Este Gobierno ha tomado el camino de sus
antecesores al pretender acallar las voces de quienes demandan la
atención de los problemas sociales, que luchan para que se respete el
medioambiente y la tierra, que cuestionan los casos de corrupción
(pasada y presente) sin que exista un proceso real de investigación y
condena a corruptos y corruptores; que cuestionan la impunidad y falta
de justicia para los pobres.
¿Por qué en medio de jornadas de
protesta de los sectores sociales el Gobierno entrega a la Policía
Nacional beneficios que le niega al pueblo? Primero, Varela entregó dos
ajustes salariales a los policías, beneficiando considerablemente a los
comisionados y subcomisionados, en el último ajuste con aumentos entre
1000 y 1700 balboas mensuales. Segundo, otorgando jubilaciones
anticipadas con pensiones de 7000 balboas mensuales, que representan
para las finanzas del Estado una cifra superior a los 8.4 millones de
dólares, que pagaremos todos los trabajadores con nuestros impuestos,
para un grupo que a la fecha representa 10 oficiales que ocupan cargos
de mando y jurisdicción en el Gobierno central.
Todo ello, contrario a lo que sucede con
la mayoría de los trabajadores que para conseguir ajustes salariales se
ve en la necesidad de acudir a la lucha. Igualmente, mientras a los
asegurados se les pretende imponer un nuevo paquete de medidas
paramétricas, entre ellas la disminución de pensiones (cambio en la
fórmula del cálculo), a la cúpula de los estamentos policiales se les
entrega como beneficio un retiro aún más anticipado a lo que por ley se
les establece.
¿Cómo puede Varela justificar estas
prebendas a la Policía Nacional? ¿Cuando la inseguridad ciudadana es
creciente, cuando algunos de sus miembros se han visto involucrados en
casos de narcotráfico? La única justificación es su accionar represivo
contra la población.
La evidencia demuestra que los Gobiernos
que no dan respuesta a las demandas sociales, acuden a la represión
como mecanismo de detener el descontento social, por ello su necesidad
de entregar prebendas al cuerpo represivo.
Este año, Varela en dos ocasiones:
huelga de los educadores y manifestaciones contra el proyecto de Barro
Blanco, manda a encuartelar a los uniformados. Toda acción de protesta
es reprimida (demanda de los pobladores para el acceso al agua potable y
solidaridad de los universitarios con la lucha del pueblo Ngäbe Buglé).
La represión deja como saldo en Gualaquita-Bocas del Toro 20 personas
heridas, 2 detenidos, afectación por el uso de gas pimienta dentro de
las viviendas, comunidad sitiada por la policía hasta la fecha. En el
caso de la comunidad de Nueva Providencia-Colón represión a los
pobladores y detenciones. En el caso de la Universidad de Panamá, además
de la represión y violación de la autonomía universitaria, se retiene a
la fuerza a los universitarios (colocación de candados en las puertas
de la Universidad por parte de la policía). Además, integrantes de la
Coordinadora Victoriano Lorenzo e indígenas que protestaban en la 5 de
mayo son violentamente reprimidos y detenidos, especial ensañamiento
contra mujeres y niños. En Viguí-Veraguas policías reprimen a indígenas
ngäbes. Aunado a ello, en distintos puntos del país amanecieron
apostados agentes de la policía y circularon en las redes sociales
supuestas acciones de protestas que pretendían ser utilizadas para
justificar el estado policiaco en el país.
Este accionar del Gobierno confirma su
incapacidad para atender las demandas sociales, pues sigue aplicando el
modelo neoliberal a ultranza, tal como lo hicieron los Gobiernos que lo
antecedieron, y sigue actuando en función de los intereses de los grupos
de poder económico.
Ante la desatención a las demandas
sociales de la población, la violación a los derechos humanos, la falta
de justicia para los pobres, la única salida real para acabar con este
estado de situación, obligantemente pasa por crear las condiciones para
que el pueblo pueda autoconvocar a una Asamblea Constituyente Originaria
soberana con plenos poderes, capaz de fundar una nueva república.
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