1º de Mayo, Gran Marcha, Parque Porras, 8:00 a.m.
El compañero Genaro López,
Secretario General de CONUSI, nos brinda declaraciones en la conferencia
de prensa celebrada hoy para anunciar los actos del 1º de Mayo.
A continuación el comunicado conjunto:
POR EL DERECHO A LA VIDA, LA ORGANIZACIÓN Y EL DERECHO A DECIDIR
Si la clase obrera enfrenta la
política económica neoliberal, que cada vez con mayor dureza vulnera el
derecho a una vida decoroso, a la organización sindical y a la
participación plena en la toma de decisiones.
DERECHO A LA VIDA
Para nadie es un secreto que a pesar de
la enorme riqueza que las manos obreras crean la proporción del PIB que
va a los salarios es cada vez menor, lo que refleja mayor inequidad en
su distribución. La informalidad laboral campea el mercado de trabajo,
sometiendo a los obreros a una mayor intensificación del ritmo de
trabajo, lo que empresarios y gobernantes suelen llamar productividad,
pero que no es más que explotación rapaz.
Condiciones de un mercado laboral
precario que somete a los trabajadores a bajos niveles salariales, que
no permite cubrir ni siquiera el costo de las condiciones materiales de
vida, que oscila en los B/. 978.61 mensuales, cifra muy por debajo del
salario mínimo y del salario promedio.
Esta realidad exige que los niveles de
salario general en el país sean revisados para establecer los aumentos
necesarios que garanticen el desarrollo del trabajador y su familia. Y
que los precios de la canasta básica sean controlados por las
autoridades. Estas demandas sociales han sido negadas por el gobierno de
Ricardo Martinelli, y otros gobiernos provocando que en los últimos
meses varios trabajadores se declararan en paro (Canal, Puerto, Corredor
Norte, Técnicos de Enfermería), en el caso de los funcionarios públicos
enfrentan con creces la política de despidos, en algunos casos bajo la
forma de “retiros voluntarios”. Y exigimos que el gobierno cumpla con el
salario mínimo.
No conforme con ello, varias han sido
las declaraciones de autoridades gubernamentales y del sector
empresarial llamando a que una vez más se reforme el Código de Trabajo.
Igualmente, mientras que en la Asamblea Nacional se debate el proyecto
de moratoria a favor de los empresarios que ilegalmente han retenido la
cuota obrera patronal, y soplan intentos de aumento de la edad de
jubilación.
Indudablemente que en el gobierno de
Ricardo Martinelli priva una política que cercena los derechos de los
obreros, no solo en lo referente a las condiciones materiales de vida
sino también su derecho a organizarse.
DERECHO A LA ORGANIZACIÓN
A pesar que la OIT reconoce que la
libertad de asociación, la libertad sindical y la negociación colectiva
son derechos humanos fundamentales en el trabajo que forman parte
integral de la democracia, en nuestro país estos preceptos vienen siendo
violentados crecientemente por los gobiernos neoliberales que se han
suscitado.
El derecho a sindicalización (derecho
que tienen los trabajadores del sector privado y público del Estado a
constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que
estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a sus
estatutos), y se encuentran garantizados en las normas internacionales y
nacionales (Convenios 87 y 98 de la OIT y en la Constitución Política
de la República de Panamá), los trabajadores tropiezan con dificultades
para ejercer estos derechos. Los trabajadores del sector público se
encuentran entre quienes sufren con mayor frecuencia restricciones al
derecho de sindicalización y de negociación colectiva, a los cuales solo
se les permite agruparse en asociaciones, pero solo si cuentan con un
mínimo de 50 miembros y solo pueden formar una asociación por
institución; además, el gobierno puede poner fin a las huelgas en el
sector imponiendo un arbitraje obligatorio. La Ley requiere que los
empleados estatales presten un servicio mínimo; y el gobierno puede
requisar por lo menos un 50% de los empleados con este propósito en los
servicios esenciales, excediendo la definición de la OIT. Indudablemente
ello constituye una restricción más a la libertad y la democracia.
Estamos hablando de aproximadamente del
27.4% de los empleados y del 41.1% que se encuentra en el sector
informal, igual con los trabajadores del sector bancario, empleados de
la ZLC, Zonas Económicas Especiales y otros sectores (gremios de
educadores, y gremios de la salud, etc.) también ven vulnerados su
derecho de sindicación y huelga (trabajadores de la ACP); ello, a pesar
de que el artículo 68 de la Constitución señala que “Se reconoce el
derecho de sindicación a los empleadores, asalariados y profesionales de
todas clases para los fines de su actividad económica y social”.
Desde el 2002 a la fecha, los gobiernos
panameños han sido observados reiterativamente por restringir el derecho
de constituir organizaciones sindicales, violando el Convenio 87 de la
OIT del cual es país signatario.
Frente a esta realidad, que evidencia la
posición anti-trabajadora del empleador (Estado, que se constituye en
juez y parte en los conflictos laborales del sector, y patronal), la
clase obrera tiene por delante la tarea de avanzar en la lucha por el
respeto al derecho de sindicalización como mecanismo de defensa de sus
reivindicaciones laborales.
POR UNA REAL DEMOCRACIA
Con extrema ligereza suele otorgársele
al sistema político imperante en el país la calificación de democrático.
Suele hablarse de democracia y la necesidad de perfeccionarla. La
democracia tiene varias dimensiones, aunque la misma ha querido
restringirse a lo político y en ella a lo electoral.
En este plano, la mayoría de los
panameños han venido cuestionando que cuando se habla de democracia en
el plano político, ésta no puede restringirse a la emisión del voto,
sino que debe dar cuenta de una verdadera participación en la toma de
decisiones y en el necesario derecho a organizarnos gremialmente y no
solo partidariamente.
Estamos frente a una farsa de democracia
que persigue a luchadores sociales, arremete contra nuestra juventud
estudiosa; reprime campesinos, indígenas, precaristas, informales y
comunidades pobres; asesina a obreros, viola los derechos humanos y la
libertad sindical, patrocina el sicariato y el sindicalismo amarillo; no
le interesa la cantidad de obreros que todos los años mueren por falta
de seguridad laboral; que los educadores sufran la violencia desatada
contra ellos por la campaña gubernamental de desprestigio y
descalificación; que busca privatizar la salud, el agua, la educación y
mata de hambre y enfermedades curables a cientos de niños y niñas,
especialmente indígenas.
Nunca estaremos de acuerdo con este
sistema tolerante del nepotismo, la corrupción, el tráfico de
influencias, impunidad, que permite a los mandatarios, como el actual,
lograr grandes prebendas y beneficios como mansiones en Panamá y en el
exterior, yates, carros lujosos, viajes suntuosos, jugosas cuentas
bancarias y grandes negociados. Y despilfarro de las arcas del estado.
Frente a ello debemos exigir la acción
del Estado a impulsar políticas que permitan resarcir la deuda social
que se tiene con el pueblo panameño, lo cual pasa por recuperar el
derecho soberano de Panamá a definir la política económica que mejor
convenga a los intereses de la nación y de nuestro pueblo. Suspender de
inmediato las medidas neoliberales que vienen implementando los
gobiernos en las últimas décadas y que tan solo han traído más hambre,
miseria, inequidad, entreguismo y corrupción. Promover medidas de apoyo
sostenido a la actividad productiva incentivando a los pequeños y
medianos productores para garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de los panameños. Ante la venta del país que ejecutan los
mercaderes en el gobierno, es urgente recuperar la soberanía territorial
y defender el ecosistema.
Se trata de restablecer la
responsabilidad social del Estado, utilizando los recursos nacionales,
incluyendo los que genera el Canal, para pagar la inmensa deuda social
que se tiene con el pueblo panameño. Los recursos deben estar a
disposición inmediata del pueblo y no de intereses foráneos y de los
sectores de poder económico.
Indudablemente, ello exige adecentar el
país y enfrentar la mafiocracia. Llamamos a aunar esfuerzos en la lucha
por una verdadera democracia, justicia social e irrestricto respeto a
todos los derechos humanos.
Como prueba de esto tenemos; el
escándalo internacional sucitado en Italia, que involucra al Presidente
de la Republica, y altos funcionarios del gobierno
VIVA LA CLASE OBRERA
SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS
Panamá, 1 de mayo de 2012.
CONSEJO NACIONAL DE TRABAJADORES ORGANIZADOS (CONATO)
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL INDEPENSIENTE (CONUSI)
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