Según datos oficiales la población
indígena en el país representa el 12.3 %, unas 417 559 personas. De
éstas, el 96 % vive en pobreza, entre ellas el 69 % de la niñez
indígena.
Los pueblos originarios panameños han
reivindicado durante más de cinco siglos, sus derechos colectivos, el
derecho a la tierra y al territorio y en los últimos años, el derecho de
usufructuar sus recursos conforme a sus costumbres. Los pueblos
originarios de Panamá (Emberá, Wounnan, Gunas, Buglés, Ngäbes, Nasos y
Bribris), sus relaciones sociales y de producción están directamente
vinculadas a la posesión de las tierras. Por eso vienen luchando por sus
derechos y por sus recursos naturales.
Panamá tiene una enorme deuda social con
los pueblos originarios. En un país que presenta en los últimos años
tasas de crecimiento económico positivas, los pueblos indígenas viven
las mayores carencias en materia de acceso a los servicios sociales
básicos. No bastando con la expulsión histórica de sus territorios y con
marginarlos en ocasiones en tierras poco fértiles, en numerosas
ocasiones sus derechos son vulnerados a favor de proyectos económicos
que se intentan legitimar en nombre del ‘progreso y de beneficiar a las
mayorías’. En realidad, a favor de los consorcios transnacionales de las
hidroeléctricas y minerías.
Es el caso de los Ngäbe-Buglé, pueblo
cruelmente reprimido con saldo de varios muertos en el 2012 bajo la
administración Martinelli-Varela, continúa en la lucha contra el
proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco (Tolé-Chiriquí), con efectos en
el distrito de Müna, región Kädriri, comarca Ngäbe Buglé, inundando
aproximadamente 10 hectáreas de territorios indígenas (El área de
influencia alberga a comunidades indígenas y campesinas). El proyecto
pretende una generación hidroeléctrica con capacidad instalada de 28.56
MW. Este proyecto fue dado en concesión a la empresa GENISA bajo la
administración de Martín Torrijos del PRD, fue defendido a capa y espada
por Martinelli y hoy por Varela.
En el caso de los Gunas, Varela ha
planteado la construcción de la carretera Mortí-Mulatupu y fijar en esta
vía la ruta para establecer la construcción de la línea de
interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia (proveer unos 400 MW),
que debe iniciar operaciones en el 2019.
¿A qué y quién responde esta ‘necesidad’
energética? En primer lugar a un modelo de crecimiento económico
derrochador de energía. En segundo lugar, a los intereses de las
empresas transnacionales que impulsan el Plan Puebla Panamá (Hoy
Iniciativa Mesoamericana), la cual incluye la generación eléctrica como
pilar del crecimiento comercial, el consumo suntuario y las máximas
ganancias empresariales. Estos proyectos constituyen la nueva forma del
despojo a los pueblos originarios.
En resumidas cuentas, la mayoría de los
territorios donde se encuentran los sitios elegidos para la instalación
de las hidroeléctricas habitan pueblos originarios. Y al igual que en el
pasado, la función que cumple el Estado es una política colonizadora
que permite la invasión de territorios por parte de las transnacionales.
Frente al atropello que viven las
comunidades indígenas en Panamá, en la propuesta de Plan de Gobierno del
FAD (2014-2019), se planteó en cuanto a los recursos naturales y
ambientes, en las áreas indígenas, que el Estado debe establecer
políticas claras y consultadas de coordinación y co-manejo, dando
prioridad a los indígenas en la administración y manejo, con
responsabilidad y asistencia técnica de ambas partes, respetando la
cosmovisión indígena. Todo proyecto debe incluir estudios de impacto
ambiental; estudios de impacto social, económico y cultural en la
región. Se debe asegurar la plena participación en la toma de decisiones
de la población indígena en sus regiones. Recuperar y fortalecer las
prácticas tradicionales de uso, manejo y conservación tradicional de los
bosques, cuencas hídricas y demás recursos naturales.
* Genaro López. SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
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