Este lunes 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos
Humanos, FRENADESO se movilizará y presentará informe al país.
Ecologistas han señalado que los
pobres, sobretodo las comunidades campesinas e indígenas, no saben de
economía ambiental ni de economía ecológica, pero su lucha por la
preservación de la naturaleza, por el equilibrio sociedad-naturaleza,
está sentado sobre su lucha por la supervivencia. La lucha por la
supervivencia hace a los pobres conscientes de la necesidad de preservar
los recursos.
Las situaciones de desastre en el mundo,
causadas por eventos de origen antrópico, están generando un impacto
creciente evidenciado en el número de personas afectadas; las pérdidas
de salud, las dramáticas cifras de muertos e inocultables efectos
negativos en lo social, lo económico, la infraestructura, el medio
ambiente, los bienes, la organización de los sistemas, la
sustentabilidad y el progreso de las sociedades.
En Panamá, las catastróficas
inundaciones del fin de semana pasado han reiterado la profunda división
de la sociedad panameña y el desinterés gubernamental por atender las
demandas sociales y ambientales de los pobres.
La insistencia del gobierno en
‘modernizar’ la urbe (cinta costeras, grandes centros comerciales,
residenciales de lujos, complejos hoteleros, etc.), ha llevado a
desordenamiento urbano, producto de la aprobación por parte de las
autoridades de rellenos de manglares, destrucción de humedales,
desviación de cauces de ríos y quebradas, permiso de construcción en
áreas inundables, etc., cuyo impacto negativo cada vez con más
frecuencia afecta a los pobres, pues son las víctimas de los desastres y
son quienes terminan pagando las supuestas ‘indemnizaciones’, que en la
mayoría de los casos no las reciben ellos.
Es decir, las inundaciones ponen en
evidencia, una vez más, que la élite política y económica del país vive
de espaldas a la realidad de la mayoría, mientras el país se hunde. La
institucionalidad que debe guardar los derechos ambientales y la
seguridad ciudadana, resulta cómplice de las prácticas depredadoras del
ambiente, lo que resulta paradójico, pues se supone que el MIVI pasa a
MIVIOT y cuando se supone que contamos con una ANAM y un SINAPROC, que
deben velar por el cumplimiento de las normas en esta materia.
Ambientalistas y ecologistas han hecho
un llamado sobre la necesidad de una política de Estado que contemple la
gestión del riesgo, la inversión en desarrollo y la prevención, y que
permita reducir este tipo de desastres cada vez más recurrentes; sin
embargo, tanto el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como el sector
empresarial, cada vez más flexibilizan la legislación ambiental, a fin
de garantizar mayores ganancias, aunque ello signifique poner en riesgo
la vida de miles de panameños y atentar contra el ecosistema.
Con doble moral, éstos a la hora de los
desastres, ya no tan naturales, aparecen en los medios de comunicación
social entregando donaciones, montados en botes, cargando y limpiando
escombros. Es decir, cobrando raiting político, electoral y hasta moral.
Es más, el gobierno aprovecha para utilizar el ‘ahorro nacional’, FAP,
al adelantar su entrada en vigencia, larga aspiración de éstos para
cubrir el hueco fiscal.
Las dudas sobre el uso adecuado del
fondo son crecientes, ante un gobierno envuelto en corrupción,
licitaciones amañadas, sobrecostos. En el 2010, inundaciones en Chepo,
terminó manejando una partida superior a los $149 millones, sin que
muchos de los pobladores afectados hayan sido indemnizados.
¿A cuánto aspira en estos momentos?, la
cuantía de los daños aún se desconoce, sin embargo el viceministro del
MEF, Omar Castillo, señala que tendrían acceso hasta $500 millones.
En medio de ello, las empresas
cuestionadas por el desastre pasaron agachadas (no fueron juzgadas, ni
indemnizaron a los afectados ni al Estado), entre otras AES.
Lo sucedido, no cabe duda, constituye un
resultado de la desprotección del ambiente que atenta contra la vida
digna de los pobres. Sin duda los intereses económicos de un reducido
grupo siguen prevaleciendo en las decisiones del gobierno.
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI
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