En la base aeronaval de Punta Coco,
construida por el gobierno estadounidense en el año 2014, a un costo de
$73.5 millones, se edifica una prisión al estilo de la que poseen los
gringos en su base militar e ilegal de Guantánamo, Cuba, denunciada como
una vergüenza para la humanidad por las graves violaciones a los
derechos humanos que allí se practican.
La cárcel de Punta Coco
La cárcel que se levanta en la isleta de
Punta Coco, a 107 km de la ciudad de Panamá, es manejada por el
Servicio Aeronaval y SENAFRONT, es decir la Policía Nacional, y no por
el Ministerio de Gobierno al que está adscrita la Dirección General del
Sistema Penitenciario Nacional.
Según las autoridades se trata de una
cárcel ¡PREVENTIVA! para delincuentes de alta peligrosidad. Es decir que
se trata de personas que sin ser condenadas aún por delito alguno, se
les aísla totalmente de sus familiares y abogados quienes para poder
visitarlos tienen que afrontar peligrosos riesgos al transportarse en
lachas o sufragar onerosos gastos al hacerlo por vía aérea a la Isla de
Rey, para de allí tomar una lancha.
Esta prisión ya es conocida como la
nueva Coiba, en referencia a la tenebrosa isla penal que fue clausurada
en 1998 después de la decapitación de varios reos durante un
enfrentamientos entre bandas de delincuentes y donde no se aclaró nunca
el papel jugado por la policía.
En Punta Coco los reos se les aloja en
pequeñas celdas, sin agua potable ni luz eléctrica, se les permite salir
al patio por 40 minutos, solos, y no todos los días, sino cuando tienen
que lavar sus ropas. Son custodiados por unidades de la policía y no
por custodios penitenciarios. En el lugar se indica que puede sentirse
un calor infernal, de acuerdo a informes de los familiares, abogados y
la Defensoría del Pueblo. Los reos no tienen contacto físico con sus
familiares cuando estos logran visitarlos luego de afrontar todo tipo de
vicisitudes.
Los abogados cuando visitan a sus
clientes son sometidos a una revisión denigrante, a uno de ellos se le
obligó desnudarse. En esas condiciones de aislamiento no hay defensa
legal posible.
Retroceso en materia de derechos humanos
Varias voces se han levantado frente a
lo que es sin duda una regresión en materia de derechos humanos luego de
la demolición de la Cárcel Modelo y el cierre de la Isla penal de
Coiba. La Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados,
otros organismos de derechos humanos y representantes de la llamada
sociedad civil que se supone tienen un espacio en el gobierno, han
denunciado que con la construcción de esta cárcel el Gobierno de Varela
viola la Constitución y las leyes nacionales, y transgrede varios
convenios internacionales en materia de derechos humanos por lo que
solicitan su cierre, pero el gobierno se ha hecho de oídos sordos, como
también ha ignorado el reciente informe presentado por la Defensoría del
Pueblo tras una visita a dicha isla.
Es más, el Gobierno ha incumplido su
palabra. Ante las airadas críticas por la edificación de esta prisión,
el 15 de abril de 2015, hace solo tres meses, el Ministro de Gobierno,
impulsor del nepotismo y cuyo hermano, el ex ministro de la Presidencia,
Roberto Henríquez, se haya implicado en los casos de corrupción del
PAN; afirmó (de acuerdo a información de la Estrella de Panamá): “no
sería conveniente utilizar las instalaciones de una base aeronaval para
convertirla en un penal. En su lugar, la propuesta que le ha dado el
Gobierno al presidente Juan Carlos Varela, dueño de la idea del penal
insular, es habilitar dos pabellones de máxima seguridad en el centro
penitenciario La Gran Joya”.
Ahora el Ministro afirma que los reos seguirán en Isla Coco y que se proyecta trasladar a otros a ese sitio tan cuestionado.
¿Qué llevó al gobierno a contradecirse
abiertamente? No descartamos presiones gringas en este tema. Para la
edificación de la prisión se destinaron 200 mil dólares.
Esta medida se puede aplicar en un futuro a los luchadores sociales
La prisión “preventiva” de Punta Coco se
puede convertir en un precedente funesto. No se trata de defender
delincuentes. Se trata de un tema elemental de derechos humanos, una
afrenta a la dignidad humana que se puede aplicar mañana a luchadores
sociales o a ciudadanos de otros países, al estilo de los procesos
extrajudiciales que aplica Estados Unidos (rendición extraordinaria)
donde sospechosos de terrorismo son secuestrados y enviados a cárceles
clandestinas en otros países (centros clandestinos de detención de la
CIA), donde son sometidos a torturas y tratos crueles, siendo muchos de
ellos, como se ha comprobado, inocentes de los cargos que se le imputan.
La situación que padecen muchos de estos
prisioneros, los inducen al suicidio y otros son ejecutados impunemente
por sus custodios. ¿Es lo qué se quiere en la base de Punta Coco?
Aquí mismo, en Panamá, en octubre de
1996, varios manifestantes de desempleados de Colón, durante el Gobierno
de Pérez Balladares, fueron condenados a 20 días de arresto en la Isla
Penal de Coiba y más recientemente, hace solo 5 años, durante los 26
meses de Gobierno de Martinelli-Varela, más de 200 panameños fueron
arrestados durante las protestas contra el 7% de ITBMS, y por órdenes
del Alcalde panameñista, Bosco Vallarino, el coimero del video difundido
por los medios, sin mediar procesos en su contra y sin ser condenados
por delito alguno, se les recluyó en las cárceles de La Joya y La Joyita
en abierta violación a la Constitución, al Código Penal y a los
derechos ciudadanos.
Solo este fin de semana se denunció que
policías (no de menores) allanaron residencias y se llevaron a jóvenes
supuestamente implicados en los hechos del Instituto Nacional y
conducidos al Centro de Cumplimiento de Menores de Arco Iris, Colón, de
manera preventiva por los 9 meses que dure la investigación y no se les
ha permitido contacto con sus familiares y abogados. Entre los detenidos
se mencionan estudiantes que no estuvieron implicados en acto alguno,
de acuerdo a numerosos testigos entre estudiantes y personal docente,
pero las autoridades, como en el pasado, utilizan la situación para
deshacerse de las voces críticas del movimiento estudiantil, inventando
cargos o chantajeando.
No faltan grupos o llamados
comunicadores sociales al servicio del Gobierno, quienes salen a
defender este atentado a los derechos humanos aduciendo que los reos de
Punta Coco se merecen eso y más. Son los mismos argumentos de quienes
aplaudieron las muertes por quemaduras en el Centro de Cumplimiento de
Menores de Tocumen, durante los 26 meses del Gobierno conjunto
Martinelli-Varela, por parte de agentes de la Policía Nacional. Hoy se
celebra el juicio por este horrendo suceso captado por las cámaras de
televisión y esperamos que no se trate de otro crimen en la impunidad.
La cárcel de Punta Coco es un monumento a
la incapacidad y a la desidia de las autoridades que por años no han
podido frenar el alto índice de inseguridad y de criminalidad en las
calles. Es una manifestación más de la justicia selectiva que dan un
trato preferencial a los delincuentes de saco y corbata que al resto de
los ciudadanos.
Al mejor estilo del Chapo Guzmán
Con esto también se pone de manifiesto
la profunda crisis del sistema penitenciario nacional, la corrupción que
la carcome, donde algunos de los detenidos en Punta Coco en su momento
pudieron escapar de La Joya y la Joyita saliendo por la puerta de
enfrente, como Pedro por su casa, pagando cuantiosas sumas de dinero a
altos mandos policiales y custodios, al mejor estilo del Chapo Guzmán.
De ello no se habla.
Las cárceles de Panamá no son centros de
rehabilitación sino universidades del crimen. En muchos casos los
grandes capos de la mafia logran sortear la justicia gracias a la
complicidad de policías y autoridades. Las cifras oficiales reconocen
que más del 60% de los asesinatos que se cometen en Panamá, quedan en la
impunidad y siguen en aumento.
Como sociedad no podemos ignorar lo que
acontece en Punta Coco. Hacemos nuestras las memorables palabras
pronunciadas por el Papa Francisco en Bolivia durante su reciente gira
por varios países hermanos de Suramérica:
“Reclusión no es lo mismo que
exclusión”…. “Son muchos los elementos que juegan en su contra en este
lugar, lo sé bien: el hacinamiento, la lentitud de la justicia, la falta
de terapias ocupacionales y de políticas de rehabilitación, la
violencia”.
Importante tarea en el proceso de reinserción, “Tarea
de levantar y no rebajar; de dignificar y no humillar; de animar y no
afligir. Proceso que pide dejar una lógica de buenos y malos para pasar a
una lógica centrada en ayudar a la persona”… Esta actitud, agregó el pontífice argentino, “generará mejores condiciones para todos. Ya que un proceso así vivido nos dignifica, anima y levanta a todos”.
Exigimos el cierre inmediato de la cárcel de Punta Coco.
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