Al igual que Martinelli, en su campaña electoral Varela prometió
reducir el costo de los alimentos, utilizando otro mecanismo ‘control de
precios de emergencia’.
Recién pasadas las elecciones del
2009 resonaba en el oído de los panameños la crucial promesa de campaña
electoral de Ricardo Martinelli ‘reducir el costo de la canasta básica
de alimentos’. Cuando comenzó la administración Martinelli (junio 2009),
la canasta básica de alimentos costaba $268.20 mensuales, cinco años
más tarde (marzo 2014) su costo asciende a $336.54 mensuales, es decir
$68.34 más, lo cual merma el poder adquisitivo de los hogares panameños,
golpeando severamente su calidad de vida.
Hoy, pasadas las elecciones del 2014,
nuevamente una de las grandes preocupaciones de los panameños es el
costo de la canasta básica de alimentos, el cual crecen
vertiginosamente.
Al igual que Martinelli, en su campaña
electoral Varela prometió reducir el costo de los alimentos, utilizando
otro mecanismo ‘control de precios de emergencia’.
Pasadas las elecciones ya existen dos
hechos contundentes frente a la medida de regular precios propuesta por
Varela. Primero, no existe sustento técnico en la propuesta, por lo
menos fue lo expresado por Dulcidio De La Guardia, próximo ministro del
MEF, quien delante de los medios de comunicación social adelantó la
necesidad de contratar una consultoría privada que realizará el estudio
para determinar la formula a seguir. De ello cabe preguntarse: ¿Cuál es
la base que determinó 22 productos de los 50 que componen la canasta
básica de alimentos? ¿Cuál es la base de los supuestos $58 mensuales que
colocará en el bolsillo de los panameños? ¿Se consideró que 22% de los
productos de la canasta de alimentos son importados? ¿Qué sucede con el
tema de la seguridad y soberanía alimentaria?
En segundo lugar, el sector empresarial,
sector al cual responde el gobierno entrante, ha manifestado que ‘en un
mercado de libre oferta y demanda, el control de precios podría ir
contra la libertad económica’, discurso panfletario que conduce a la más
completa indefensión de los consumidores que se ven violentados por el
accionar de las instituciones que están llamadas a la defensa del
consumidor. Como resultado es cada vez mayor la población que ve
deteriorada su calidad de vida, al punto tal que uno de cada cuatro
niños esta desnutrido.
Estos dos elementos dejan entrever que
la medida de aplicarse será reduccionista. Mientras tanto, la conducta
especuladora de los empresarios ya se deja sentir, a través del aumento
de los precios de los principales alimentos de consumo de la población
(arroz, carne, pollo, etc.). Con ello, pretenden que el precio de
referencia, de congelarse los precios, sea el especulativo. Dado lo
anterior, cualquier medida de control de precios tiene que estar
acompañada de una reducción de los precios, a fin de garantizar la
eliminación de los precios de especulación que se ha generado, no de
ahora, sino desde hace varios años producto de una estructura
oligopólica en la cadena de distribución y comercialización. La
respuesta al problema del costo de vida es disminuir y congelar los
precios de los artículos de primera necesidad, eliminar las estructuras
oligopólicas del mercado, promover el agro y decretar un aumento general
de salario. De no gestar esta relación, el pueblo una vez más será
objeto de las falsas promesas de la partidocracia.
El pueblo ya no aguanta más el elevado
costo de la vida que le imponen autoridades con la complicidad de
gobiernos 100% empresariales, que día a día solo piensan en dar todo más
caro sin pensar que cada vez es más difícil para una familia poder
comprar los alimentos suficientes para tener fuerzas para estudiar,
trabajar y para hacer una serie de actividades.
Es necesario redoblar los esfuerzos de
organización. En este sentido debe incrementarse la lucha para exigir al
nuevo gobierno que de una vez por todas se atienda el problema del alto
costo de la vida, provocado por el accionar inescrupuloso de dueños de
supermercados y cadenas distribuidoras. No debemos permitir que se siga
atentando contra el derecho a la vida digna de los panameños.
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