Sigue el largo listado de corruptos y
corruptores, que involucra a todas las esferas del gobierno y las
estructuras empresariales. Aunque a la fecha no han aparecido todos los
que son. La partidocracia y sus satélites buscan mecanismos para ocultar
información y para salvar a los ‘monos gordos’.

El pueblo pide justicia para los pobres.
No es posible que mientras inicia un año escolar con deplorables
condiciones de infraestructura que dejaran al menos 10 mil estudiantes
en ‘salones’ improvisados, cuando hay intentos de negociados de terrenos
que albergan hoy planteles educativos, cuando escasean los recursos
para movilizar a los educadores de áreas de difíciles acceso y falta
material didáctico y equipo tecnológico, millones de dólares se
encuentren en cuentas bancarias de empresas y gobernantes, ladrones de
cuello blanco.
En medio que el pueblo clama por cárcel
para los corruptos, se pretende imponer en medio de las fiestas
carnestolendas, el Proyecto Ley 292 de reforma electoral. Precisamente
en medio de los escándalos de corrupción la Asamblea Nacional busca los
mecanismos de garantizar el clientelismo político y el uso de oneroso
fondos públicos (100 millones de dólares distribuidos desigualmente) y
financiamiento privado (que permite la intromisión de dineros ilegales y
compromisos de los gobernantes con sus ‘donantes’).
Aunado a ello, sospechosamente un
proyecto de ley, de más de año y medio de estar engavetado en la
Asamblea Nacional, es discutido y aprobado en lo que hoy conocemos como
Ley 4 de ‘delación premiada’ (Ley Sapo), que sufrió cambios
sustanciales, que los entendidos consideran es una forma de salida
jurídica a los actos de corrupción. El resultado, un artículo 24 que
abre la posibilidad para que corruptos procesados por graves delitos
contra la Administración Pública puedan ser absueltos por el solo hecho
de delatar a sus cómplices y aceptar la comisión de un delito. Queda a
partir de este momento en manos del Ministerio Publico la posibilidad de
utilizar esta Ley como una patente de corso que garantice la impunidad.
Igualmente en medio de condiciones
amañadas, se preparan para nombrar el director de la CSS, de una lista
donde aparecen los ungidos. Un proceso que se da a espalda de los
asegurados y deja al Ejecutivo la última palabra; donde como siempre
imperará la politiquería en función de intereses empresariales de los
partidos en el gobierno. Es decir, sigue prevaleciendo un proceso que
violenta la autonomía de la Caja, que tiene como objetivo la
privatización de los fondos y la imposición de medidas paramétricas.
En medio de la critica, el gobierno de
Varela pretende aparentar una condición económica de país positiva, con
proyecciones de crecimiento económico y mayor PIB per cápita de la
región. En el 2016 realizaron iguales proyecciones, para meses después
reducirlos y cerrar el año en casi dos puntos porcentuales menos de lo
proyectado. Cómo siempre ha señalado FRENADESO, ¿quién se queda con el
crecimiento económico? Los 115 ultra millonarios, que evaden impuestos y
utilizan las empresas offshore; los que hoy aparecen en los escándalos
de Mossack y Fonseca, Odebrecht, Lista Clinton, PAN, las grandes firmas
de abogados vinculadas a la creación de sociedades anónimas y
fundaciones de interés privados y la apertura de cuentas bancarias hoy
mencionados en los escándalos de corrupción.
Varela, en medio de la crisis
institucional, acude al llamado de Donald Trump, so pretexto de abordar
temas de seguridad frente a la delincuencia y el narcotráfico, mismos
que insisten son percepción de la población. En realidad, busca las
directrices de Washington, el tema del canal entre ellas.
La situación de crisis institucional
demanda que el soberano, el pueblo, haga valer su derecho a través de
una Asamblea Constituyente Originaria, que acabe con la podredumbre, que
establezca las bases de una sociedad ética, con justicia y equidad
social.
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