A tambor batiente vienen aprobándose por
bloques el paquete de reformas electorales en segundo debate donde se
nos ha negado el derecho a participar a pesar de que hicimos la
solicitud varias semanas antes. La inusitada velocidad que los diputados
le vienen imprimiendo a la discusión, luego de más de un año de estar
estancada, revela que al parecer la Partidocracia ha logrado ya
consenso.
Y no es para menos. A sabiendas que
podrán seguir obteniendo cuantiosos recursos del llamado financiamiento
privado por cualquiera de las coladeras que se dejen, ahora los cinco
partidos tradicionales esperan repartirse no 100 millones de dólares,
sino 400 millones de fondos del estado, es decir de todos los panameños,
vía el financiamiento público.
Esta pretensión al parecer tiene la
aprobación de los magistrados del Tribunal Electoral lo que confirma que
siempre han estado al servicio de los intereses de esa Partidocracia.
La soberbia y el desprecio de los magistrados al pueblo es tal, que ni
siquiera se han dignado en aclarar a la opinión pública las razones por
las cuales el Tribunal Electoral contrató a una empresa de software
propiedad del presidente encargado del Partido Panameñista en 2014,
Ramón Fonseca Mora, ni en que consistieron y consisten los servicios
adquiridos de un bufete envuelto en un escándalo mundial de blanqueo de
dinero y fraude, tal como declara en su indagatoria una de las
representantes de Mossack Fonseca, la Lic. María Mercedes Riaño. Para
nosotros este tema es de suma preocupación toda vez que la diferencia de
inscritos entre nuestros números y los del Tribunal Electoral es de más
de 8 mil adherentes, y a pesar de nuestro reclamo desde el año pasado,
el Tribunal Electoral aún no ha ofrecido oficialmente ninguna respuesta.
Igual aconteció en el proceso anterior en 2013, cuando se nos comunicó
que la base de datos del Tribunal Electoral había sufrido un ataque
cibernético.
Pero además, la actuación de la Asamblea
en este punto de los 400 millones de financiamiento público, nos
muestra la seguridad que tienen los mismos diputados que se llevaron 420
millones del PAN sin rendirle cuentas a nadie, de que en este país todo
seguirá igual y que ellos seguirán gozando de la impunidad que siempre
han tenido los ladrones de cuello blanco en Panamá, pese a las recientes
informaciones del pago de coimas y sobornos y el patrocinio de campañas
electorales a cambio de sobre costos en proyectos por parte de los
confesos directivos de Odebrecht, pero que seguramente no es la única
empresa en dichas operaciones como bien sabe la opinión pública.
El cinismo es tal de los diputados de
marras, que han seguido adelante con estas discusiones mostrándose
indiferentes a las denuncias recientes que revelan contratos falsos,
negociados con “donativos” y nombramiento de botellas, aprovechándose de
las necesidades de los más pobres.
El llamado Pacto de Gobernabilidad
devino en una red delincuencial que le permite a los diputados hacerse
de millones de dólares para con ello contar con personal y recursos con
los que aseguran su reelección. Y como si nos bastara, ahora quieren 400
millones más de la plata del pueblo.
Ante este escenario, que provoca el
repudio de los panameños dignos, el Frente Amplio por la Democracia
(FAD), llama al pueblo a movilizarnos para que estos escándalos no
queden como siempre en el olvido, con la complicidad de los otros
órganos del Estado.
Con esto se confirma que la podredumbre
moral de las instituciones ha llegado a tal nivel que no hay otra salida
que una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes y auto
convocada por el pueblo soberano.
El FAD reitera su propuesta de que las
reformas electorales, que hoy son un retroceso y una burla a las
aspiraciones democráticas del pueblo, deben garantizar igualdad de
condiciones y oportunidades entre los participantes de la contienda
electoral, debe ser una campaña corta, sin financiamiento privado y solo
con financiamiento público no oneroso para el pueblo, donde los grandes
medios de comunicación, que utilizan frecuencias del Estado y se
benefician de la publicidad estatal, distribuyan espacios por igual a
los candidatos, con la misma intensidad como hoy vemos que desarrollan
sus campañas propias.
Seguiremos insistiendo en que la
participación política debe estar revestida de una ética digna de seres
humanos que se empeñan por construir una sociedad mejor y gobernar en
función de los intereses de las grandes mayorías y no de una minoría
privilegiada. Ello significa acabar de una vez por todas con la práctica
que ha caracterizado a los políticos tradicionales de seguir haciendo
de las campañas electorales una guerra de chequeras y no el debate de
ideas y propuestas, y de utilizar los cargos públicos para sacar réditos
económicos como lo demuestran una vez más los miembros de la Asamblea
Nacional de Diputados.
¡RENACE LA ESPERANZA!
FAD
FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA
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