Tal como he señalado en otras ocasiones,
el saldo del año que está por finalizar deja un galopante aumento en el
déficit de atención de las demandas sociales del pueblo panameño. Las
propias estadísticas oficiales dan cuenta del fracaso de la política
pública del Gobierno de Juan Carlos Varela en materia de cerrar la
brecha entre los que algunos denominan ‘los dos Panamá’, el de la
opulencia y el de la pobreza. La política pública jamás estuvo dirigida a
atender los problemas sociales que viven a diario miles de panameños,
cuenta de ello son las prioridades del quehacer público, cargado de
improvisaciones frente a los graves problemas de salud, educación,
alimentación, vivienda, transporte público y las llamadas emergencias
nacionales (epidemias, desastres ‘naturales’, entre otros).
Este saldo negativo se profundizó aún
más al valorar la ejecución gubernamental caracterizada por la
ineficiencia, ineficacia, corrupción e impunidad. Como dicen los
politólogos, sociólogos y economistas, ‘alguien carga con los desmanes
administrativo de los Gobiernos’. En el caso de la sociedad panameña ha
sido el pueblo trabajador, los marginados y excluidos sociales los que
han pagado.
El 2016 se presentó cargado de
escándalos de corrupción en los cuales parece prevalecer la más absoluta
impunidad. Un conjunto de instituciones públicas ha estado sumergido en
acciones con ribetes de corrupción, según detallan algunos medios de
comunicación social, entre tales instituciones están: IMA, MIVIOT,
MEDUCA, MINSA, CSS, AMP, Aeropuerto de Tocumen S.A., DAS (antiguo PAN),
ANTAI, Ministerio de Seguridad Pública. Sin dejar de lado casos del
sector privado donde están involucrados allegados al Gobierno actual y
las cuestionadas prioridades del quehacer público.
La crisis institucional continúa y se
profundiza, la relación sobre elevada corrupción existe con relación a
todas las ramas del poder público y a los órganos de control, como
prueba del estado en el que vive la nación panameña. Continúan
diferentes sectores sociales señalando la existencia de diversas
prácticas de corrupción, tanto en la aprobación de normas y leyes para
favorecer determinados grupos vinculados a las estructuras de poder,
como en los procesos de contratación, licitaciones, compras abreviadas y
realización de diversos trámites. Aunado a ello, la justicia selectiva y
la información mediática que sirven a corruptos y corruptores.
Al igual que en los Gobiernos
anteriores, la mala utilización de los fondos públicos ha sido una de
las tónicas que ha caracterizado la corrupción gubernamental. Ello puede
comprobarse en el hecho de que las principales figuras gubernamentales
envueltas en escándalos de corrupción, por lo menos de los últimos 26
años, no han sido investigadas, juzgadas y condenadas.
La política pública contra la corrupción
del actual Gobierno deja muchos que decir. No se ve una estrategia
explícita de lucha contra la corrupción, los programas y proyectos son
más formalismo que lucha concreta; no existe una línea de base con
indicadores verificables, lo cual a su vez se tradujo en la ausencia de
metas concretas a alcanzar. Es más, el ‘foro anticorrupción’ gestionado
por ANTAI despertó más incertidumbres por la falta de trasparencia, el
cuestionamiento hacia algunos participantes del país y por la suma de
más de un millón de dólares que costó el mismo.
En definitiva, tenemos ante nosotros una
serie de realidades escandalosas, pero inscritas en la lógica misma del
sistema que atestiguan cómo funcionan las instituciones políticas y los
sectores dominantes.
El pueblo exige justicia; atención a las
demandas de los sectores populares que se enmarcan en la atención a los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; cese de la
corrupción; cárcel para corruptos y corruptores; en definitiva,
adecentar el quehacer público.
La única salida real para acabar con
este estado de situación, obligantemente pasa por crear las condiciones
para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea
Constituyente Originaria soberana con plenos poderes, capaz de fundar
una nueva república.
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario