Es necesario reconocer que a la partidocracia no les interesa
establecer mecanismos adecuados de exigencia de responsabilidades o de
rendición de cuentas.
No es posible negar que hoy existe un extendido sentimiento de
que nuestras instituciones fundamentales no cumplen adecuadamente los
fines para los que han sido diseñadas; que han sido contaminadas por
intereses particulares muy alejados, cuando no directamente enfrentados,
con interés general al que teóricamente deben servir. No se trata
simplemente de que de manera puntual y aislada, como puede resultar casi
inevitable, se detecte algún caso de mala práctica, sino corrupción
galopante.
La reacción ante un fenómeno semejante excede claramente del
consabido ámbito legal, el problema es mucho más profundo. El manifiesto
alejamiento de muchas instituciones respecto de su sagrado fin de
servicio público, solo puede encontrar su causa en una generalizada
percepción de impunidad por parte de los sujetos encargados de
dirigirlas.
Ésta es la verdadera causa de corrupción: una en la que las
autoridades no solo no frenan la corrupción, sino que utilizan la
institucionalidad de coartada y de disfraz a la pretensión de ser juez y
árbitro de la propia podredumbre.
Es necesario reconocer que a la partidocracia no les interesa
establecer mecanismos adecuados de exigencia de responsabilidades o de
rendición de cuentas. Hoy, quienes en campaña electoral hablaron de
transparencia, se niegan a declarar su patrimonio (Dulcidio de la
Guardia del MEF; Marcela Paredes del MEDUCA; Jorge Arango del MIDA;
Milton Henríquez del MIGOB; Álvaro Alemán de la Presidencia).
Igualmente Martinelli corre al Parlacen, a la que tildó de ‘cueva de
ladrones’, a refugiarse. Como colofón a su repudiable gestión, al igual
que sus antecesores, otorgó indultos que favorecieron, entre otros, a
reconocidos delincuentes, copartidarios, altos funcionarios de su
gobierno, policías asesinos, abusadores y violadores de los derechos
humanos.
Uno de los primeros actos del nuevo presidente, Juan Carlos Varela,
debió ser desconocer estos descabellados indultos. Pero no ha sido así.
Por el contrario, siguiendo instrucciones de Washington, se han
mantenido en Senafront y otros estamentos a elementos abusadores y
violadores de los derechos humanos, incluido el nuevo jefe policial, un
militar de carrera.
Estamos ante una grave crisis institucional. El 20 % de las curules
de la Asamblea Nacional sigue vacante. Este hecho no se producía desde
1990, tras la invasión norteamericana y el gran fraude cometido por los
militares y el Tribunal Electoral en 1989. Además de ello, municipios y
juntas comunales en todo el país se encuentran en acefalía.
La situación planteada es prueba irrefutable de las graves
irregularidades y las prácticas fraudulentas que se cometieron en las
elecciones del 4 de mayo, no solo por los partidos oficialistas (CD y
Molirena) sino también por los llamados partidos de oposición,
entiéndase, PRD, Panameñista y Popular. Es el resultado del más
vergonzoso clientelismo político.
En un país donde comunidades tienen meses y hasta años sin agua
potable y que a diario salen a las calles a protestar, cientos de
millones de balboas del Programa de Ayuda Nacional (PAN) (más de 800)
fueron a parar a los bolsillos de los diputados de todos los partidos,
tanto de gobierno como de ‘oposición’. Ni hablemos de los recursos
aportados por los llamados círculos cero, fundaciones locales y
extranjeras, los empresarios y las donaciones de fuentes de dudosa
procedencia.
Estamos así ante una grave crisis del sistema, que, no solo tolera
estas prácticas delincuenciales, sino que las promueve, mientras pone a
andar la gran maquinaria institucional, publicitaria y de medios de
comunicación para manipular a la opinión pública. Por eso es que se
oculta la verdadera dimensión de la crisis que vivimos, mientras los
medios, como en el pasado, se hayan más interesados en sembrar falsas
expectativas sobre su gestión.
Por ello volvemos a insistir hoy, como lo hicimos en la campaña
electoral, la urgente necesidad de una Asamblea Constituyente Originaria
con plenos poderes para barrer de una vez por todas con las podridas,
corrompidas y caducas estructuras sobre las que se erige este injusto
sistema antidemocrático.
SINDICALISTA
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