Con el PAN se favorecieron los 71 diputados de la Asamblea pasada, permitiendo a la mayoría de ellos reelegirse.
Advertíamos en la campaña electoral que no había diferencias
fundamentales entre la partidocracia, que sus tres candidaturas
presidenciales representaban los intereses de los 105 ultramillonarios, y
que el proceso electoral se enmarcaba en el más profundo clientelismo
que se ha vivido en el país.
La única propuesta diferente era la del Frente Amplio por la
Democracia (FAD), pero los intereses creados, el ‘establishment’ y los
grandes medios de comunicación, calculadamente, la ocultaron a la
opinión pública, no hubo debate real, y con los recursos de la
manipulación mediática, el engaño y la siembra de falsas ilusiones,
volvieron a convertir las elecciones en un carnaval, descubriéndose
después el monumental fraude que se dio a lo largo y ancho del país con
cientos de millones de balboas de fondos del Estado, particularmente del
Programa de Ayuda Nacional (PAN), que significó el intercambio de
dinero, bolsas de comida, línea blanca, muebles, equipos electrónicos,
materiales de construcción, becas, licor, carros y casas a cambio de
votos.
Con el PAN se favorecieron los 71 diputados de la Asamblea pasada,
permitiendo a la mayoría de ellos reelegirse, cometiendo los mismos
delitos de los candidatos impugnados.
Los más de 400 millones repartidos entre los diputados representan
más de 20 veces lo asignado por el financiamiento público a todos los
partidos políticos y candidatos por la libre postulación juntos. Ello
constituye una de las evidencias del fraude masivo en que incurrieron
todos los partidos políticos tradicionales en las elecciones del 4 de
mayo mediante el clientelismo salvaje.
Como resultado de las irregularidades cometidas en las elecciones se
produjo una ola de impugnaciones, que generaron más o menos un veinte
por ciento de las curules de la Asamblea en acefalía, además de
alcaldías y juntas comunales.
Hoy, han iniciado los procesos electorales, parciales o totales, en
los circuitos impugnados. Los mismos comienzan a ser cuestionados por
vicios de ilegalidades y de corrupción. En esa vía, diversos sectores
han denunciado que a los corruptores se les permita participar en el
torneo; que algunos electores puedan ejercer el derecho al sufragio dos
veces; el uso de programas de Gobierno (como techo de esperanzas) para
favorecer candidatos vinculados al actual oficialismo, el
establecimiento de alianzas ilegales entre PRD y panameñistas para
asegurar sus candidaturas a diputados, alcaldes y representantes. (El
Código Electoral establece que ello solo es posible a partir de las
alianzas establecidas a la Presidencia de la República); la entrega de
dinero casa por casa; el papel de los medios de comunicación social
‘guiando’ al electorado en su ejercicio; la participación de los
círculos ceros y sectores de la llamada ‘sociedad civil’ y de supuestos
grupos independientes, claramente comprometidos con el ‘establishment’.
Lo sucedido es una confirmación de la grave crisis institucional que
vive el país y da muestra de cómo los medios pretenden erigirse en
partidos políticos, tribunales de justicia y autoridad electoral.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD), partido aún vigente,
compitió en esa campaña con tal desigualdad de condiciones y prácticas
fraudulentas del resto de los partidos que invirtieron cientos de
millones provenientes de los fondos del Estado en clientelismo
electoral. Ese hecho es más que suficiente para considerar que, dada esa
realidad, al FAD no se le debe aplicar el cuatro por ciento como
requisito para su subsistencia, mientras que a muchos diputados,
representantes y alcaldes que incurrieron en delito electoral se les
premia con cargos.
Finalmente, ante este estado de situación, es necesario observar cómo
se recomponen las alianzas burguesas y cómo afrontan sus crisis
internas los distintos partidos, enfrentados a una lucha intestina por
el poder. En lo inmediato hay que desenmascarar el llamado Pacto de
Gobernabilidad entre panameñistas y PRD, que no es más que una
concertación para repartirse el botín del Estado. En esa vía, también
negocian el nombramiento de contralor y procurador. Igualmente hay que
observar los intentos de la partidocracia de saldar sus diferencias a
través de la Constituyente Paralela, con lo cual prevalecerá el
gatopardismo: cambiar algo para que todo siga igual.
*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
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