Por Dr. Fernando Cebamanos.
A espaldas de los pueblos de muchos
países se negocia el TISA (Tratado de comercio de servicios). Se está
negociando en secreto desde hace dos años por más de 50 países. Panamá
es uno de esos países. No se habla de ello. Hasta hace poco no se
conocía, pero poco a poco están saliendo informaciones. Wikileaks
publicó información. Y no son buenas.
Me referiré a las relacionadas con la
salud, pero abarca mucha áreas importantes de nuestros derechos
sociales. Brevemente, evitará que privatizaciones fallidas vuelvan a
manos del sector público, restringirá leyes y reglamentos nacionales en
áreas tales como la seguridad de los trabajadores y las regulaciones ambientales y de protección al consumidor, y restringirá la autoridad reguladora en áreas tales como la concesión de licencias de establecimientos de salud, centrales eléctricas, instalaciones de eliminación de residuos y la acreditación para universidades y escuelas.
Es un intento de liberalizar más los
servicios. Está apoyado un poderoso conjunto de empresas como Microsoft,
JP Morgan Chase, CHUBB, Deloitte, UPS, Google, Verizon, Walmart, Walt
Disney, IBM, la Asociación de Mercados Financieros e Industria de
Valores de los EE.UU., la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la
Asociación Estadounidense de Seguros, VISA y Bloomberg Financial
Information Services.
Desde el punto de vista ideológico no
hay nada nuevo. Se busca profundizar la tendencia de acabar con los
servicios públicos de salud y convertirlo en un sistema regulado por el
mercado. Los ciudadanos serán clientes de un mercado globalizado de la
salud.
Se busca aprovechar las deficiencias del
sistema de salud y ofrecer servicios en otros países para disminuir la
mora en diferentes áreas. Estas deficiencias son provocadas
produciendo falta de personal, equipos e insumos. Tienen marcado
interés en el mercado de los seguros privados pero también en los
derechos a la salud individual públicos. Bajo diferentes nominaciones
(privatización, turismo médico, etc.) lo que se ofrece es que las
personas reciban atención médica en el extranjero financiadas por
seguros privados o por la seguridad social.
Con esta modalidad el sistema público
contará con menos fondos, invertirá menos en instalaciones, personal y
equipos. Los fondos de los contribuyentes se transfieren a la atención
privada en otro país. Las deducciones fiscales por seguros privados
también se irían al extranjero. Los servicios de salud locales
funcionaran como exportadores de salud y serán “acreditados” para la
atención local, que terminará en centros privados, aumentando la
desigualdad en la atención de la salud.
Otra de las consecuencias de esta
macabra operación es que se podrían modificar los sistemas de
financiación de la salud, de un modelo solidario a cuentas individuales.
El cumplimiento de acuerdos estaría
subordinado a tratados de libre comerció de cumplimiento obligatorio.
Estas políticas han sido nefastas para países como los latinoamericanos.
Véase los graves problemas en la agricultura y en la producción
industrial nacional.
Las relaciones laborales serán
completamente modificadas para una nueva relación de carácter neoliberal
en la que no se respetarán los derechos y .el salario dependerá de la
“productividad”. Esto será igual para el resto de los trabajadores de
servicios públicos
En conclusión, urge una política de
desarrollo soberano que garantice los derechos sociales de los
ciudadanos. Esto no se logrará en diálogos de “concertación nacional”.
La organización independiente y las luchas de los sectores populares
podrán llevar a la convocatoria de una constituyente originaria con
plenos poderes para refundar una nueva nación de justicia y equidad.
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