23/1/11

Panamá: Persisten abusos policiales y violación a los derechos humanos

A finales del 2009, advertimos que ‘cuando la impunidad se hace hábito en una sociedad, esa sociedad camina hacia el abismo’. Llamábamos a no permitir que ello siguiera imperando y expresábamos la necesidad de redoblar los esfuerzos a fin de que se iniciaran procesos judiciales sentados en el derecho, la ética y la justicia social. Obviamente, jamás pensamos que la sociedad panameña viviría experiencias tan amargas como la masacre de Bocas del Toro y lo acaecido en el Centro de Cumplimiento de Menores.

En ambos hechos se muestra la barbarie cometida por miembros de la Policía Nacional a los cuales se les favorece con indultos o nombramientos en cargos superiores, pese a que los informes de investigación evidencian el abuso policial. En el último caso, el informe de peritos señala que se trato de ‘una fuente de calor externa’ la que provocó el incendio y que por las características puede tratarse de una granada de gas lacrimógeno.

Esta práctica se viene repitiendo como si estuviéramos frente a hechos correctos y justificables. Para muestra: se absolvió a los miembros del SPI de la golpiza que estos propinaron a los familiares de las víctimas y sobrevivientes del envenenamiento masivo con dietilenglicol; elementos del SPI también están envueltos en el asesinato de la empresaria, Cristina García Eleta, en un incidente donde hicieron desaparecer el arma homicida; los policías acusados de asesinar al reo, Daniel Vela Rodríguez, tras un intento de fuga en La Joyita, fueron absueltos pese a que el forense demostró que la víctima al momento de su captura sufrió fuertes golpes en la cabeza que le causaron la muerte; el asesinato del miembro del SUNTRACS Luiyi Argüelles a manos de un sargento, donde los policías intentaron también ocultar el arma homicida; la muerte de los jóvenes pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez donde seis agentes de la Policía Nacional han sido indultados a pesar de plantar pruebas falsas; el caso de Clarissa Mabelis Urriola, de sólo 17 años y con tres meses de embarazo asesinada por miembros de la DIP; el asesinato del dirigente del SUNTRACS, Al Iromi Smith, por parte de una unidad Lince de la Policía Nacional, siguiendo órdenes del Mayor Diego De León, ascendido posteriormente a sub comisionado y nombrado por este Gobierno como jefe policial en Colón. En el caso de los menores calcinados en el Centro de Cumplimiento no existe detención alguna.

Sólo en noviembre del año pasado organismos internacionales de derechos humanos recriminaban al gobierno panameño por el estado de violación sistemática de los derechos humanos. Lo ocurrido el en el Centro de Cumplimiento de Menores originó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deplorando las muertes y graves lesiones que sufrieron los adolescentes, y su preocupación por que los agentes encargados de la seguridad del Centro ‘no actuaron con la debida diligencia para salvaguardar la vida e integridad personal de los adolescentes’. A pesar de ello, persisten los abusos policiales y las graves violaciones a los derechos humanos, sin que se lleve al banquillo de los acusados a los responsables.

En este contexto, convocamos a la marcha del 27 de enero partiendo del Parque Porras a las 4:00 p.m. La marcha es en defensa de la vida y los derechos humanos; por la crisis del agua que enfrentan las comunidades; por una investigación seria, independiente e imparcial sobre las graves revelaciones de WikiLeaks y la posible vinculación de altos personeros del Gobierno en el narcotráfico y otros delitos; contra el negociado de los Corredores con fondos de los asegurados y contra los intentos del Gobierno de quebrar la CSS para justificar su privatización; contra las reformas al Código Minero que buscan acentuar la política depredadora del ambiente. Para condenar el carácter autoritario del gobierno que en medio de estos problemas y otros, se haya más empeñado en perpetuarse en el poder, abusar de los viajes y las contrataciones directas, fomentar la persecución política y el terrorismo judicial, que en brindar soluciones reales a las necesidades del pueblo.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO
http://www.frenadesonoticias.org

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