FAD denuncia grave crisis institucional.20% de las curules de la
Asamblea siguen vacantes.Municipios y Juntas Comunales en acefalía.Esta
situación no ocurría desde las elecciones fraudulentas de 1989
organizadas por los militares en el poder.
Resumen:
- El FAD recordó IV aniversario de la Masacre de Changuinola perpetrada por el Gobierno de Marttinelli-Varela para imponer Ley Chorizo.
- FAD denuncia grave crisis institucional.20% de las curules de la Asamblea siguen vacantes.Municipios y Juntas Comunales en acefalía.Esta situación no ocurría desde las elecciones fraudulentas de 1989 organizadas por los militares en el poder.Las elecciones del 4 de mayo no fueron limpias.Todos los partidos que sobrevivieron usaron recursos del Estado en clientelismo voraz y campaña mediática de engaños y mentiras.
- FAD se pronuncia sobre delicada situación del agua a nivel nacional. Ríos contaminados por empresas inescrupulosas, como el caso del Río La Villa. Empresas han venido envenenando el agua, entre ellas las empresas del magnate nicaragüense Carlos Pellas Chamorro y la del propio presidente de la República, Varela Hermanos.Los pueblos santeños y herreranos exigen justicia, investigación seria, castigo ejemplar a los responsable de envenenar a la población y al ambiente, suministro de agua potable eficiente que llegue a todos y misión médica que examine a los afectados y brinde medicamentos.
- FAD desenmascara las falacias de la campaña mediática del Gobierno. El control establece los mismos precios que la especulación aumentó en las últimas semanas.En muchos casos se trata de productos de baja calidad y de poco valor nutritivo.Incremento de la tarifa eléctrica (18%) traerá mayor inflación, es decir se encarecerá más la vida de los panameños.
- FAD exige un alto a la impunidad.Se deroguen los indultos que favorecen a asesinos, delincuentes, funcionarios corruptos y policías abusadores.Se comience desde ya una investigación del uso de los fondos del PAN y otras dependencias que favorecieron a diputados.Se investiguen las coimas y los negociados, no sólo en el gobierno de Martinelli, sino también en los anteriores. Que se derogue la ley de escoltas aprobada por Martinelli.
- FAD condena el homicidio la joven chiricana, Vanesa Rodríguez, a manos del sargento gringo Omar Vélez, quien logró refugiarse en la embajada gringa y marchar a Estados Unidos escapando de la justicia panameña.Autoridades guardan silencio.
- FAD reitera que este es un gobierno del continuismo.Estamos ante más de los mismo.Las mismas figuras representativas de los intereses del Club de los 105 ultramillonarios y de la Partidocracia.Financiadores de campaña pasan factura y obtienen puestos claves en el nuevo Gobierno. Pacto de Gobernabilidad es la repartición del pastel y una burla más al pueblo como lo demuestra la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la conformación de sus comisiones de trabajo.Ahora ministros se niegan, como en el pasado, a presentar su declaración jurada de bienes.
- MANIFIESTO DEL FAD AL PAIS
Estamos ante una grave crisis institucional
El 20% de las
curules de la Asamblea Nacional de Diputados siguen vacantes. Este
hecho no se producía desde 1990, tras la invasión norteamericana y el
gran fraude cometido por los militares y el Tribunal Electoral dirigido
entonces por Yolanda Pullice de Rodríguez en 1989. Además de ello,
municipios y Juntas Comunales en todo el país se encuentran en acefalía.
La situación
planteada es prueba irrefutable de las graves irregularidades y las
prácticas fraudulentas que se cometieron en las elecciones del 4 de
mayo, no sólo por los partidos oficialistas (CD y MOLRENA) sino también
por los llamados partidos de oposición, entiéndase, PRD, Panameñista y
Popular. Es el resultado del más vergonzoso clientelismo político, con
la repartición sin precedentes, de electrodomésticos, dinero, bonos de
supermercados, bolsas de comida, materiales de construcción, etc.
En un país donde
comunidades tienen meses y hasta años sin agua potable obligadas a
diario a salir a las calles a protestar, cientos de millones de balboas
del Programa de Ayuda Nacional (PAN) (más de 800) fueron a parar a los
bolsillos de los diputados de todos los partidos, tanto de gobierno como
de “oposición”. Ni hablemos de los recursos aportados por los llamados
círculos cero, fundaciones locales y extranjeras, los empresarios y las
donaciones de fuentes de dudosa procedencia.
Estamos así ante
una grave crisis del sistema que no solo tolera estas prácticas
delincuenciales sino que las promueve, mientras pone a andar la gran
maquinaria institucional, publicitaria y de medios de comunicación para
manipular a la opinión pública.
Por eso se oculta
la verdadera dimensión de la crisis que vivimos. Los grandes medios,
como en el pasado, se hayan más interesados en idolatrar la nueva pareja
presidencial como si viviéramos en una monarquía y en sembrar falsas
expectativas sobre su gestión.
Insistimos hoy,
como lo hicimos en la campaña electoral, la urgente necesidad de una
Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes para barrer de una
vez por todas con las podridas, corrompidas y caducas estructuras sobre
la que se erige este injusto sistema antidemocrático.
Otra crisis de gran magnitud, el agua
No se sabe a
ciencia cierta desde cuando las poblaciones de Herrera y Los Santos
vienen consumiendo agua envenenada del grifo. El 20 de junio, gracias a
una denuncia anónima, se conoció que el Río La Villa estaba contaminado
con atrazina. Si no es así todavía no nos hubiésemos enterado puesto
que las instituciones responsables al parecer no efectúan un monitoreo
efectivo de nuestros ríos.
Los niveles de
contaminación son extremadamente graves con peligrosas consecuencias
para la salud humana y el ambiente. Se reconoce oficialmente la
presencia de atrazina en 16 por billón en estos momentos, lo que supera
en 53 veces los admitido por EE.UU., 80 veces lo tolerado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 160 veces lo aceptado en
Europa. Pero al momento de descubrirse su presencia estaba en 40 por
billón, es decir, 400 veces lo permitido en Europa.
Aparte, estudios
indican que la atrazina es muy persistente y se mantiene por mucho
tiempo en las aguas subterráneas. Que si incluso se suspendiera hoy su
uso, correspondería a otra generación, por lo menos, declarar el
ambiente libre de este contaminante.
La
responsabilidad de esta catástrofe apunta a la empresa Campos de Pesé,
que produce etanol. La empresa es propiedad del magnate nicaragüense
Carlos Pellas Chamorro, también denunciado en su país y en Costa Rica
por contaminar los ríos. Pellas es socio de empresarios panameños en
varios proyectos, entre ellos Santa María Resort que se construye en el
Corredor Sur destruyendo los manglares, ocasionando inundaciones en Juan
Díaz y atentado contra el ambiente.
Entre sus socios
se menciona a los mismos de siempre, los llamados círculos cero: Pipo
Virzy, Gabriel Btesh, Mello Alemán, Stanley Motta y el Primer
Vicepresidente del Partido Panameñista, Alberto Vallarino. Estos dos
últimos entre los principales donantes de la campaña electoral de
Varela.
El río La Villa,
así como la gran cantidad de afluentes que abastecen de agua al resto
del país han sido contaminado por empresas inescrupulosas que depositan
en ella químicos y desperdicios ante la mirada indiferente de los
sucesivos gobiernos.
El río La Villa,
por décadas ha sido víctima de las empresas que operan en sus orillas,
entre ellas la licorera propiedad de la familia del hoy Presidente.
¿Actuará el gobierno contra estos poderosos intereses?
Por lo pronto,
exigimos una investigación exhaustiva de la triste realidad que
enfrentan nuestros hermanos santeños y herreranos y se castigue
ejemplarmente a los responsables de este crimen contra la salud pública y
la naturaleza.
Demandamos a la
mayor brevedad la presencia de un grupo especializado en la región a fin
de que se determine los daños causados a la salud y se distribuyan los
medicamentos necesarios, además de surtir en debida forma el vital
líquido.
Exhortamos a todo
el pueblo panameño, a los verdaderos ambientalistas, defensores de los
derechos humanos y luchadores sociales a hacer causa común con nuestros
hermanos en esta región de Azuero.
Lo mediático del “control de precios”
Una de las
grandes preocupaciones de los panameños es el costo de la canasta básica
de alimentos, el cual crece vertiginosamente.
El Decreto
Ejecutivo 165 no disminuye el costo de la canasta de alimentos. El
llamado control de precios de emergencia de 22 de los 50 bienes que
constituyen la canasta básica de alimentos oficial por un periodo
temporal (6 meses), que puede ser ajustado a solicitud de los
empresarios a los 2 meses de entrada en vigencia, y que además, solo
obliga al comerciante a mantener este precio a una de las marcas del
bien, constituye la visión que desde Torrijos y Martinelli se ha
pretendido implementar, una canasta reduccionista (menos artículos) y
productos de menor calidad. El Decreto no revisó y mucho menos disminuyó
el efecto especulativo que han sufrido los precios en el último tiempo,
con lo que se garantiza la ganancia extraordinaria de los empresarios.
No incluye a Darién y las zonas insulares. El precio fijado por el
Decreto en algunos productos es más alto que los anteriores al Decreto
El control de
precios es un instrumento de política económica, para que alcance sus
objetivos debe ser parte de la visión macro, lo que demanda una
integralidad que permita articularse con otros instrumentos
complementarios. Es necesario tomar medidas que estimulen la producción
local de alimentos; eliminar la cadena de intermediación inescrupulosa y
especulativa que encarece los precios que tienen que pagar los
consumidores; proteger el mercado nacional contra productos importados
que son subsidiados en sus países de origen y que promueven la
producción transgénica; establecer aumento general de salario. Es decir,
hay que enfrentar el modelo neoliberal y los intereses de algunos
sectores de poder económico, acción que no se corresponde con los planes
de Varela.
Por otro lado,
está programado un aumento en la tarifa de electricidad por el orden
del 18%. En el 2013 la tarifa de energía eléctrica para los clientes
residenciales se incrementó, generando un efecto multiplicador al alza
en los precios de los otros bienes y servicios, causando lo que se llama
una espiral inflacionaria donde los precios suben sin ningún freno
porque las autoridades son incapaces de frenarlos.
Panamá, se ha
constituido en uno de los países de América Latina con mayores tarifas
por la prestación del servicio de energía eléctrica. Este aumento
constituye otro golpe al bolsillo del pueblo panameño, que ve cómo se
pierde el poder de compra de los salarios, sin que se ponga freno a esta
espiral alcista.
En este sentido,
se debe incrementar la lucha para exigir al nuevo gobierno que de una
vez por todas atienda el problema del alto costo de la vida, provocado
por el accionar inescrupuloso de dueños de supermercados y cadenas
distribuidoras. No debemos permitir que se siga atentando contra el
derecho a la vida digna de los panameños.
Alto a la impunidad
Como colofón a su
repudiable gestión como mandatario, Ricardo Martinelli siguió el paso
de sus antecesores otorgando una gran cantidad de indultos que
favorecieron, entre otros, a reconocidos delincuentes, copartidarios,
altos funcionarios de su gobierno, policías asesinos, abusadores y
violadores de los derechos humanos.
Como si fuera
poco, él mismo (Martinelli) raudo, veloz y cobardemente, no había tomado
posesión el nuevo Presidente, quien fue su vicepresidente, y partió a
Guatemala a buscar refugio en el PARLACEN, organismo que en el pasado
tildó de “cueva de ladrones”.
Al respecto, uno
de los primeros actos del nuevo Presidente (Varela) debió ser desconocer
estos descabellados indultos. Pero no ha sido así. Por el contrario,
siguiendo instrucciones de Washington, se han mantenido en SENAFRONT y
otros estamentos policiales a elementos abusadores y violadores de los
derechos humanos, incluido el nuevo jefe policial, un militar de
carrera.
El pueblo espera
que los discursos contra la corrupción y la impunidad reinante, dejen de
ser meras promesas de campaña y se lleven a las cárceles a quienes
hicieron fiestas con los fondos del Estado y violaron los derechos
humanos.
Desde esta trinchera de lucha del pueblo estaremos vigilantes y luchando hasta que la justicia sea una realidad en Panamá.
Feminicidio
A estas alturas
todavía ninguna autoridad ha dado una explicación de cómo el soldado
norteamericano, Omar Vélez, que se encontraba en Panamá entrenado
unidades linces de la Policía Nacional pudo escapar de las manos de la
justicia panameña tras asesinar en Guararé a la joven chiricana, Vannesa
Rodríguez.
Sorprendido in
fraganti y arrestado, el soldado norteamericano pudo posteriormente
refugiarse en la embajada norteamericana y ahora se encuentra refugiado
en una base militar del Comando Sur en Estados Unidos.
Se informa que en
ese país se le acusa de asesinato no premeditado, lo cual conllevaría,
de ser encontrado culpable, una pena máxima de 10 años de prisión.
Exigimos de las
autoridades respectivas una explicación de lo sucedido y que este
criminal enfrente aquí los tribunales de justicia tal como debe suceder
dentro de un Estado que se declara soberano.
Sumamos nuestra voz a las de aquellos que vienen clamando por un alto al feminicidio y el fin de la impunidad.
Continuismo
Todo lo planteado
anteriormente fue señalado y denunciado por el FAD en la pasada
contienda electoral. Más temprano que tarde resplandece la verdad.
Hoy presenciamos
el continuismo en el Gobierno. En el poder tenemos a los mismos
elementos representativos de los intereses de la Partidocracia, del Club
Unión y los 105 ultra millonarios.
Basta ver la
composición de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de
Diputados y la integración de sus comisiones de trabajo para comprender
que asistimos a una nueva burla al pueblo y que la llamada
“gobernabilidad” consiste simplemente en cómo se van a repartir el
pastel del Estado entre Panameñista, PRD y CD.
Desde el FAD, reiteramos nuestra inquebrantable vocación de lucha hasta lograr una sociedad realmente justa y democrática
Dado en la ciudad de Panamá a los 10 días del mes de julio de 2014.
FAD
FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA
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