20 de Diciembre Campaña de Inscripción del FAD en el 23
aniversario de la Invasión.
Este 10 de diciembre se conmemora el
Día de los Derechos Humanos, fecha en la que se aprobó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (1948). Con el transcurso del tiempo, se han
desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos para asegurar la
primacía de los derechos humanos y para hacer frente a las violaciones
de los derechos humanos.
En Panamá, el balance del 2012 evidencia que los derechos humanos una vez más son violados. La violación se manifiesta en diversos órdenes de agresiones contra los movimientos sociales del país y por violaciones generalizadas a los derechos de las personas.
Sobresale este año la Masacre de Colón, que dejó como resultado cuatro muertos, 20 heridos de consideración y cientos de detenidos a los cuales se les violenta todo derecho a una defensa adecuada. Tal como sucedió con la masacre de Bocas del Toro, al pueblo Ngäbe Buglé y a los menores del Centro de Custodia, fuerzas ‘elites’ de la Policía Nacional demuestran con el uso de armas de guerra que su objetivo de ‘guerra’ es el pueblo panameño. Hasta la fecha estos crímenes y vejaciones contra la población se encuentran en la más completa impunidad. A los violadores de los derechos humanos hoy se les premia con cuantiosos aumentos de viáticos ($1,750 a la cúpula de la Policía Nacional), mientras que educadores de áreas de difícil acceso reciben $100 (pagados con retrasos).
A los trabajadores se les conculca el derecho a la organización sindical; a un salario que propenda a la vida digna; los procesos legales en materia laboral dan cuenta creciente de fallos que violentan el principio de favorecer a la parte más vulnerable y favorecen la ‘seguridad jurídica de las empresas’.
En el caso de los pobladores, son sometidos a la vulnerabilidad de las inundaciones ante la construcción de proyectos residenciales que no cumplen las normas técnicas (ambientales, arquitectónicas e ingenieriles), pues bajo la lógica del negocio sectores empresariales y de gobierno han entendido que ‘proyectos residenciales de interés social’ es sinónimo de ‘viviendas desechables’. Aunado a ello, viven el creciente desabastecimiento de acceso al agua potable.
Las muertes provocadas por la política de salud neo liberal se agravan, este año con los casos de la bacteria clostridium difficile, mientras que envenenados con dietilenglicol y víctimas de la bacteria KPC siguen clamando justicia.
Las mujeres siguen siendo violentadas. Institucionalmente las propuestas no han sido efectivas, en muchos casos son mediáticas. Así, hasta agosto de este año 26 mujeres fueron asesinadas, doce de ellas fueron por feminicidio. La discriminación contra la mujer, en lo laboral, es ejemplo de violencia a sus derechos.
La discriminación racial se convierte en una política creciente por parte de quienes se supone deben garantizar la protección de las personas (Policía Nacional), fundamentalmente contra obreros, indígenas y afrodescendientes, al igual que el trato extremadamente agresivo a las personas durante los patrullajes en barrios populares.
Las políticas antipopulares siguen, la corrupción (Panamá quedó en el puesto 83 de un listado de 176 países, lo que indica que la corrupción es ‘grave’) carcome todas las esferas públicas, mientras que la impunidad crece a pasos agigantados.
En medio de ello, el movimiento social panameño y dirigentes populares siguen enfrentado represión, persecución, escuchas telefónicas, encarcelamiento, que reflejan la política de criminalizar la protesta social.
Estos alarmantes resultados son los que llevan al gobierno de Martinelli a seguir en su carrera de remilitarización del país, de la cual realizaron despliegue en los desfiles patrios.
En este escenario debemos tomar conciencia de que la Declaración de los Derechos Humanos y su conceptualización integral, fue el resultado de la lucha que emprendieron las masas oprimidas. Que se cumplan con estos preceptos, demanda de las actuales generaciones, capacidad de organización y movilización que permita defender nuestros derechos individuales y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
En Panamá, el balance del 2012 evidencia que los derechos humanos una vez más son violados. La violación se manifiesta en diversos órdenes de agresiones contra los movimientos sociales del país y por violaciones generalizadas a los derechos de las personas.
Sobresale este año la Masacre de Colón, que dejó como resultado cuatro muertos, 20 heridos de consideración y cientos de detenidos a los cuales se les violenta todo derecho a una defensa adecuada. Tal como sucedió con la masacre de Bocas del Toro, al pueblo Ngäbe Buglé y a los menores del Centro de Custodia, fuerzas ‘elites’ de la Policía Nacional demuestran con el uso de armas de guerra que su objetivo de ‘guerra’ es el pueblo panameño. Hasta la fecha estos crímenes y vejaciones contra la población se encuentran en la más completa impunidad. A los violadores de los derechos humanos hoy se les premia con cuantiosos aumentos de viáticos ($1,750 a la cúpula de la Policía Nacional), mientras que educadores de áreas de difícil acceso reciben $100 (pagados con retrasos).
A los trabajadores se les conculca el derecho a la organización sindical; a un salario que propenda a la vida digna; los procesos legales en materia laboral dan cuenta creciente de fallos que violentan el principio de favorecer a la parte más vulnerable y favorecen la ‘seguridad jurídica de las empresas’.
En el caso de los pobladores, son sometidos a la vulnerabilidad de las inundaciones ante la construcción de proyectos residenciales que no cumplen las normas técnicas (ambientales, arquitectónicas e ingenieriles), pues bajo la lógica del negocio sectores empresariales y de gobierno han entendido que ‘proyectos residenciales de interés social’ es sinónimo de ‘viviendas desechables’. Aunado a ello, viven el creciente desabastecimiento de acceso al agua potable.
Las muertes provocadas por la política de salud neo liberal se agravan, este año con los casos de la bacteria clostridium difficile, mientras que envenenados con dietilenglicol y víctimas de la bacteria KPC siguen clamando justicia.
Las mujeres siguen siendo violentadas. Institucionalmente las propuestas no han sido efectivas, en muchos casos son mediáticas. Así, hasta agosto de este año 26 mujeres fueron asesinadas, doce de ellas fueron por feminicidio. La discriminación contra la mujer, en lo laboral, es ejemplo de violencia a sus derechos.
La discriminación racial se convierte en una política creciente por parte de quienes se supone deben garantizar la protección de las personas (Policía Nacional), fundamentalmente contra obreros, indígenas y afrodescendientes, al igual que el trato extremadamente agresivo a las personas durante los patrullajes en barrios populares.
Las políticas antipopulares siguen, la corrupción (Panamá quedó en el puesto 83 de un listado de 176 países, lo que indica que la corrupción es ‘grave’) carcome todas las esferas públicas, mientras que la impunidad crece a pasos agigantados.
En medio de ello, el movimiento social panameño y dirigentes populares siguen enfrentado represión, persecución, escuchas telefónicas, encarcelamiento, que reflejan la política de criminalizar la protesta social.
Estos alarmantes resultados son los que llevan al gobierno de Martinelli a seguir en su carrera de remilitarización del país, de la cual realizaron despliegue en los desfiles patrios.
En este escenario debemos tomar conciencia de que la Declaración de los Derechos Humanos y su conceptualización integral, fue el resultado de la lucha que emprendieron las masas oprimidas. Que se cumplan con estos preceptos, demanda de las actuales generaciones, capacidad de organización y movilización que permita defender nuestros derechos individuales y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
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