31/10/11

Panamá: El país como mercancía

C uánto lucha el pueblo esperando que se haga justicia y cuánto mienten los gobernantes.

Mientras campesinos e indígenas luchan por el respeto a una relación armónica entre naturaleza y actividad económica, los intereses creados de los gobernantes favorecen los proyectos depredadores del medio. Los intentos por imponer reformas al Código de Recursos Minerales parecen una de las prioridades del gobierno de Ricardo Martinelli, a quien no le ha bastado la decena de muertos y cientos de lesionados de por vida por la Masacre de Bocas del Toro, sino que hoy nuevamente pretende retrotraer articulados de la nefasta Ley 30.

A una población indígena históricamente desatendida, cuyas cifras de pobreza alcanzan al 95%, ahora pretenden convencerla de que si acepta la minería se le resolverán sus necesidades. Esta sola afirmación es un irrespeto para estas comunidades, pues tiene de fondo que el Estado no está dispuesto a destinar recursos para atender sus demandas sociales, por lo que están obligados a aceptar la minería a cielo abierto, a ser desplazados a tierras más lejanas y menos fértiles.

Igual situación enfrentan los trabajadores asegurados y sus beneficiarios junto a pensionados y jubilados, que padecen a diario la falta de medicamentos, la demora quirúrgica ante la falta de material e instrumental, e incluso la muerte por bacterias nosocomiales), producto de la política de deterioro de los servicios de seguridad social que vienen gestando las administraciones del a Caja para justificar la privatización.

Hoy, les dicen a los asegurados que la solución del problema está en la Asociación Público—Privado (APP), que no es más que otra forma de privatización, la cual traerá, al igual que en otros países donde se ha aplicado, la exclusión de los sectores populares de la seguridad social. Este proyecto de la APP no se limita a la seguridad social sino al conjunto de la salud, con lo cual a uno de cada tres panameños le será negado el derecho a la salud pública y gratuita.

Frente a las acciones de los sectores de salud y obreros, huelga y piqueteos, el gobierno dice que retirará el tema de la salud y creará una comisión para evaluar el tema. El pueblo se pregunta ¿cómo creerle a un gobierno que se autoproclama mentiroso? Además, este proyecto se replica para las áreas de educación, servicio de agua potable, correos y todo el sector público no financiero; incluye, además, las municipalidades y las comarcas. ¿Será por ello que el problema del acceso al servicio de agua potable en varias comunidades sigue sin resolverse? ¿Crisis provocadas para justificar privatizaciones?

Cuando Martinelli dijo que este era un país para hacer negocio, la referencia era literal, ‘el país como mercancía’; se privatizan islas, playas, costas, corredores, servicios públicos, construcción de infraestructura estatal. Además, ANATI legaliza tierras a corporaciones privadas de familiares y allegados al gobierno, se promueven las compras directas con los consabidos sobrecostos, se condona a la patronal retención ilegal de cuotas a la seguridad social, se atracan los fondos de los llamados proyectos sociales.

Aunado a ello se impone un TPC con EE.UU. que favorece las transnacionales de ese país y a un grupo local de los que siempre han sido favorecidos con las políticas públicas. Lo que no se vende, ya lo ha hipotecado el gobierno (proyectos llave en mano, que no es más que deuda futura a mayor costo). En dos años de gobierno, Martinelli aumenta la deuda pública en casi $1,500 millones, pese a que la respuesta del gobierno frente a las demandas sociales es ‘no hay’. El modelo de país como mercancía favorece a los mercaderes en el gobierno, a los ladrones de cuello blanco; o sea, a la mafiocracia.

Los sectores honestos y democráticos, tenemos la responsabilidad de enfrentar la podredumbre que impera en la esfera pública. Es urgente adecentar el país.


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