Se anuncia, nuevamente, el primer debate
de la Asamblea Nacional de Diputados del paquete de reformas electorales
propuesto por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).
En ese sentido, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) quiere expresar algunos puntos de vista:
Aún cuando consideramos loable y sincera
la actuación de algunos miembros de CNRE en su intensión de lograr un
proceso electoral más democrático y participativo, este esfuerzo quedó
desvirtuado por la presión ejercida por la Partidocracia para imponer
sus intereses.
En tal sentido, el propósito de
establecer topes al financiamiento privado, en un ambiente reconocido
por el propio Ejecutivo de que dinero del narcotráfico ha contribuido a
financiar a partidos y políticos tradicionales, ha quedado en entredicho
por su ambigüedades y contradicciones. Se establecen topes al
financiamiento privado en la campaña electoral, pero el financiamiento
privado postelectoral en su regulación de recaude total por partido,
es una puerta abierta a intereses económicos, como del narcotráfico y
continuar el mal endémico del clientelismo en todas sus
antidemocráticas formas.
El financiamiento público se eleva a la
cifra de 100 millones de dólares y hay propuestas de aumentarlo a 200
millones, y su repartición no sería equitativa pues entrega a los
partidos tradicionales astronómicas sumas basadas en los resultados de
las elecciones de 2014, reconocidas como una de las más fraudulentas y
clientelistas de los últimos tiempos.
Basar esta repartición en función de esos resultados de 2014 sería premiar la corruptela y el clientelismo.
La fórmula que se plantea permitiría a
alianzas, como el Pacto de Gobernabilidad que controla la Asamblea,
quedarse con casi 2/3 del financiamiento público. Y si, además, logra el
control del otro partido de “oposición”, sería casi el 100% del
financiamiento público, lo cual constituiría algo así como “apaga la luz
y vámonos”, una gran maleantería o farsa electoral.
Además, los diputados no pueden ser juez
y parte, y menos cuando hablamos de individuos que como órgano del
Estado, se han repartido casi mil millones en los últimos 40 años para
hacer clientelismo político (solo del PAN 420 millones en la
administración pasada) y según denuncias cada uno posee más de 80 mil
dólares para nombrar botellas y activistas comunitarios sin que el
Contralor diga o haga algo.
Por tal razón, expresamos que una
decisión de tal naturaleza solo puede corresponder al pueblo mediante
una consulta popular, es decir, un referéndum.
Somos del criterio, que la campaña
electoral (incluida la publicidad) debe ser financiada exclusivamente
con fondos públicos, cuyos montos no deben ser onerosos para el pueblo y
distribuidos de manera igualitaria. Lo que proponemos es que las
elecciones dejen der ser el gran negociado de publicitarias y medios de
comunicación. Que dejen de ser un reality show o concurso de belleza y
falacias, y se conviertan en verdad en un gran debate nacional sobre
propuestas concretas de cómo resolver los grandes problemas nacionales.
Hoy el temor a debelar las causas y contradicciones del sistema se
disfraza con costosas propagandas vacías de contenido.
Para ello sería importante, también,
reducir la campaña electoral a solo un mes para evitar el desgaste y la
descarada compra de votos con recursos del Estado o dinero proveniente
de dudosas fuentes. Evitemos que siga siendo el dinero y el derroche de
los recursos del estado, el determinante electoral.
Las reformas en si están diseñadas a la
medida de los intereses de la Partidocracia, prevalece el objetivo de
preservar un sistema político en decadencia, donde a los ojos del
Tribunal Electoral, la Fiscalía y los magistrados han florecido la
narcopolítica y se ha recrudecido el clientelismo electoral.
Y eso sigue siendo así puesto que, a
pesar de las denuncias actuales del uso de recursos del Estado y la
presión gubernamental en elecciones internas de los partidos, ninguno de
los organismos antes mencionados han actuado, por lo que es fácil
suponer que lo que nos espera en el 2019 puede ser igual o peor a lo
acontecido en la campaña electoral de 2014.
La crisis del sistema electoral, al
igual que la podredumbre del resto de las instituciones solo podrán ser
resueltas mediante la convocatoria por parte del pueblo soberano de una
Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes. Exigimos que el
tema electoral lo decida el pueblo en amplio debate. No puede quedar en
manos de una Asamblea de Diputados altamente cuestionada y promotora del
clientelismo, la decisión sobre el tipo de democracia que aspiramos los
panameños.
FAD
FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA
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