El sistema electoral panameño se caracteriza por la existencia de partidos políticos sin plataforma ideológica
El sistema electoral panameño se
caracteriza por la existencia de partidos políticos sin plataforma
ideológica, que basan su accionar en el paternalismo y clientelismo,
controlados por pequeños grupos elitistas y cúpulas oligarquizadas con
claros intereses económicos y financieros, alejados de un proyecto de
desarrollo nacional incluyente que se plantee, como objetivo
fundamental, la transformación de la sociedad, que elimine las
condiciones de vida deplorables que afectan a una gran parte de la
sociedad panameña.
Se ha constituido una práctica que luego
de cada proceso electoral se inicia una revisión del Código Electoral,
cuyos objetivos y resultados pretenden determinar y corregir las fallas
del sistema que se identifican en las elecciones.
Esta práctica ha traído como
consecuencia que la mayoría de las modificaciones que se han
implementado beneficie a los partidos tradicionales, los que se
convierten en juez y parte y, utilizando su poder en la Asamblea,
imponen su aprobación, culminando el proceso de reformas con un
resultado que excluye cualquier intento por lograr la apertura o
democratización del sistema electoral panameño. De esta manera, se ha
mantenido como base esencial de la participación política, el principio
de la partidocracia, es decir, un sistema en el que imperan los
intereses de grupos reducidos de personas que deciden las reglas del
juego a favor de los propios partidos tradicionales.
El Frente Amplio por la Democracia
(FAD), partido en formación, frente a la actual propuesta de reformas al
Código Electoral ha señalado que: ‘El financiamiento público y privado
del proyecto de ley presentado a la Asamblea está diseñado para que
continúe el control de la partidocracia y el poder económico en el
proceso electoral, estableciendo graves obstáculos a la formación de
cualquier opción participativa de sectores populares que tengan un
pensamiento diferente a la ideología imperante. La inversión
publicitaria continúa siendo el elemento clave para que el elector tome
una decisión a la hora de votar, o el que más invierte más posibilidades
tiene de ganar. Se crean candidatos de la nada, se miente y se engaña,
campea el clientelismo con recursos del Estado, privados y cada vez más
provenientes de fuentes gansteriles. La práctica del dinero como
conciencia política y dominio ideológico, de las fuentes de poder
económico en mancuerna con el político, prevalecen sobre una real
democracia en contraposición a fomentar conciencia política, criterios
de crítica objetiva, la identificación ideológica con un partido como
factor real de cambio, así como entender las causas que producen y
generan el deterioro social, humano y ecológico’.
Igualmente en su denuncia, el FAD
señaló: ‘Constituye una ofensa inaudita a las necesidades del pueblo
destinar 100 millones de los fondos públicos para el financiamiento de
los partidos políticas y las candidaturas. El financiamiento público va
dirigido a beneficiar directamente a los partidos tradicionales en
desmedro de los partidos nuevos y las candidaturas de libre
postulación’.
En cuanto a la equidad de género, el FAD
sostiene: ¿Creen que con alternar candidatos y candidatas están
haciendo justicia de género? ¿Qué oportunidad de participar en
condiciones de equidad tiene la mujer luchadora de las comunidades que
busca solucionar el derecho a la vivienda, el derecho al agua potable,
el derecho a salud, educación gratuita y de calidad? La idea de equidad
no se trata solo de un componente cuantitativo. Implica un componente
ético completamente ignorado en estas reformas electorales. En esta
‘equidad de género’ no se ofrece a la mujer la justicia necesaria que le
permita acceder al derecho a gobernar (ver carta de DDHH).
El FAD rechaza cualquier proceso de
reformas al Código Electoral que no garantice un sistema que busque la
transparencia, la igualdad y proporcionalidad de las representaciones
que participen del proceso electoral, sin que los intereses y cálculos
politiqueros e injerencias partidistas sean los que definan sus
contenidos. De esto dependerá que el próximo proceso pueda tener algún
grado de legitimidad democrática.
Articulo de Genaro López
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO
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