Capo La Barbie reflota caso de primo de presidente de Panamá preso por lavadohttp://www.elpais.cr/articulos.php?id=31895
Panamá/México (elpais.cr) - La reciente entrega intencional en México del capo Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, ha reflotado el caso de Ramón Martinelli Corro, preso en una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, junto con una banda de lavadores de dinero de la organización criminal del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, informó el diario panameño La Prensa.
Martinelli Corro fue tesorero nacional del partido Cambio Democrático con el cual Ricardo Martinelli Berrocal ganó las elecciones en mayo del 2009.
De acuerdo al periódico, Valdez Villarreal ha revelado los vínculos de los Beltrán Leyva en Panamá, particularmente en operaciones de lavado de dinero ilícito a través de empresas creadas jurídicamente pero inexistentes físicamente.
En investigaciones sobre esas empresas de papel “fueron detenidos en el Distrito Federal los panameños Ramón Martinelli Corro, Jorge Luis Álvarez Cummings, César Enrique Fábrega y Ninoska Yariela Escalante Paredes.
Todos fueron vinculados al grupo de los Beltrán Leyva, tras decomisárseles fuertes sumas de dinero que se presume serían lavadas en Panamá”, publicó La Prensa el 6 de septiembre.
La información se atribuye a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que vinculó a Martinelli Corro con tres operaciones de lavado de dinero del cartel mexicano en las que fueron decomisados 6.5 millones de dólares.
Las declaraciones de Valdés Villarreal, que podría acogerse a los beneficios de testigo protegido y colaborar con la justicia de México y Estados Unidos, según medios de prensa, ha causado nerviosismo en las altas esferas del gobierno panameño.
Los informes aseguran que el Fiscal Contra el Crimen Organizado, José Ayú Prado, fue enviado a México para conocer de cerca las implicaciones del caso y tratar de controlar los daños que pudieran causar a Martinelli Berrocal las denuncias de Valdés Villarreal.
El diario Panamá América en su principal editorial titulado “Los circuitos de la droga”, dijo el 9 de septiembre que “la economía secreta basada en los circuitos paralelos que crea la droga no ha dejado de crecer en el país”.
Sostuvo que los beneficios que se obtienen de esos negocios ilícitos “crecen paralelos a la corrupción en todos los sectores, tanto públicos como privados, donde además de crecer el negocio de la droga, aumenta considerablemente la corrupción, la criminalidad asociada y las actividades que la encubren”.
Las redes clandestinas que utiliza el crimen organizado para lavar el dinero revelan una complicada ingeniería que emplea el comercio, la banca y las empresas de papel, aseguró el diario.
Preocupación de Estados Unidos
El rotativo Crítica comentó el mismo día que “los gringos no andan muy contentos con el manejo de las operaciones antidrogas en Panamá”.
El tema del narcotráfico y el lavado de dinero en Panamá preocupa a Estados Unidos, según se desprende de declaraciones de altos funcionarios y legisladores de la administración del presidente Barack Obama.
La embajadora designada por Estados Unidos, Phyllis Powers, durante las sesiones de audiencias en Washington, dijo que en Panamá se ha incrementado la “corruptora influencia del narcotráfico”.
En un artículo titulado “Influencia de los narcos en Panamá preocupa a EE UU”, el diario Panamá América reprodujo la semana pasada declaraciones de Powers, quien es esperada en este país el 15 de septiembre. “Espero con impaciencia conducir esfuerzos para proteger nuestro país ayudando a Panamá a combatir a los narcotraficantes”, dijo la diplomática.
Esos mismos señalamientos hizo durante una reciente visita a Panamá el influyente senador demócrata Christopher Dodd, quien pidió a Martinelli Berrocal hacer más para castigar “el lavado de dinero” que se esconde tras el secreto bancario.
Advirtió que mientras no se den pasos en esa dirección el Congreso estadounidense no ratificará el acuerdo comercial bilateral.
La ex embajadora Bárbara Stephenson, quien fue retirada de Panamá antes de terminar su periodo, había denunciado en marzo el aumento de la cantidad de drogas que transitan por el territorio istmeño y el lavado de dinero lo cual corrompe las instituciones democráticas y judiciales.
Posteriormente, el Departamento de Estado, en un informe conocido en junio, calificó a Panamá como “la boca del embudo” del movimiento del narcotráfico entre Sudamérica y Estados Unidos.
La semana pasada la Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala reveló la existencia de una red internacional mediante la cual se lavaron unos 37 millones de dólares y que tenía a Panamá y su sistema bancario como centro de operaciones.
La conclusión de las investigaciones es que en Panamá “el actor político se ve tentado a hacerse de la vista gorda”.
Corrupción en las instituciones
Recientes casos de corrupción por el crimen organizado involucran a un alto jefe policial y al Fiscal de Drogas. La Policía Nacional de Panamá informó de la separación del cargo para seguírsele una investigación al subcomisionado Mauricio Nelson, Jefe de la Zona de Colón en el Atlántico, por encontrarse trazas de cocaína en dos automóviles que se le habían asignado.
La acción de basa en “evidencias debidamente recabadas, verificadas y confirmadas con toda la seriedad del caso”, dijo un comunicado oficial. Los automóviles fueron empleados para transportar cocaína, aunque se desconoce la cantidad. Nelson solo tenía cuatro meses en el cargo.
Por otro lado, el Fiscal de Drogas de Panamá, Javier Carballo, acaba de ser separado del cargo, mientras se investigan el hallazgo de 16 kilos de cocaína en el techo de un automóvil que estaba bajo su custodia, luego de que en el mismo fueran encontrados en julio pasado otros 60 kilos de droga, informó el diario Panamá América.
Carballo “se enfrenta a un futuro incierto”, dijo La Prensa, porque el automóvil había sido “prolijamente inspeccionado por la fiscalía de Carballo”.
El Procurador Suplente de la Nación, Guiseppe Bonissi, ha tratado de restar importancia a la “anomalía”, pero los medios de prensa lo han criticado duramente como “permisivo y falto de seriedad a la hora de abordar temas tan delicados como el narcotráfico y el lavado de dinero”.
Bonissi, del partido oficialista, fue nombrado en el cargo por Martinelli Berrocal luego de la destitución inconstitucional en diciembre pasado de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien estaba a mitad de su mandato que debía concluir en el 2015.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por el mandatario panameño, condenó a Gómez a seis meses de prisión por ordenar intervenir el teléfono de un testigo al momento de pagar una coima de 2,000 dólares a un fiscal. Gómez dijo que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque Martinelli Berrocal ha politizado la justicia y la ha convertido en un instrumento para perseguir a dirigentes de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas, empresarios, indígenas y políticos.
Corte dócil a Martinelli
Además de Bonissi, Martinelli Berrocal nombró en diciembre pasado en la CSJ a dos magistrados que le dan una mayoría automática de cinco contra cuatro a la hora de un voto en el plenario de la máxima instancia de justicia. Alejandro Moncada Luna, cuya esposa trabaja con la Primera Dama de la Nación, Marta Linares de Martinelli, fue hasta enero del 2009 miembro del opositor Partido Revolucionario Democrático y renunció a la agrupación en una airada carta contra su dirigencia porque no fue nombrado en un alto cargo público.
El otro magistrado, José Abel Almengor Echeverría, fue destituido como Fiscal de Drogas luego de facilitar la salida del país de Ernesto Chong Coronado, detenido como parte de una red de lavado de dinero del narcotráfico encabezada por el colombiano David Murcia Guzmán, capturado en Panamá a finales del 2008. Murcia Guzmán fue extraditado a Colombia donde fue condenado a 30 años de prisión y enviado posteriormente a Nueva York donde espera un juicio por lavar 150 millones de dólares ilícitos.
Después de su destitución, Almengor Echeverría fue nombrado por Martinelli Berrocal, Secretario de Seguridad de la Presidencia de la República y luego elevado al puesto de magistrado de la CSJ.
Fuentes panameñas con acceso a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y fiscales desafectos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Panamá, dijeron que Martinelli Berrocal estuvo al tanto del involucramiento de su primo con el narcotráfico.
Las fuentes judiciales dijeron que la PGN y agentes de la DEA conducían desde Panamá una investigación contra Martinelli Corro como la cabeza visible de una operación de tráfico de drogas y blanqueo de capitales para el cartel mexicano de los hermanos Beltrán Leyva.
De acuerdo a un informe de PGR de México, la detención de Martinelli Corro se dio el 20 de noviembre del 2009 en un hotel de la capital azteca. En la misma redada fueron detenidos los panameños César Enrique Fábrega Sarmiento, también primo del mandatario panameño, Jorge Luis Álvarez Cummings y Ninoska Yariela Escalante Paredes. Todos eran miembros del oficialista Partido Cambio Democrático. Se informó que en conjunto a la banda le fueron incautados 409,740 dólares en efectivo.
Fábrega Sarmiento, de acuerdo al diario Panamá América que citó a familiares, murió en prisión en mayo pasado a causa de un cáncer y fue incinerado en México. Se desconoce si sus cenizas fueron expatriadas a Panamá, como reclamaban sus familiares.
Después de la detención preventiva un juez federal mexicano ordenó auto de formal prisión y todos fueron remitidos a una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, estado de Jalisco, con excepción de Ninoska Yariela que se encuentra en un reclusorio Federal del estado de Coahuila.
Fuentes judiciales dijeron que la PGR de México adelantaba una operación secreta contra una red de traficantes de dinero que era transportado a Panamá, donde lo lavaban para introducirlo al sistema financiero local e internacional.
Organizaciones no gubernamentales han denunciado la campaña del gobierno panameño para silenciar de la prensa escrita, canales de televisión y estaciones radiales las noticias sobre el caso de Martinelli Corro y su banda de lavadores de dinero.
Han alertado también sobre la creciente censura y autocensura y la persecución contra periodistas imperante en Panamá.
Soplo desde Panamá
Las autoridades mexicanas no tenían conocimiento de que en la jurisdicción panameña había una investigación paralela que involucraba a los primos de Martinelli Berrocal.
La contraparte en ambos equipos nacionales era la oficina local de la DEA. Las dos operaciones se mantenían compartimentadas porque era prioritario evitar una fuga de información que pusiera en peligro la vida de agentes estadounidenses infiltrados y que impidiera apresar a delincuentes de alto perfil como resultaron ser Martinelli Corro y sus cómplices.
Se trataba de evitar, sobre todo, que una filtración frustrara la identificación de centros panameños de lavado de dinero como bancos, casas de cambio, inmobiliarias, supermercados o empresas de servicios en donde esta red reciclaba el dinero sucio.
Las fuentes judiciales dijeron que Almengor Echeverría fue quien, por haberle dado seguimiento al caso y conocer a los funcionarios mexicanos de la PGR, dio la alerta de que Martinelli Corro y sus cómplices se encontraban en la ciudad de México.
El propósito de la filtración no era solamente ahorrarle a Martinelli Berrocal un escándalo al ver a sus primos encarcelados en una prisión de Panamá. En realidad se trataba de impedir que estos parientes delincuentes llegaran con sus maletas cargadas de dinero sucio y lo blanquearan como lo habían estado haciendo por casi una década.
Apuntan al Super 99
Fuentes judiciales aseguraron que el objetivo era interrumpir las investigaciones que la PGN adelantaba sobre el flujo de dineros ilícitos en la campaña del ahora presidente Martinelli Berrocal, y el posible blanqueo de capitales a través de su cadena de 33 supermercados, conocidos como Super 99, y una fundación que lleva el nombre del mandatario panameño.
El diario La Estrella informó en noviembre pasado que Martinellli Corro era investigado desde mediados del 2009 por la Fiscalía de Drogas y la Fiscalía Anticorrupción por casos de contrabando.
Citando a Gloria Moreno de López, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, el periódico reveló que esa institución realizó en julio anterior un allanamiento a las bodegas de la empresa American Import Internacional en las que se confiscó mercancías por cinco millones de dólares producto del contrabando.
Según denunció la propia directora general de Aduanas, en esa ocasión Martinelli Corro utilizó sus influencias políticas para tratar de que las autoridades aduaneras devolvieran la mercancía a los comerciantes.
Fuentes judiciales panameñas consultadas por elpais.cr dijeron que la mercancía había sido comprada con dinero del narcotráfico, como una forma de blanqueo de capitales ilícitos, y que Martinelli Corro trató de recuperarla para venderla posteriormente y conseguir los 5 millones de dólares involucrados en el negocio.
Fue imposible verificar el registro de la empresa American Import Internacional, al igual que unas 250 sociedades anónimas vinculadas con Martinelli Corro, porque fueron sacadas de la base de datos del Registro Público de Panamá.
Una fuente de esa institución dijo que cuando se produjo la detención del primo del mandatario panameño en México, el director general de esa oficina estatal, Luis Barría Moscoso, propició la caída del sistema de cómputo por cinco días para retirar las sociedades donde aparecía Martinelli Corro como dignatario o en las que figuraban Martinelli Berrocal y su primo como suscriptores.
“La tragedia de Panamá es que ha caído en manos de un gobernante con un oscuro pasado. No solo es dudoso el origen de su fortuna. Existen sospechas de que ha estado relacionado con grupos mafiosos por mucho tiempo”, dijo una fuente política opositora del vecino país del sur.
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