Panamá: Políticos sin Ética

La relación entre ética y política ha sido siempre un tema inevitable por una razón esencial, ambas, al menos en su sentido filosófico y desde su propia identidad, tienden al mismo fin, el bien. Para los griegos, era un sinsentido la existencia de la política sin la ética, porque toda política, debe ser una ética en su desarrollo. Estas ideas elementales con las que los griegos fundaron la Filosofía, la Ética y la Política, siguen siendo la justificación racional y moral del poder, a pesar de haber sido reiteradamente violentadas por los hechos y sus actores.

Entre los tipos de fines que hay que distinguir en la acción de ser político se encuentra los fines de la colectividad como tal, lo que se llama genéricamente el bien común.

No obstante, las repetidas violaciones del poder a la razón y la ética, nunca antes, sino hasta ahora, se ha pretendido justificar el poder por el solo hecho de existir, mutilándolo de todo referente moral. Esta es la gran ruptura ética de nuestro tiempo que plantea un desafío que por su profundidad y dramatismo no tiene precedentes.

En lo que concierne a Panamá, habría que decir que junto a las exigencias, respecto a la política y la democracia, hay que considerar circunstancias específicas que están en el origen mismo de la formación del Estado nacional. La era republicana en nuestro país se inicia a partir de una ficción jurídico-política y de una fractura ética.

La astucia del poder económico para hacerse del poder político y la ruptura ética fue, precisamente, no enfrentar el modelo político institucional, que suponía, no obstante, la existencia de una sociedad diferente, sino adoptarlo como propio en la retórica vacía de un derecho sin contenido real y en la demagogia de los discursos de los líderes políticos que iniciaban así una escuela para formar profesionales del engaño, dejando incólumes las estructuras económicas y sociales, en fin, una sociedad con todas sus injusticias y odiosos prejuicios.

Estamos viviendo una crisis de la política, que se manifiesta en el hecho de que los representantes no representan los intereses de los representados. Hay una crisis de legalidad y de institucionalidad, en la medida que se negocian la ley y las instituciones en los pactos políticos entre la partidocracia, que impone, entre otras cosas, la impunidad de los gobernantes. Hay una crisis de legitimidad, en el sentido que la ley y las instituciones, en aspectos esenciales no representan la voluntad general, sino el interés particular de los grupos de poder económico y político.

La utilización del chantaje y la difamación como fórmulas para ganar simpatías y adeptos hacia una propuesta electoral, no es nueva, ha sido un mecanismo plenamente utilizado por los distintos sectores de la partidocracia cuando están en el gobierno. Por ello no sorprende las grabaciones ilegales (cuyos contenidos revelan la estirpe de sus protagonistas), ni los pinchazos telefónicos (que evidencian la conducta ilegal de las autoridades); mecanismos éstos, utilizados tanto por tirios como troyanos. Es más el presidente de la República se da el lujo de señalar que existen más grabaciones. En unos y otros queda claro que de mantenerse la partidocracia en la conducción del gobierno, no habrá investigación alguna, todo quedará en la más absoluta impunidad. Este es el pacto de la partidocracia. En definitiva se trata de políticos sin ética, ni moral.

Frente a esta vergonzosa e indigna conducta de los políticos tradicionales, es necesario sustentar la recuperación de la legalidad y de la legitimidad en un nuevo Contrato Social del cual emane el sistema jurídico, político e institucional; siendo ello, solo posible, a través de una Constituyente Originaria con plenos poderes. Este es uno de los compromisos que el Frente Amplio por la Democracia (FAD) lleva en su programa de gestión de gobierno.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI – FRENADESO.