien
nunca demostró de dónde vendría el ahorro de 58 dólares mensuales que
colocaría en el bolsillo de los panameños, ha ido quitándole intensidad a
la medida. Los intereses de los grupos de poder económico (a los que
responde Varela), la campaña de los medios de presentar problemas de
desabastecimiento en supermercados como consecuencia de la misma, además
de la poca efectividad en tiendas y abarroterías y las críticas
surgidas (y ciertas) de que los precios de algunos productos fueron
congelados a los niveles que la especulación aumentó previamente, siendo
así que algunos están más caros que en las jumboferias de Martinelli,
la mala calidad de algunos productos y que en otros se ha impuesto un
racionamiento, no ha dado los beneficios del ahorro que prometió el
Gobierno.
Lo cierto es que el costo de la vida sigue aumentando, los 28
artículos fuera del «control de precios de emergencia» han aumentado en
un 13.6%, mientras se pierde calidad en los otros 22; los incrementos de
precio de los medicamentos superan el 50% (sobre todo en medicamentos
de enfermedades crónicas degenerativas); aumentan los precios de los
artículos de higiene personal, y para el próximo año ya se anunció el
aumento de la tarifa del servicio de energía eléctrica, lo que sin duda
aumentará el costo de vida.
Salud y educación sufren recortes, y la crisis del agua
En materia de salud y educación, Varela prometió «garantizar el
derecho de todos los panameños a una educación de calidad y a la salud»;
no obstante, en sus primeros 100 días, so pretexto del déficit fiscal,
las primeras partidas del presupuesto público que sufren recortes son
salud y educación (en salud: recorte de 110.6 millones de dólares, 92.2
millones de dólares de las partidas de inversión y 18.4 millones de
dólares de las partidas de funcionamiento; en educación: recorte de 8.8
millones de dólares, de los cuales, 836 mil dólares es de funcionamiento
y 8 millones de dólares corresponden a inversiones). Mientras tanto, se
suspenden citas en la CSS, mueren pacientes por KPC, hay
desabastecimiento de medicamentos, algunos planteles educativos han
tenido que cerrar dado el deterioro de su infraestructura y existe una
gran deuda con los educadores en materia salarial.
En este mismo orden, Varela designó como nuevo director de la CSS a
Estivenson Girón, quien está vinculado a empresas proveedoras de la Caja
(que poseen más de 50 contratos con la institución), lo cual ya nos
indica que, tal como ocurrió con la administración anterior de Guillermo
Saéz Llorens, primero estarán los negocios que la salud del pueblo. Es
evidente el conflicto de intereses en este caso, pero ya existía cuando,
siendo proveedor de la CSS, ocupaba un cargo en el Departamento de
Control Financiero de la institución.
Mediáticamente, como ya lo han hecho otros gobiernos, se instalan
comisiones de diálogo en salud y educación, buscando frenar el accionar
de sus gremios, en los cuales algunos de los dirigentes gremiales han
caído. Bajo la administración Varela sigue en vigencia la transformación
curricular por competencia, los despidos de la dirigencia gremial se
mantienen, se mantiene la deuda con los educadores en concepto de
salarios pactados en su última lucha reivindicativa, se insiste en
procesos de asociación público-privado (APP) y las acciones de
corrupción de la administración anterior (salud, educación y Caja) se
mantienen en impunidad.
En vivienda, Techos de Esperanza y Renovación de Colón son sus
proyectos insignias. En Colón, plantean construir 5000 viviendas y
restaurar 18 edificios de patrimonio histórico, iniciativa que
representa una inversión de 500 millones de dólares. La propuesta de
vivienda, que no resuelve el déficit habitacional de la ciudad de Colón,
se enmarca en su proyecto Colón Puerto Libre, el cual se corresponde
con los intereses de los sectores de poder económico de los usuarios de
la ZLC.
Varela, que prometió 100% agua potable, en sus primeros 100 días
evidenció su falta de propuesta concreta para resolver el problema que
enfrentan las 194,232 personas que toman a diario agua sin ningún tipo
de tratamiento, o los 227,125 hogares que no reciben agua potable las 24
horas al día (solo tienen acceso al agua entre 2 a 7 horas al día.
Continúa igual el desabastecimiento, y a ello se agrega la contaminación
de los ríos, sobresaliendo el caso del río La Villa, donde, según se
señala, sus empresas han estado relacionadas con el problema. En su
viaje a España, Varela se reunió con varias empresas para abordar el
tema del agua (España es el país europeo con mayor privatización del
servicio de agua potable), lo que prevé la privatización del vital
líquido. Igualmente, al IDAAN se le recortó el presupuesto por 79.4
millones de dólares para la vigencia fiscal 2014. En cuanto a la
recolección de la basura, el problema persiste y se incrementa, mientras
que con la lentitud que parece caracterizar al Gobierno, se prepara el
debate para ver si la prestación del servicio regresará a manos de la
Alcaldía.
Crece la informalidad laboral y sigue la crisis del transporte
En lo laboral, las contrataciones de trabajo registradas en MITRADEL
revelan una disminución, si se compara con el periodo enero-julio del
año pasado. De enero a julio del presente año se han registrado un total
de 168,217 contratos (5.2% menos respecto al mismo periodo del año
2013). La situación varía en los contratos de tipo definido, que
contabilizan 58,575, lo que refleja unos 873 contratos menos en
comparación con 2013; en los contratos indefinidos se registran unos
47,710, es decir, 227 menos; en el caso de las obras determinadas, único
que presenta aumento, hay un total de 61,705 este año, 8,897 más que el
año pasado. Si bien este comportamiento, solo refleja un mes de Varela,
lo cierto es que las proyecciones son al descenso en la generación de
puestos de trabajo. Para los próximos años, el sector privado plantea
mantener o recortar su empleomanía en una relación del 75%, mientras que
las obras de construcción (públicas) también prevén una contracción, se
acrecienta la informalidad laboral.
Se despiden y congelan nombramientos de funcionarios públicos
supuestamente para enfrentar el déficit fiscal; sin embargo, se nombran
directores y subdirectores a los cuales se les incrementa su
salario/dietas, muchos de los cuales son familiares de las autoridades
gubernamentales. Una vez más, se desconoce la eficiencia, experticia y
dedicación del funcionariado público que anhela y merece ser promovido a
puestos de dirección.
Al igual que en educación y salud, en este nivel también se mantienen
mesas de dialogo, que provienen del periodo anterior, ante las
denuncias de la clase obrera ante la OIT, pero que hasta la fecha no
tienen resultados contundentes.
El pueblo sigue viviendo el trauma del transporte público, largas
filas para abordar un Metro Bus pues la frecuencia en el servicio es
ineficiente; no obstante, se justifica a la empresa so pretexto de que
el contrato firmado con el Estado limitaba su accionar (ver
declaraciones de Milton Henríquez, ministro de Gobierno). Ello ha
generado la lucha intestina entre transporte pirata contra transporte
legal, promovida desde los intereses de diputados que manejan el tema
del transporte como verdaderos carteles, mientras la población padece el
mal servicio y hasta la muerte. Sin resolver el problema, el Gobierno, a
través del director de la ATTT, Julio González, ya anunció que
aumentará el subsidio que paga a la empresa Mi Bus (actualmente de 45
centavos por pasajero).
Problemas de seguridad y los subsidios
Es innegable el aumento de la delincuencia común, doscientas
pandillas que se toman el país y que son utilizadas mediáticamente para
incrementar el pie de fuerza policiaca y para justificar la presencia de
SENAFRONT en los barrios. Los robos, asaltos, homicidios y la
inseguridad ciudadana en general persisten, lo que evidencia el fracaso
de la política represiva para enfrentar el problema.
Varela, al igual que Martinelli, no rompe con el modelo de exclusión
social y la concentración de la riqueza en 105 personas que prevalece en
el país, mientras las demandas sociales de los sectores marginados
siguen sin atenderse. Varela, al igual que sus antecesores, sigue
apostando a la utilización mediática de subsidios, política que impulsan
los neoliberales para rehuir el debate de la ausencia de democracia
económica y la mala distribución de la riqueza. A su arribo al Gobierno
anunció el aumento del subsidio 100 a los 70, pasando a 120 a los 65, la
Beca Universal, el subsidio del pasaje en el Metro Bus; igualmente, se
mantienen el bono de 5000 dólares para las viviendas nuevas de interés
social y el subsidio eléctrico, y se crean nuevos subsidios, como el
bono para pagar el pasaje en el Metro Bus y en el Metro de Panamá por 60
dólares mensuales para los servidores públicos que devengan 850 dólares
o menos, y para trabajadores de la empresa privada, cuyas empresas
decidan acogerse al programa y a las cuales les será deducible del
impuesto sobre la renta. En el tapete mediático, se plantea el subsidio a
embarazadas, obesos y estudiantes nocturnos, cuya propuesta, según
voceros del MEF, no cuenta con partidas para el próximo año (2015). No
obstante, en la mayoría de los casos se plantea revisar el número de
beneficiarios y, en algunos casos, reducirlos (subsidio eléctrico, 120 a
los 65, etc.).
En el marco de los subsidios, no es clara la fuente de financiamiento
de los mismos. Varela prometió en su campaña electoral que no
aumentaría los impuestos, pero nada niega que, al igual que lo hizo
Martinelli, terminará justificando el aumento de estos, que afecta
fundamentalmente a los asalariados y profesionales, que son los que
significativamente pagan impuestos (con lo cual consolidaría la práctica
de «sacar más dinero de un bolsillo para meter menos dinero en el
otro»). Ello sin negar que muchos de los subsidios no son directos a los
consumidores, sino que pasan a manos de las empresas, a quienes se les
garantizan máximas ganancias. Además, no son cuestionados los subsidios
que reciben las grandes corporaciones empresariales a las cuales se les
ha venido reduciendo el pago de impuestos sobre la renta.
Varela, al igual que los gobiernos del PRD y del CD, han rehuido la
atención a las causas que generan la necesidad del subsidio estatal, tal
como lo es la informalidad laboral, los bajos salarios, la carga
impositiva regresiva, la estructura oligopólica del mercado, el
abandono del agro, la privatización de los servicios básicos, la mala
distribución de la riqueza y la corrupción.
Hasta el BID, organismo impulsador del neoliberalismo, reconoce que, a
pesar de los programas directos para ayudar a reducir la pobreza, el
nivel de pobreza sigue siendo muy elevado en Panamá. Para el organismo,
si el crecimiento económico hubiese tenido un efecto similar sobre la
pobreza, como ocurrió para el país promedio de la región, la pobreza
total en Panamá hubiese bajado al 10% y la pobreza extrema en zonas
urbanas se hubiese prácticamente eliminado. En cuanto a la desigualdad
de los ingresos, el BID concluye que la misma genera amplias
disparidades en términos de riqueza, geografía y etnicidad en Panamá.
Los índices de pobreza en el país son más altos que en otros países de
América Latina, con niveles de ingresos similares. El coeficiente de
GINI de Panamá (51.9 en 2012) es uno de los más altos de América Latina y
el Caribe, señala el organismo.
El pueblo sigue la lucha en las calles
En 100 días del Gobierno de Varela, el pueblo sigue en las calles
para que se atiendan sus demandas sociales y se respeten sus derechos
humanos. Un medio de comunicación escrito reporta más de 40
movilizaciones del 1 de julio al 30 de septiembre. Las principales
movilizaciones sociales han sido contra los desalojos y por el acceso al
agua potable (Ciudad de Panamá, Panamá Este, Arraiján, La Chorrera y
Chiriquí); por un servicio de transporte público eficiente (Panamá y
Panamá Oeste / usuarios, gremios de transportistas); problemas
ambientales y ordenamiento urbanístico (Panamá, Azuero, Comarca Ngöbe
Buglé); Salud (pacientes con enfermedades crónicas, gremios de la
Salud); salario, pensiones y salud ocupacional (pensionados, SUNTRACS,
SITRAIBANA, gremios de educadores, entre otros); infraestructura
educativa y acreditaciones de títulos (estudiantes, padres de familia,
docentes); derogación de indultos (gremios de abogados); contra el
femicidio (organizaciones de mujeres).
Por su parte, FRENADESO Noticias registró 17 movilizaciones en el
mismo periodo. Causas principales: impunidad, desalojos forzosos,
femicidio, imputabilidad de huelga, contra indultos presidenciales,
demandas de víctimas de la dictadura, víctimas de dietilenglicol, salud
ocupacional, salarios, solidaridad con los pueblos.
Es claro que en materia social el pueblo sigue enfrentando las mismas
vicisitudes, incremento de los precios de los bienes y servicios
básicos; desatención en los sectores de salud y educación; desalojos y
falta de acceso al agua potable; pésimo servicio de transporte público;
inseguridad ciudadana dada la inadecuada política de seguridad.
Se mantiene el mismo esquema de confrontar las necesidades sociales
de educación, salud, vivienda y transporte, con política
asistencialistas que generan clientelismo político, pero que no
enfrentan las causas que originan el problema (se ven los efectos pero
no se atienden las causas).
Es decir, en el plano social continúa la misma dinámica de las
administraciones anteriores: ejecución del neoliberalismo. Se mantiene
un modelo económico que prioriza el crecimiento y las ganancias, mas no
el desarrollo que camine hacia la justicia y equidad social.
Constituyente originaria y poder popular
FRENADESO insiste en que la única salida real para acabar con la
podredumbre moral de las instituciones y lograr una sociedad
verdaderamente justa es seguir acumulando fuerza social organizada,
construir poder popular y crear las condiciones para la autoconvocatoria
por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria, con
plenos poderes, capaz de fundar una nueva república.
En el aspecto táctico debe seguir evaluándose la validez o no del
instrumento político electoral del pueblo que representó el Frente
Amplio por la Democracia (FAD) para determinar los pasos a seguir en el
futuro en torno a mantener o no una alternativa política que se
contraponga a los partidos burgueses y al oportunismo político
existentes.
Hay que retomar el accionar combativo del pueblo en demandas
concretas: La lucha por el carácter público y la eficiencia en Salud,
Educación, Agua, Transporte, Seguridad Social; la resistencia contra los
proyectos hidroeléctricos y mineros depredadores del ambiente; por
aumento general de salarios y rebaja y congelamiento de los precios de
los artículos y servicios de primera necesidad; la lucha contra todo
tipo de discriminación y exclusión social en todas sus manifestaciones
(xenofobia, racismo, homofobia, femicidio, violencia de género,
fundamentalismo religioso, ataques por origen social, pensamiento
político e ideológico, etc.); contra los abusos y la represión policial y
la defensa de los derechos humanos; por una política exterior realmente
soberana; contra la impunidad, el nepotismo y la corrupción; por la
democratización de los medios de comunicación; contra la inmensa brecha
entre ricos y pobres.
Debemos alertar al pueblo sobre las componendas que se pretenden
hacer a sus espaldas por parte de elementos oportunistas, siempre
proclives a la conciliación de clases, que marchan a la cola de
determinadas fracciones burguesas en el conocido Frente Guacho, algunos
haciendo parte del Gobierno y otros con deseos de entrar, o haciendo
parte de comitivas internacionales oficiales y que buscan crear falsas
expectativas en torno al nuevo Gobierno de que Varela es «bueno», es
«distinto», ocultando que es el continuismo de las mismas políticas
neoliberales, de exclusión y de venta del país ejecutadas por los
pasados Gobiernos. La actuación de esta pseudoizquierda y de grupos con
alguna influencia en organizaciones populares y gremiales solo
contribuye a dividir al pueblo y a frenar o mediatizar sus luchas,
haciéndole el juego a las clases dominantes, a las elites, representadas
en grado superlativo en el nuevo Gobierno.
El movimiento popular, ante la gran cantidad de demandas sociales sin
resolver, no debe bajar la guardia, hay que seguir presionando con la
lucha en las calles, elevando los niveles de organización, lucha y
concienciación del pueblo, y defendiendo su independencia. Ello conlleva
el ensayo de formas de organización y debate desde las mismas bases,
cabildos abiertos, discusiones en las distintas estructuras sindicales,
campesinas, indígenas, afrodescendientes, juveniles, estudiantiles,
comunales, profesionales, ambientales, culturales, cristianos de base,
de mujeres y otros sectores excluidos y explotados y otras fuerzas
democráticas a fin de conformar la más amplia unidad del pueblo para
enfrentar la situación actual y lograr una solución real, digna y
consecuente con los intereses del pueblo.
Panamá, 8 de octubre de 2014.
FRENADESO
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
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