Tal como lo señalamos en artículos pasados, el gobernar a través de “shows mediáticos” tiene su límite, en la medida en que la población empieza a percibir la verdadera esencia del llamado “cambio” de Martinelli. Por ejemplo, en las últimas semanas la población ha comenzado a salir a las calles en busca de solución real a sus problemas socioeconómicos, la respuesta del gobierno ha sido la represión, tal como ocurrió con los pobladores en Colón y Panamá Este, realidad que ha sido transmitida con un bajo perfil por los medios de comunicación social, según algunos por los mensajes subliminales desde Presidencia en torno al tratamiento de las noticias referentes a la esfera gubernamental.
Por otro lado, a menos de 100 días de gobierno, los escándalos de corrupción en la nueva administración empiezan a salir a flor de piel: Alcaldía (viáticos a la esposa del alcalde, cheque de vicealcaldesa), Autoridad de Tránsito (297 permisos de operación emitidos de manera “ irregular ”, que llevó a la renuncia de la directora de la ATTT, Sandra Escorcia), entre los más sonados. A ello hay que sumar la política preferencial desarrollada en el legislativo para la aprobación de la Ley de Reformas Tributarias, donde se termina favoreciendo, después de reunión a puertas cerradas en Presidencia y Asamblea, a los sectores tabacaleros, licores, ZLC, banca, entre otras.
Los viajes en grandes caravanas se suman a la gestión gubernamental, que despertó el descontento de la población, y que su critica trató de ser mermada con la manipulación “ informativa ” que hace el gobierno en torno al posible arribó del Papa Benedicto XVI en el año 2013. Como si ello fuera poco, la defensa acérrima que se hace a la compra por casi 18 millones de dólares del avión presidencial, a pesar de que Martinelli dice no necesitarlo; aunado al pacto que buscan gobierno y perredista para establecer un acuerdo de la llamada clase política sobre los exorbitantes privilegios de los que gozan los diputados del país, al igual que otros altos funcionarios.
Como se ve, salen a relucir las garras de los mandatarios y su gestión de gobierno, la cual no dista de las de sus antecesores, los cuales gozan de la mayor impunidad, a pesar de que ello cuesta millones de dólares al pueblo trabajador. Es decir, en la medida en que los apetitos personales y de grupos económicos de los nuevos inquilinos de la Cosa Pública comiencen a aflorar, el discurso anticorrupción del nuevo gobierno irá desapareciendo del escenario público, con lo cual corruptos y corruptores, del presente y pasado, gozarán de impunidad y podrán descansar en paz.
Mientras tanto, comunidades de Panamá Oeste están seriamente amenazados por el dengue, que ya ha costado la vida a varios panameños; niños de áreas marginales mueren por desnutrición, la comunidad indígena Ngäbe Buglé está amenazada con el virus A(H1N1) y malaria; tal como venía denunciando el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida los casos de muertes y afectados por el envenenamiento masivo por el tóxico dietilene glycol siguen aumentando (se reportan 1155 nuevos casos, estimándose que la cifra real es del orden de los seis mil afectados). Todos estos problemas sin la mayor atención hasta el momento por parte de las autoridades gubernamentales.
En este sentido, conscientes de que solo el pueblo salva al pueblo, grupos originarios del país emprendieron desde el 17 de septiembre una caminata de casi 400 kilómetros, que partió de San Félix y deberá llegar a ciudad Panamá el 6 de octubre, para exigir se respete el derecho a su cultura y tierras ancestrales, se atiendan sus demandas socioeconómicas y cesen los proyectos mineros e hidroeléctricos que atentan contra el medio ambiente.
Esta realidad nacional obliga al movimiento social panameño a organizar y unificar sus fuerzas; a retomar los métodos de lucha de los sectores populares para enfrentar las políticas antipopulares, tal como se viene haciendo; en este sentido debemos solidarizarnos con las acciones de lucha que hoy emprende el movimiento campesino e indígena a través de la caminata “ Por el Derecho a la existencia de los pueblos originarios y campesinos en sus comunidades y territorios ancestrales con justicia social”.
Hoy, más que nunca, estamos conscientes de que la ética y la moral, la honradez, la honestidad, la decencia es del pueblo trabajador, nunca han sido, ni serán de quienes explotan, roban y avasallan al pueblo trabajador.
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