Hoy 15 de mayo 2009 se conmemoran ciento seis años del fusilamiento del General de la cholada VICTORIANO LORENZO, hecho ocurrido el 15 de mayo de 1903, quien fuera asesinado por la naciente oligarquía panameña en complicidad con el imperialismo norteamericano y quien muriera con el pensamiento y la esperanza de mejores días para los indígenas y campesinos de su tiempo. Su muerte dio paso a una feroz persecución en contra de sus seguidores, campesinos e indígenas, obligándolos a refugiarse en los cerros y montañas donde aun hoy vivimos sus descendientes, despojándolos de sus tierras en las costas y llanuras del sur.
A 106 años de consumado este horrendo crimen, vemos que las causas que motivaron su lucha se han multiplicado a saber injusticia social, hambre, pobreza y extrema pobreza en la que estamos condenados a vivir por este sistema social antidemocrático y excluyente, y como si esto fuera poco la nueva generación de oligarcas y mercaderes de la patria, se han dado cuenta de la gran riqueza existente en nuestra tierras tales como los recursos hídricos y minerales, pretendiendo ahora despojarnos de la única riqueza que han podido legarnos nuestros padres, la propia naturaleza, el cual se constituye en un medio de subsistencia para nosotros y nuestras familias.
El gobierno del PRD y sus aliados del PP, han hecho en estos últimos 5 años un gran negociado con nuestros recursos naturales, dándoles concesiones mineras e hidroeléctricas a las compañías nacionales y transnacionales utilizando como vehículo al Ministerio de Comercio e Industria (MICI) y la desprestigiada Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a cargo de Ligia Castro de Doens, quienes se han dado a la tarea de vender nuestras playas, costas , islas , islotes, manglares, montañas vírgenes, etc. Concesiones para proyectos hidroeléctricos y de minería que están desbastando miles de hectáreas de bosques ricos en biodiversidad y tierras aptas para la agricultura, contaminando las aguas de los ríos como ocurre en la actualidad con las aguas del Río Molejón en Coclesito producto de la contaminación que genera la explotación minera en Cerro Petaquilla, dando como resultado la mortandad de peces, animales y especies nativas de la región que fueron denunciadas ante los medios de comunicación. Frente a estas inocultables evidencias que no han podido negar, se adelanta una investigación que camina lentamente y que en sus primeros resultados confirma la veracidad de nuestras denuncias de contaminación, sin embargo de allí en adelante, el gobierno y los funcionarios corruptos siguen sordos y mudos y no han emitido un pronunciamiento en firme ni una medida eficaz que obligue a la empresa Petaquilla Gold, S.A., a cesar de forma definitiva sus operaciones en nuestra región.
El próximo 1 de julio entra en funciones un nuevo gobierno a cuya cabeza está el señor Ricardo Martinelli, quien tiene como obligación entre otras cosas, el de garantizar una vida limpia, sana y sin contaminación para todos los panameños. En ese sentido, y ante la realidad contaminante de los proyectos mineros, hidroeléctricas y otros proyectos que atentan contra la vida del país, de nuestra región en particular y de la de todos los que en ella vivimos, exigimos al nuevo mandatario, se pronuncie a favor de nuestras justas reclamaciones de querer una vida sana, sin contaminación y con justicia social, se abra un proceso judicial serio en contra de las empresa Petaquilla Gold o Minera petaquilla, por los daños irreversibles ocasionados al ambiente, se investigue y sancione penalmente a los funcionarios que posibilitaron que se cometieran estos delitos ecológicos en nuestras tierras y se promuevan en ellas proyectos de desarrollo que beneficien a la población y que no atenten contra la armonía y respeto en que el hombre del campo y la naturaleza conviven.
Finalmente aprovechamos la ocasión para señalar que el nuevo gobierno tiene la oportunidad, en caso de contar con voluntad política para ello de poner fin al negociado existente sobre nuestras islas, costas, montañas en beneficio de empresarios nacionales y extranjeros, con el cual se cede parte del patrimonio de todos los panameños y de nuestra soberanía territorial. Reiteramos nuestra firme decisión de continuar organizándonos y seguir luchando en contra de estos proyectos de muerte, por justicia social, por construir Poder Popular condición indispensable para autoconvocar a una Asamblea Constituyente originaria con plenos poderes, única garantía de edificar una nueva República con justicia social y plena soberanía para todos los panameños.
A 106 años de consumado este horrendo crimen, vemos que las causas que motivaron su lucha se han multiplicado a saber injusticia social, hambre, pobreza y extrema pobreza en la que estamos condenados a vivir por este sistema social antidemocrático y excluyente, y como si esto fuera poco la nueva generación de oligarcas y mercaderes de la patria, se han dado cuenta de la gran riqueza existente en nuestra tierras tales como los recursos hídricos y minerales, pretendiendo ahora despojarnos de la única riqueza que han podido legarnos nuestros padres, la propia naturaleza, el cual se constituye en un medio de subsistencia para nosotros y nuestras familias.
El gobierno del PRD y sus aliados del PP, han hecho en estos últimos 5 años un gran negociado con nuestros recursos naturales, dándoles concesiones mineras e hidroeléctricas a las compañías nacionales y transnacionales utilizando como vehículo al Ministerio de Comercio e Industria (MICI) y la desprestigiada Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a cargo de Ligia Castro de Doens, quienes se han dado a la tarea de vender nuestras playas, costas , islas , islotes, manglares, montañas vírgenes, etc. Concesiones para proyectos hidroeléctricos y de minería que están desbastando miles de hectáreas de bosques ricos en biodiversidad y tierras aptas para la agricultura, contaminando las aguas de los ríos como ocurre en la actualidad con las aguas del Río Molejón en Coclesito producto de la contaminación que genera la explotación minera en Cerro Petaquilla, dando como resultado la mortandad de peces, animales y especies nativas de la región que fueron denunciadas ante los medios de comunicación. Frente a estas inocultables evidencias que no han podido negar, se adelanta una investigación que camina lentamente y que en sus primeros resultados confirma la veracidad de nuestras denuncias de contaminación, sin embargo de allí en adelante, el gobierno y los funcionarios corruptos siguen sordos y mudos y no han emitido un pronunciamiento en firme ni una medida eficaz que obligue a la empresa Petaquilla Gold, S.A., a cesar de forma definitiva sus operaciones en nuestra región.
El próximo 1 de julio entra en funciones un nuevo gobierno a cuya cabeza está el señor Ricardo Martinelli, quien tiene como obligación entre otras cosas, el de garantizar una vida limpia, sana y sin contaminación para todos los panameños. En ese sentido, y ante la realidad contaminante de los proyectos mineros, hidroeléctricas y otros proyectos que atentan contra la vida del país, de nuestra región en particular y de la de todos los que en ella vivimos, exigimos al nuevo mandatario, se pronuncie a favor de nuestras justas reclamaciones de querer una vida sana, sin contaminación y con justicia social, se abra un proceso judicial serio en contra de las empresa Petaquilla Gold o Minera petaquilla, por los daños irreversibles ocasionados al ambiente, se investigue y sancione penalmente a los funcionarios que posibilitaron que se cometieran estos delitos ecológicos en nuestras tierras y se promuevan en ellas proyectos de desarrollo que beneficien a la población y que no atenten contra la armonía y respeto en que el hombre del campo y la naturaleza conviven.
Finalmente aprovechamos la ocasión para señalar que el nuevo gobierno tiene la oportunidad, en caso de contar con voluntad política para ello de poner fin al negociado existente sobre nuestras islas, costas, montañas en beneficio de empresarios nacionales y extranjeros, con el cual se cede parte del patrimonio de todos los panameños y de nuestra soberanía territorial. Reiteramos nuestra firme decisión de continuar organizándonos y seguir luchando en contra de estos proyectos de muerte, por justicia social, por construir Poder Popular condición indispensable para autoconvocar a una Asamblea Constituyente originaria con plenos poderes, única garantía de edificar una nueva República con justicia social y plena soberanía para todos los panameños.
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