La incapacidad del conjunto de las instituciones del Estado para
resolver la situación de crisis política, económica y social marca las
condicionantes de Estado Fallido en el país.
La crisis institucional se profundiza, los cuestionamientos a los
tres órganos son una prueba del estado en el que vive la nación
panameña. El Ejecutivo no solo muestra ineptitud, lentitud e
inoperancia, sino también pretende camuflar los diversos escándalos de
corrupción que comienzan a salir en ministerios e instituciones; al
igual que su posición sumisa frente a los grupos del poder económico. Un
Legislativo cada vez más deslegitimado y desgastado ante los escándalos
que van desde escenas de boxeo, uso de los recursos del Estado para
transportar sustancias ilícitas, sin independencia frente al Ejecutivo a
cambio de impunidad y prebendas, sostenedores de un pacto de no
agresión (investigación) entre Legislativo y Judicial, sometido al pacto
de gobernabilidad de la partidocracia. Un Órgano Judicial carcomido por
los escándalos de venta y archivo de expedientes, por declaraciones de
magistrados que demuestran la podredumbre que impera en la CSJ, con
fallos y medidas cautelares altamente cuestionadas, donde no se
investiga los involucrados en la corrupción allegados al Gobierno, donde
impera la justicia selectiva y elitista, donde se permite la violación a
los derechos humanos.
En esta crisis no escapa el Tribunal Electoral, organismos de
seguridad, medios de comunicación social, gremios empresariales, la
llamada sociedad civil (cuestionada por su adhesión al Gobierno) y la
partidocracia. Es decir, institucionalmente para donde dirijamos la
mirada encontramos más de lo mismo; para donde veamos la corrupción está
extendida. No existen mecanismos de control confiables, de
transparencia, de ética en el quehacer público.
En el marco de la crisis institucional aflora la sumisión de
gobernantes y empresarios a la vorágine del capital extranjero, ante una
burguesía parasitaria sin proyecto nacional, al decir de los
sociólogos. Lo que está sucediendo con la ampliación del canal y la
forma en que la Junta Directiva de la ACP ha enfrentado los reclamos, el
atropello y las ineficiencias de Sacyr (GUPC), ha costado y costará
millones de dólares al pueblo panameño. La ACP funciona como una
república aparte, como un nuevo enclave, a favor de los intereses de los
115 ultramillonarios, los mismos que en su momento se opusieron a la
lucha por nuestra soberanía y que acusaron a los luchadores sociales de
maleantes, revoltosos, subversivos y comunistas.
El otro caso, el de Minera Panamá, que en su campaña de manipulación
mediática cuenta con el apoyo de la cúpula empresarial, los mismos que
se burlaron de los trabajadores en Minera Petaquilla, sin pagarles
salarios, vacaciones y seguro social. Minera Panamá se opone a que los
trabajadores panameños, quienes han pedido que Suntracs los represente,
puedan defender sus derechos laborales (la Corte Suprema de Justicia
falló a favor del Suntracs). Incumple las leyes laborales nacionales
(como su antecesora, Minera Petaquilla), trafica con trabajadores
extranjeros, les quita los pasaportes, viola sus derechos humanos y
laborales (esclavitud en pleno siglo XXI). La empresa cree que vive en
otra república, en un enclave, y desconoce las leyes y los tribunales
nacionales, ante un Gobierno y Ministerio de Trabajo que se muestra
sumiso, presionado y chantajeado por la empresa mafiosa.
Tal como he planteado en otras ocasiones: ‘Estamos convencidos de que
no son los empresarios corruptos ni la ‘clase política’ hundida en el
latrocinio quienes pueden guiar al país por nuevos senderos éticos,
democráticos y de justicia social, pues son ellos —junto a sus socios de
las corporaciones transnacionales— los grandes beneficiarios de un
sistema jurídico-político moralmente pervertido, con el segundo peor
índice de distribución de la riqueza en el continente y excluyente en lo
socioeconómico y político’ (Frenadeso (2007).
Ante ello, el pueblo como soberano puede darse su propia normativa
jurídica y, haciendo uso de su Poder Constituyente, recrear el Estado,
puede convocar a una Asamblea Constituyente Originaria y Soberana, con
plenos poderes para barrer con la podredumbre moral existente en los
órganos de poder e instituciones de un Estado degenerado, acabar con la
impunidad, recuperar los fondos y bienes robados al Estado y castigar a
los corruptos y corruptores.
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