Las televisoras y medios interrumpieron su programación. Hablaría Ricardo Martinelli, Presidente de Panamá. Todos conjeturaban sobre los temas a tratar. No podía ignorar el hecho de que en el día de hoy murió el quinto de los siete jóvenes recluidos en el Hospital Santo Tomás, tema que mantiene conmocionada a la ciudadanía y sobre el cual, luego de 2 semanas, el mandatario no había dicho nada.
Sus breves palabras fueron una burla al pueblo y a los familiares de las víctimas. De manera hipócrita sólo dijo que lamentaba los hechos, que el hecho no fuera utilizado políticamente, que el mismo no nos dividiera (tratando de mala manera de imitar a Obama en su último discurso sobre el atentado en Arizona).
No dijo nada de lo que el pueblo esperaba: La destitución inmediata del Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y del Director de la Policía, Gustavo Pérez, ambos responsables de los hechos al igual que de la Masacre de Bocas del Toro, junto a Didier Degracia, otro de los carniceros.
Los 7 quemados no participaron de las protestas de los reclusos por falta de agua y comida ese 9 de enero. Aún así, la Policía incendió la pequeña celda que llegó a alcanzar temperatura por arriba de los mil grados centígrados.
Pero en verdad Martinelli no podía decir mucho. El es el principal responsable de las arbitrariedades, abusos y atropellos de la Policía Nacional contra los derechos humanos del pueblo panameño.
Hata ahora no hay ningún detenido. El subcomisionado Luis Ortega, pese a estar ese día en el lugar de los hechos, no aparece en el listado entregado por la Policía Nacional. Sólo 2 agentes, que lanzaron las bombas lacrimógenas, se les concedió cuartel por carcel. El pueblo rechaza los chivos expiatorios y clama por Justicia.
El 2 de enero, una semana antes del horrendo episodio Martinelli expresó en la Asamblea de Diputados, flanqueado por el repudiadio Ministro Mulino:
“A esos delincuentes les declaré la guerra”.
“Ustedes no podrán contra el gobierno, contra la policía ni contra los panameños decentes”.
“Lo que les espera es el hospital, la cárcel, o el cementerio”.
Idénticas palabras había pronunciado exactamente un año atrás. En ningún caso habló de programas sociales, de hacer verdadera justicia, de resocialización, de planes dirigidos a sacar a la juventud del hampa organizada de la que según informes revelados hacen parte altos funcionarios de su gobierno, así como familiares y copartidarios suyos.
Tampoco dijo nada de la serie de chats que gente de su Gobierno y de la policía están enviando para juistificar este crimen de lesa humanidad ni de la campaña que el Gobierno viene fomentando contra FRENADESO, sectores de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y otras agrupaciones que han osado expresar su indignación frente a esta atrocidad.
Habló de matar, cual Sheriff del lejano Oeste. Y ahora tenemos las consecuencias de una Policía que actúa con crueldad, sadismo y desprecio a los seres humanos.
Una Policía que actúa así a sabiendas que Martinelli, gracias a la Ley 74 que impuso en contra de los acuerdos de la mesa tripartita que derogó la oprobiosa Ley Chorizo o Ley 30, les ha dado impunidad absoluta. Que le concedió indulto en el último año a 125 policías algunos de ellos procesados o condenados por caso de homicidio, incluidos los policías que asesinaron a los hermanos pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez, quienes además, según la Fiscalía, sembraron pruebas falsas y alteraron la escena del crimen; todo esto en combinación de un grupo de asesores legales y técnicos que sirven a la policía y se dedican a estos menesteres.
Algunos medios titularon que Martinelli exige Justicia. ¿A quién va a pedir, a un Ministerio Público que no goza de credibilidad, penetrado por la corrupción y el Narcotráfico, en estado de descomposición por las medidas adoptadas desde el Ejecutivo?
¿O a una DIJ adscrita a la Policía Nacional que va a investigar a los policías asesinos convirtiéndose en Juez y parte?
FRENADESO repudia la actitud cínica de Martinelli y junto al pueblo seguiremos exigiendo Justicia.
Por ello te invitamos este miércoles 26 de enero a la Corte Suprema de Justicia de Ancón donde interpondremos un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 74 de 2010 que da impunidad a la Policía y este jueves 27 de enero, a las 4:00 p.m., al Parque porras de donde saldrá una marcha hacia la Presidencia de la República.
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