JUSTICIA para Osvaldo Lorenzo. Marcha contra la Impunidad en Panamá,
este jueves 25 de septiembre, 3:30 p.m. Parque Porras. Lleva tu cártel.
La crisis institucional que vive el país no es posible resolverla con
las actuales estructuras gubernamentales. Por ejemplo, el tema del
nepotismo en la esfera pública, altamente cuestionado por la sociedad
panameña, y recogido como propuesta en el período electoral por Juan
Carlos Varela, ha quedado al descubierto como una de sus falacias. Según
información de los medios de comunicación social, no solo registra más
de 32 allegados o familiares, sino que él y sus más altas autoridades
del gabinete justifican hoy el nepotismo. Al decir de Frenadeso, estamos
bajo un gobierno de ‘familia es familia’. Siendo así, la pregunta es
¿habrá algún tipo de investigación sobre el particular?
En el caso de la corrupción, si se toma solo el caso del Programa de
Ayuda Nacional (PAN), cuyo monto durante la administración de Ricardo
Martinelli superó los 1200 millones de dólares, de los cuales al menos
400 millones fueron entregados en medio de la campaña electoral a
diputados de la partidocracia, algunos de ellos reelectos, ¿habrá algún
tipo de investigación? Según el MEF, todos los diputados que conformaron
la Asamblea Nacional pasada, de gobierno y ‘oposición’ —unos más, otros
menos—, pero todos recibieron su tajada del pastel; todos están
embarrados.
Solo la alianza del actual gobierno, (Partidos Panameñista y
Popular), supuestamente oposición, recibieron más de 55 millones de
dólares; igual sucedió con el PRD, con más de 34 millones de dólares
(mismo que pretende ocupar la Contraloría).
Para que se tenga una idea de la magnitud de este escándalo, podemos
decir que los más de 400 millones repartidos entre los diputados
representan más de 20 veces lo asignado por el financiamiento público a
todos los partidos políticos y candidatos por la libre postulación
juntos.
En cuanto al tema de la transparencia, es un hecho que la conducción
de la economía y las finanzas del país ha quedado en manos de los mismos
personeros que acompañaron, no solo durante la luna de miel
CD-Panameñistas, sino más allá (Ver A. Vallarino y comitiva) al Gobierno
de Martinelli.
La pregunta obligada: ¿No son ellos parte de la corrupción del
Gobierno pasado? ¿Podrá haber transparencia en el uso de los fondos
públicos manteniendo la misma conducción?
Por otro lado, mientras se establecen medidas de contención del gasto
público, por el orden de 590.1 millones de dólares para lo que resta de
la vigencia fiscal del 2014, ya Varela tiene programado su cuarto viaje
al exterior, que no escapa a las acostumbradas comitivas que acompañan a
los gobernantes con sus exorbitantes viáticos.
Siempre hemos cuestionado este proceder, no esperamos que este
Gobierno enderece el rumbo, pues ya han sido gobernantes y los
cuestionamientos de la población fueron los mismos. Para cambios reales,
tiene que haber gobiernos éticos que cumplan con lo que establece la
Ley, debe haber un movimiento social organizado que se convierta en
fiscalizador del quehacer público.
Sin dudas, se requieren reformas dirigidas a establecer procesos y
procedimientos eficientes de administración pública, así como nuevas
estructuras institucionales. Garantizar políticas que aseguren la
correcta transparencia en el manejo de los ingresos, egresos, recursos y
bienes nacionales; licitaciones, compras directas y contrataciones
públicas transparentes. Procesos claros de investigación, juicio y pena
para los corruptos y corruptores. Estas tareas colocan la necesidad de
levantar una Constituyente Originaria que refunde el país.
Una Asamblea Constituyente Originaria es Urgente, en la medida que
estamos viviendo una crisis de la política, que se manifiesta en el
hecho de que los representantes no representan los intereses de los
representados. Una Constituyente Originaria autoconvocada, donde los
diversos sectores de la sociedad panameña construyan la nueva
Constitución que siente los pilares de una sociedad con equidad y
justicia social, con pleno respeto de los derechos humanos.
*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
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