Este lunes 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos
Humanos, FRENADESO se movilizará y presentará informe al país.
Panamá, 21 de noviembre de 2012.
Sra.
Mayín Correa
Gobernadora de Panamá
E. S. D.
Señora Gobernadora:
Acusamos recibo de la nota del 30 de
octubre del presente año, donde funcionarios de la Gobernación y su
propia persona pretende hacer responsable a nuestro sindicato de los
daños de vehículos y otros equipos de su despacho durante los incidentes
sucedidos el 26 de octubre pasado. Nos hacen llegar facturas,
cotizaciones, fotografías y nos convidan además a pagar la suma de B/.
4,673.73 hecho que según ustedes los aliviaría de “un gasto imprevisto” y
nos haría a nosotros “mejores panameños”.
Nuestro Sindicato ha sido enfático en
señalar que tales hechos son totalmente ajenos a la huelga y
movilización convocados con mucha antelación por el SUNTRACS en apoyo a
la lucha del pueblo colonense contra la arbitrariedad del Gobierno de
imponer a sangre y fuego la venta de los terrenos de la Zona Libre de
Colón.
Nos ratificamos en el hecho de que la
responsabilidad primaria de estos lamentables sucesos recae en el propio
Gobierno que no brindó la seguridad a los establecimientos comerciales e
instituciones del Estado. Así lo reconocen gremios empresariales y los
propios comerciantes afectados.
Alegan ustedes que no cumplimos con los
requisitos establecidos de informar a las autoridades sobre nuestras
acciones por lo cual no se pudieron tomar las medidas necesarias para
minimizar “los daños producto de cualquier euforia de los
manifestantes”.
Si lo anterior es cierto, ¿cómo explican
ustedes que ese día los Supermercados propiedad del Presidente de la
República, Ricardo Martinelli, sí estaban custodiados por la Policía
Nacional a diferencia del resto de los establecimientos comerciales y
las oficinas públicas?
Reiteramos que tales acciones fueron
realizadas, con el propósito de empañar nuestra legítima protesta, por
elementos pertenecientes a bandas delincuenciales con claros nexos con
elementos del Gobierno y del propio partido al que usted pertenece, es
decir por los mismos que mandaron al pueblo a “llorar al cementerio” sus
muertos.
Ello explica los cientos de arrestos de
obreros y humildes ciudadanos sin comprobársele delito alguno, las
fianzas y multas excesivas impuestas a algunos de ellos hasta 2 veces
mientras que a quienes se les encontraron artefactos y equipos en sus
casas eran liberados inmediatamente pagando si acaso multas ridículas;
las penurias de los familiares quienes en algunos casos tuvieron que
esperar casi hasta un mes para reunirse con sus seres queridos que se
mantuvieron como rehenes del Gobierno en las cárceles de La Joya y La
Joyita, que fueron enjuiciados en cuarteles, sin pruebas, sin testigos,
sin ser indagados y obstaculizándose los recursos legales para su
defensa.
Para nosotros el propósito de la nota
que nos dirige es claro. Busca endilgarnos responsabilidad en hechos
contrarios a lo que ha sido la trayectoria de nuestra combativa
organización que a lo largo de su historia ha organizado innumerables
manifestaciones sin el desenlace que se dio el pasado 26 de octubre.
Pretenden justificar la persecución del
Ministerio Público contra nuestro Sindicato y forma parte de las
acciones de sectores retrógradas y de empresarios cómplices con las
perversas medidas de todos los gobiernos contra el pueblo, como el caso
de los directivos del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) que en
su ataque al SUNTRACS llaman a criminalizar la protesta social y a
conculcar garantías individuales y libertades democráticas consagradas
en la Constitución Nacional.
Todo Panamá sabe que la violencia
proviene de la Policía Nacional. A pesar de sus horrendos crímenes, la
alta oficialidad pretende ser premiada con aumentos salariales a niveles
de Ministro y Viceministros, dentro de un proceso de creciente
militarización del país que le otorga poderes al instituto armado casi a
niveles de lo que poseía durante la dictadura militar.
Debemos ser enfáticos y expresarle
nuestros sentimientos de que su carta, procedente de una autoridad del
Gobierno, nos resulta cínica al igual que los planteamientos del SIP.
Son la muestra de la doble moral o de lo que es peor, la inmoralidad que
identifica a algunas autoridades y sectores de la patronal que han
servido y se han beneficiado de todos los gobiernos y apoyado sus
políticas represivas por lo que también tienen sus manos manchadas de
sangre.
¿Quién paga la vida del niño de 10 años
José Betancourt Vega? ¿Qué le dicen ustedes a los familiares de la
joven Yamileth Navarro, madre de 3 niñas? ¿Cuánto vale la vida de la
señora trabajadora Irasema Ramos? ¿Qué consuelo pueden darle a la
familia del indígena guna Jimy Dixon Andreve? ¿Qué nos dice de los
heridos de bala, algunos hoy sin trabajo y con muchas dudas acerca de su
salud? ¿Qué retribución sugieren para estas víctimas de la masacre de
Colón?
Pero además, ¿Quién se responsabiliza
por el futuro de los familiares de Antonio Smith, Virgilio Castillo y
demás muertos de la Masacre de Changuinola? ¿Y los ciegos y tuertos que
dejó la cobarde represión en Bocas del Toro?
¿Qué le dicen ustedes a la viuda e hijos
del indígena Jerónimo Rodríguez Tugry y a los familiares del joven
Mauricio Méndez, muerto luego que una bomba lacrimógena le destrozara su
rostro?
¿Qué le dicen ustedes a los familiares
de los jóvenes que la policía quemó vivos en el Centro de Cumplimiento
de Menores de Tocumen, algunos de ellos a punto de ser liberados por
buena conducta y con la esperanza que la vida les diera otra
oportunidad?
Señora Mayín Correa, estas son las masacres de su Gobierno. No hay un solo preso, reflejo de la impunidad reinante en Panamá.
¿Quién le pagará estos “imprevistos” al pueblo?
¿Pero, además, quién le devolverá al
pueblo el dinero de los que saquean el erario público, en base a coimas,
licitaciones amañadas, el abuso de las contrataciones directas y los
grandes negociados que se fraguan en las altas esferas del Estado?
A pesar de la intimidación, el chantaje y
la represión el SUNTRACS jamás se apartará de su camino en la defensa
de los sagrados intereses de la clase trabajadora y del pueblo panameño.
Adjuntamos pruebas de las masacres del
Gobierno de Martinelli. No podemos, como ustedes, adjuntar facturas ni
cotizaciones, porque las vidas humanas no tienen precio.
Atentamente,
Por la Junta Directiva del SUNTRACS
Saúl Méndez R.
Secretario General
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