Es la primera marcha masiva de caracter nacional en el Gobierno de Juan Carlos Varela.
Mientras Juan Carlos Varela pronunciaba su discurso en la ONU, en
Panamá se celebraba la primera marcha masiva de carácter nacional en su
Gobierno.
Hablamos de la Marcha contra la Impunidad, siendo el detonante de la
misma el aberrante fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso en las
calles al criminal de Rogelio Ramos (Juana Peña), autor intelectual del
asesinato del obrero del SUNTRACS Osvaldo Lorenzo, hecho acsaecido el
14 de agosto de 2007, en las instalaciones de ODEBRECHT en el proyecto
de Autopista Panamá-Colón.
Juana Peña fue hallado culpable por un Jurado de Conciencia y
condenado a 20 años de prisión. La condena fue ratificada en junio de
2010 por un fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El
12 de septiembre, la Sala Segunda de lo Penal, sin comunicar a las
partes, determinó anular el fraude en lo que se considera un exabrupto
jurídico y un acto de corrupción que imlica a los magistrados Luis Mario
Carrasco, Víctor Benavides y Harry Díaz.
La marcha llegó a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en
Ancón, la misma que fue calificada por el ex magistrado Camilo Pérez,
como un potrero lleno de garrapatas.
Este hecho se inserta en los numerosos casos de impunidad que se han
dado en el país como los escándalos del CEMIS, PAN, Finmecanicca,
Financial Pacific, los envenenados por dietilenglicol, los neonatos, la
bacteria KPC, los sobre costos en la Ampliación del Canal y otros
proyectos del Estado; las masacres de Changuinola, San Félix y Colón;
los obreros del SUNTRACS asesinados, los robos en la Caja de Seguro
Social (CSS), AMPYME, MEDUCA, MIDES, Asamblea de Diputados, Juntas
Comunales; los negociados en el gobierno, el fraude electoral, los
jóvenes quemados en el Centro de Cumplimiento de Menores; los policías
que asesinaron a los niños indostanes en San Carlos, los casos de abuso y
represión policial, el asesinato de los jóvenes pescadores a manos de
la policía, el crimen de la empresaria Eleta por agentes del SPI, la
exagerada compra de armamentos antidisturbios, el caso de la
contaminación del Río La Villa con atrazina, entre otros.
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